El kirchnerismo buscará aprobar más de 70 pliegos judiciales en la próxima sesión del Senado

El kirchnerismo planea incluir en la próxima sesión del Senado el tratamiento de más de 70 pliegos judiciales, que buscará aprobar pese a la resistencia de la oposición. Así lo informó a LA NACION una alta fuente del oficialismo en el Congreso.

La lista de más de 70 magistrados incluye a jueces, fiscales y defensores oficiales. La oposición, que cuestiona los antecedentes de varios de los elegidos, sostiene que se trata de un intento del kirchnerismo de colonizar la Justicia. El oficialismo responde que la nómina es tan amplia que incluye a candidatos que fueron elegidos por Mauricio Macri.

Ayer, el kirchnerismo sufrió una dura derrota vinculada con uno de los pliegos que esperaba aprobar: el de la jueza Ana María Figueroa. Ella integraba la Cámara Federal de Casación y el 9 de agosto cumplió 75 años. La Constitución Nacional establece que después de esa edad, los magistrados solo pueden continuar en el cargo si consiguen un nuevo acuerdo del Senado. Ella estaba esperando ese acuerdo -en trámite en la Cámara alta-, y se negaba a dejar su puesto. Ayer, la Corte Suprema declaró que desde que cumplió los 75 ya no es más jueza.

Por el momento, el kirchnerismo no dio señales de que vaya a pretender insistir con la extensión del mandato de esta magistrada. Pero en sus filas acusan a la Corte -a la que le dio intervención la Casación- de haberse excedido en sus atribuciones. Se quejan además de que lo decidido vaya en contra de lo que se hizo en siete casos previos, en los que distintos jueces obtuvieron el acuerdo para extender sus mandatos semanas o meses después de haber cumplido los 75 años. Entre esos casos destacan los últimos: el de la jueza penal Silvia Mora -miembro de un tribunal oral, casada con Ricardo Recondo, que como presidente de la Asociación de Magistrados fue uno de los jueces más críticos del kirchnerismo-, el del camarista en lo penal económico Juan Carlos Bonzón y el del juez de un tribunal de ese mismo fuero Luis Alberto Imas.

Respecto de Imas, la Casación firmó una resolución, en 2020, en la que decidió que él podía continuar como magistrado titular del tribunal en lo penal económico que integraba mientras se tramitaba su pedido de acuerdo en el Senado. En la Casación dicen que hay una diferencia con Figueroa: que ella misma puso en duda que pudiera continuar cuando, al cumplir los 75, dejó la presidencia y dijo que no firmaría más fallos hasta obtener el acuerdo.

Figueroa, que hasta ayer se seguía negando a dejar la Casación, tenía pendiente votar en expedientes de alto voltaje político; entre otros, los casos Hotesur-Los Sauces y memorándum con Irán, en los que Cristina Kirchner fue investigada y sobreseída. La Casación debe resolver si reabre los expedientes.

Fuera de terna

Entre los candidatos a jueces que el Poder Ejecutivo mandó al Senado hay tres postulantes que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que no fueron legalmente elegidos porque no figuran en las ternas vinculantes hechas por el Consejo de la Magistratura (estaban en una lista complementaria). La ACIJ impugnó ante el Senado esas propuestas.

“Esto significa que el Poder Ejecutivo se apartó de la regulación constitucional y legal para la designación de magistrados y magistradas”, dijo la organización, que entendió que estas postulaciones son inconstitucionales. Las listas complementarias se presentan cuando algún candidato está propuesto en una terna en otro concurso. Se puede elegir de la lista complementaria cuando se hayan agotado los postulantes de la terna vinculante.

ACIJ detectó tres casos de cobertura de vacantes “de manera irregular” en tres fueros estratégicos donde se definen conflictos entre empresarios y el Estado. Son postulantes para el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal (que dirime los juicios contra el Estado), en el fuero Civil y Comercial Federal (tiene a su cargo los juicios comerciales vinculados a empresas de servicios públicos) y en la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal (define la relación entre el gobierno y las empresas).