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El kichnerismo ahora acusa al procurador Eduardo Casal de enriquecimiento
El diputado Rodolfo Tailhade planteó sus sospechas ante la comisión bicameral del Ministerio Público; luego reconoció que el incremento estaría justificado
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LA NACIONGustavo Ybarra
En lo que se perfila como la apertura de un nuevo frente de la ofensiva kirchnerista por desplazar del cargo al procurador interino, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade tendió un manto de sospecha sobre la situación patrimonial de Eduardo Casal, al que acusó de manera velada de haberse enriquecido de manera ilícita desde que quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, a fines de 2016.
En una sorpresiva intervención cuando concluía la reunión de la comisión bicameral que controla al Ministerio Público, y casi en simultáneo con el dictamen del procurador declarando inconstitucional el DNU del Gobierno que canceló las clases presenciales en la Capital, el diputado kirchnerista anticipó que analizaba realizar una presentación sobre lo que consideró un “aumento significativo en término de propiedades inmuebles” del patrimonio de Casal.
Basándose en las declaraciones juradas de 2016 y 2019, Tailhade también alertó sobre la “liquidez” de las cuentas bancarias, en dólares y pesos, reconocidas por el procurador interino.
Según el legislador oficialista, a fines de 2016 Casal “tenía tres inmuebles y hoy tiene once”. Y agregó, reconociendo que no tiene pruebas que fundamenten la sospecha lanzada: “Esas ocho propiedades que sumó desde que asumió como procurador interino aparentemente están justificadas en cuestiones de herencia, pero me gustaría profundizar un poquito porque sus muy pronunciadas las diferencias”.
Además, Tailhade dijo que en 2016 Casal había declarado depósitos por US$135.000 y $720.000. “Pero ni bien fue designado esta liquidez se cuadriplicó en tres años, porque pasó a tener una caja de ahorros con 1,3 millones de pesos, una caja de ahorro por 8000 dólares y dólares cash por 430.000 dólares”, agregó.
“Me parece difícil de justificar esta situación porque no debe haber mucha diferencia entre sus ingresos como procurador ante la Corte (cargo que ocupaba antes de hacerse cargo del organismo que dejó acéfalo Alejandra Gils Carbó con su renuncia) y como procurador general interino”, sentenció Tailhade. “En tres años compró un promedio de 8300 dólares por mes”, agregó.
La intervención del diputado kirchnerista coronó una nueva reunión en la que el oficialismo cargó con acusaciones de diferente índole contra Casal.
Así, el funcionario fue acusado por la supuesta discriminación a un grupo de fiscales mujeres que se reunieron con el ministro de Justicia, Martín Soria, para reclamar una mayor paridad de género en la Procuración General de la Nación; y por no haber iniciado un expediente disciplinario contra el fiscal Raúl Pleé por haber mantenido una reunión en la quinta de Olivos con Mauricio Macri.
Las imputaciones del oficialismo provocaron la reacción de los legisladores de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades acusaron al kirchnerismo de hostigar a Casal con el objetivo de obligarlo a renunciar al cargo.
“Si esto no es ensañamiento que alguien me explique qué es”, estalló la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) tras la intervención de Tailhade.
Sin medias tintas, la senadora acusó al diputado oficialista de hablar “sin ningún tipo de pruebas”. “Elucubra”, agregó, antes de recomendarle: “Cuando termine de analizar las declaraciones, si encuentra algo, haga la denuncia penal”.
En la misma línea se expresó el diputado Jorge Enríquez (Pro-Capital). “Esto se está convirtiendo en un tribunal de ajusticiamiento. Si hay una prueba concreta, se concurre ante la Justicia”, se quejó.
Enríquez también rechazó las acusaciones contra Casal por supuesta discriminación lanzadas por la diputada Mara Brawer y la senadora María de los Ángeles Sacnun, molestas porque el procurador había “amonestado” a las fiscales que se habían reunido con Soria al pedirle que usaran los canales institucionales para plantear sus pedidos sobre una mayor paridad de género en la Procuración.
“Las fiscalas claramente están sufriendo acoso laboral, discriminación por el género”, denunció Sacnun, quien pidió que la comisión evaluara si Casal no había incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público al “reprender” a las funcionarias.
El diputado macrista rechazó las acusaciones de las legisladoras oficialistas y les recordó que Casal había rechazado de plano la denuncia que contra las fiscales que le habían presentado la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y Florencia Arrieto, y que en la Procuración tiene una estructura, creada en la gestión de Gils Carbó, encargada de analizar y proponer reformas sobre políticas de género. “Parece que la estrategia ahora es armarle causas penales a Casal”, concluyó Enríquez.
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