El juez de Reconquista rechazó los cuestionamientos al decreto de intervención de Vicentin

ROSARIO.-Hasta ahora todos los cuestionamientos a la intervención de Vicentin, que se hizo a través de un DNU el martes de la semana pasada, fueron rechazados por el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini,a cargo del concurso de acreedores de la agroexportadora, que tiene una deuda de 99.000 millones de pesos.

El magistrado santafesino consideró "improcedentes" los cuestionamientos a la constitucionalidad del decreto 522/2020, que salió publicado el martes de la semana pasada en el Boletín Oficial, que prevé la intervención de la empresa agroexportadora, que nació en 1922 en Avellaneda.

Lorenzini, un magistrado de bajo perfil, que prefiere no tener contactos directos con la prensa, busca patear la pelota fuera del campo para evitar decidir sobre la legitimidad del DNU y ganar tiempo en el recorrido de las apelaciones a los fallos en los que esquiva tratar la cuestión de fondo.

La Cámara de Apelaciones es la que definirá si el juez debe o no definir este tema, pero el trámite llevará tiempo. Es probable que en el medio se defina qué pasa con el futuro de la empresa, si es expropiada o no.

Fuentes judiciales señalaron que el acreedor Juan José Passadore no se encuentra "legitimado para la pretensión" de cuestionar el decreto del presidente Alberto Fernández.

Una decisión similar ocurrió con un pedido de inconstitucionalidad que presentó días después de la intervención el exdiputado nacional de la UCR Mario Barletta, que anteayer apeló la decisión de Lorenzini que le cerró el camino a su reclamo por considerarlo "improcedente".

El planteo presentado por Passadore apuntó a pedirle al juez que tratara a todos los acreedores por igual, así como el Banco Nación se había presentado a avalar a la intervención, por el principio de igualdad él también tenía derecho a ser escuchado.

Este acreedor solicitó que pusiera orden en el proceso preservando por sobre todo a la empresa, la propiedad privada, el debido proceso, no dejándose avasallar por el Poder Ejecutivo que pretendía imponer un interventor y el apartamiento de los directivos de la empresa.

Este acreedor le recordó a Lorenzini que aún de oficio el juez podía declarar inconstitucionalidad del DNU 522/2020, dejando sin efecto esa intervención que violaba en forma flagrante las normas que regulan el concurso y la Constitución Nacional.

El planteo de Passadore fue rechazado por el magistrado. "El peticionante no se encontraba legitimado para dicha pretensión, razón por la cual no resultaba posible otorgarle la intervención procesal reclamada", señaló el magistrado en un escrito.

El DNU que dispone la intervención de Vicentin mereció una crítica unánime de abogados especialistas en empresas: dijeron que se trata de una decisión ilegal e inconstitucional. El Gobierno decretó la intervención como paso previo a elevar al Congreso un proyecto de ley para disponer la expropiación de la firma, algo que no se concretó aún.

El miércoles pasado ingresó otro pedido de inconstitucionalidad a la intervención ordenada por el gobierno, pero el juez aún no definió su postura sobre el reclamo que presentaron los letrados Rodolfo y Horacio Benavides en representación de uno de los 2600 acreedores de la causa que se inició luego de que el 10 de febrero pasado la empresa se presentara en convocatoria con un pasivo de 99.000 pesos, de los cuales 18.000 pertenecen a créditos otorgados por el Banco Nación y otras entidades. El juez aún no decidió sobre este planteo, pero se descuenta que correrá el mismo camino que los anteriores.

Por Germán de los Santos

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