El juez que falló contra la UCR está ligado a La Cámpora y fue funcionario de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El juez contencioso administrativo federal Martín Cormick, que anuló la designación de la consejera diputada por el radicalismo Roxana Reyes, es un abogado cercano a La Cámpora, que fue designado en el cargo por el presidente Alberto Fernández hace dos años y un mes, y antes fue funcionario del PAMI e Inspector General de Justicia en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner.

Cormick se convirtió en juez gracias a que Mauricio Macri perdió las elecciones y asumió Fernández. Esto es así porque durante la gestión de Cambiemos se realizó un concurso para cubrir seis cargos estratégicos en los juzgados contenciosos administrativos de primera instancia y su nombre no llegó a ser enviado al Poder Ejecutivo. Otra fue su suerte el cambiar el gobierno.

El Contencioso Administrativo Federal es un fuero opaco, que deja saber poco de su funcionamiento, pese a que concentra un enorme poder, ya que estos jueces son los que deben resolver sobre la legalidad o no de las decisiones administrativas, que afectan a empresas, a particulares o a las instituciones, como en este caso. Mantiene su influencia en el fuero el camarista Sergio Fernández, depositario del poder permanente y hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación.

El 4 de septiembre de 2018, durante el gobierno de Macri, se abrió el concurso para cubrir seis cargos de juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal en los juzgados 1, 3, 7, 10, 11 y 12 de la Capital Federal. El concurso terminó y se enviaron entonces seis ternas al Poder Ejecutivo.

El nombre de Cormick no estaba incluido. Pero al asumir la Presidencia, Fernández retiró los nombres de los postulantes cuyos pliegos estaban esperando el acuerdo del Senado. Sobrevivió Santiago Carrillo, que fue designado juez con acuerdo del Senado.

De las cinco postulaciones que quedaban, Fernández reenvió al Senado cuatro: Walter Lara Correa y Macarena Marra, que ya estaban anteriormente, Enrique Alonso Requera y Martín Cormick. Queda aún una vacante que está a consideración del Poder Ejecutivo.

Cormick estaba en la sexta terna y ocupaba el lugar número 12 en el orden de mérito. Pero era conocido por el oficialismo e impulsado por dirigentes de La Cámpora. Excompañero de colegio de Andrés “El Cuervo” Larroque, actual ministro de Axel Kicillof y secretario general de la organización que lidera Máximo Kirchner, Cormick consiguió el aval para ocupar el cargo de juez.

Cormick había sido funcionario del kirchnerismo. Entre octubre de 2014 y diciembre de 2015 estuvo a cargo de la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia de Nación, que venía de una gestión dominada por la restricción a la hora de contestar pedidos de acceso a la información pública.

Cuatro años después, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, estuvo a cargo de la Sindicatura General del PAMI, cuando Luana Volnovich, también de La Cámpora, había desembarcado al frente del PAMI.

Antes, Cormick se había desempeñado como director en la Defensoría de la Ciudad y en los programas de acceso a la Justicia en los barrios donde trabajaban militantes del camporismo. Entre 2008 y 2010 fue director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Defensoría, mientras que entre 2007 y 2008 se había desempeñado como jefe de Compras de la Auditoria General de la Ciudad. En su currículum incluyó un reconocimiento que le hicieron en 2010 las Madres de Plaza de Mayo.

El fallo en el que anuló la designación de Roxana Reyes como consejera diputada en representación de los radicales fue en una demanda que inició el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez. Allí Cormick entendió que como en la elecciones el radicalismo y Pro fueron juntos, no debían tener un consejero por la primera minoría y otro por la segunda minoría.

En la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que ocurría con el Frente de Todos en el Senado antes de que Cristina Kirchner decidiera dividir en dos a su bancada, el radicalismo había constituido un bloque y Pro otro bloque, que funcionan en un interbloque.

El fallo tiene otras particularidades. Por caso, lleva la fecha de septiembre en el texto, como si hubiera estado proyectado para ese mes, aunque en la firma electrónica lleva la fecha de esta semana. También, en su parte resolutiva alude a un considerando “XIV” que no existe en el cuerpo del fallo, que llega al considerando XIII. Deslices que suelen ocurrir por el apuro con que fue sacada la resolución, antes de que la Corte pudiera tomarle juramento a los consejeros diputados, como había resuelto la semana pasada.

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