El kirchnerismo planea una ofensiva judicial que agudiza la tensión

“Vamos a la guerra”. Esa es la convicción que le trasmitieron a algunos jueces federales y fiscales de todo el país dirigentes y legisladores del kirchnerismo y que domina entre consejeros de la magistratura oficialistas y de la oposición. Este es el clima que dejó la embestida del presidente Alberto Fernández sobre la Justicia, al sumarse a las críticas de su vicepresidenta Cristina Kirchner al alegato en el que le pidieron que sea condenada a 12 años de prisión.

Los jueces y fiscales aseguran que no buscan ese enfrentamiento, pero hoy domina una sensación de hastío y enojo, mucho enojo, transversal a todos los colores políticos de los jueces y fiscales y del otro lado una convicción de que el avance sobre Cristina Kirchner es una maniobra del macrismo.

El descontento de los jueces con el presidente Alberto Fernández es profundo y extendido. La Corte no tiene previsto hacer una declaración sobre el asunto, pero escucha las decenas de llamadas recibidas esta semana de jueces de todo el país y de todas las listas políticas que los agrupan.

“La Corte no contiene, la Corte conduce”, señalan en los tribunales para explicar porque el máximo tribunal no se puso públicamente al frente de este reclamo de los magistrados. Prefieren destacar los avances en la gestión judicial y la modernización tecnológica. Se prevén anuncios sobre “modificaciones estructurales” y quien alguna sentencia con impacto político, acaso en el macrismo. “La fortaleza de los jueces es la lapicera, dejar que trabajen con libertad e infraestructura”, reflexionan.

De todos modos, la expectativa de los jueces está puesta en lo que diga el presidente de la Corte Horacio Rosatti en la charla de cierre del evento de este martes del Colegio de Abogados de la Ciudad y en lo que suceda en la reunión de septiembre de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de todo el país, los jueces federales de toda la Argentina, de donde puede salir un pronunciamiento contra el presidente Fernández. Se acabaron los buenos modales.

La lista Bordó de la Asociación de Magistrados -la más crítica con el Gobierno- reclamó que el organismo le pida al Consejo de la Magistratura que se pronuncie sobre la crisis entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Pero la iniciativa no tiene chances de prosperar.

El enfrentamiento entre la Justicia y el Gobierno es abierto y uno de los escenarios donde se da es la calle. Es el más temido por jueces y fiscales. El presidente Alberto Fernández alentó a una manifestación popular por el pedido de condena a Cristina Kirchner. Cada día son más las personas, acompañadas por altos dirigentes del peronismo y del kirchnerismo, las que acampan en la puerta del departamento de Recoleta de Cristina Kirchner. Matanza Hollywood le dicen ahora al barrio los vecinos, que cada tanto se tientan con los choripanes, que perfuman la plaza Vicente López.

En redes sociales se siguen repitiendo mensajes de Twitter que llaman a “escrachar” a los jueces y fiscales en sus domicilios. En los grupos de WhatsApp de algunos legisladores del Frente de Todos se suceden mensajes que alientan estos escraches, dijo un testigo que los vio.

“Y los escraches puede que ocurran, va a pasar. No podemos pretender que ataquen a Cristina Kirchner y que nadie haga nada. Nosotros también nos bancamos los escraches de los republicanos embanderados”, reconoció un dirigente del kirchnerismo, de los mas moderados.

Este clima generó que la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Casación, mediante su presidente Alejandro Slokar, pidiera a la Policía Federal reforzar la custodia de los jueces. Hubo dos notas enviadas a la Policía Federal. De hecho, se decidió que en los casos de los jueces del tribunal que juzga a Cristina Kirchner se sumen más efectivos al único que estaba destinado a esas tareas y en horario de trabajo. El procurador interino Eduardo Casal, recibió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y les garantizó la continuidad de sus medidas de seguridad.

Tal es la sensibilidad del asunto que al día siguiente del alegato del fiscal Diego Luciani, el martes por la tarde, tras el mensaje de YouTube de Cristina Kirchner para responderle, sucedió un hecho ´que generó alarma en los tribunales. Un hombre fue apuñalado en Lavalle entre Talcahuano y Uruguay, en la vereda misma del Palacio de Justicia. El herido es un oficial del Servicio Penitenciario Federal, testigo clave en un caso de corrupción penitenciaria. El atacante, que usó un cuchillo de caza, que se compran en armerías, quedó preso. Pero en un primer momento, en el Palacio de Justicia, se relacionó el caso con la tensión política.

El otro escenario donde se generó esta mayor tensión política es el Consejo de la Magistratura, ahora presidido por el presidente de la Corte Horacio Rosatti, donde ya el senador kirchnerista Martín Doñate y su colega Mariano Recalde mostraron las uñas. En la reunión de la Comisión de Disciplina de la semana pasada pidieron actuar con rapidez en las denuncias contra los jueces que fallaron en favor de Mauricio Macri: en particular Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, este último con un concurso en marcha para ser reemplazado.

Gerónimo Ustarroz, el hermano del ministro del Interior Wado de Pedro, represente del Poder Ejecutivo en el Consejo, es el más dialoguista en ese bloque, obsesionado por conseguir los votos para ocupar dos vacantes en la estratégica Cámara Federal porteña y en tres juzgados vacantes de primera instancia de Comodoro Py 2002.

“Se picó, ya venía picándose el clima y se va a picar aún más. En términos personales hay respeto y buen trato, pero en términos políticos se agudizó el enfrentamiento”, afirmó un dirigente del kirchnerismo.

El dilema es si el conflicto termia en la ruptura entre los consejeros del Frente de Todos y los Consejeros opositores o si aún hay margen para la negociación. En los consejeros de Juntos por el Cambio la convicción es que las posturas se van a endurecer y todo se va a trabar.

El martes de esta semana, al día siguiente del alegato y apenas terminó Cristina Kirchner su mensaje por YouTube, el expresidente Mauricio Macri convocó a los consejeros de la magistratura que le son más afines: el abogado Diego Marías, el diputado del PRO Pablo Tonelli y la abogada que integra Bases Republicanas, Jimena de la Torre. La reunión con Macri se prolongó más allá de mediodía. Se hizo un repaso del estado de situación del Consejo, de cómo estaban los casos y los concursos. Es posible que luego de esta semana haya mas rigidez de ambos lados.

Fuera del Consejo hablan de que este endurecimiento se traduciría en que se iba apoyar ningún concurso hasta 2024. Si se cumple el mandato, la parálisis del consejo será inevitable.

Claro que no todos los estamentos del Consejo de la Magistratura y no todos los sectores políticos tienen los mismos intereses. En octubre son las elecciones de consejeros de la magistratura y los actuales, recién llegados aspiran a la relección. Deben mostrar resultados, conseguir que se aprueben ternas, cubrir vacantes.

Los jueces se debaten en esta disyuntiva: endurecer posiciones ante las expresiones de Alberto Fernández y no frenar el funcionamiento del Consejo. Los consejeros del Frente de Todos quien cubrir las vacantes de Comodoro Py 2002.

Por otro lado, el presidente de la Corte Horacio Rosatti es uno de los jueces que firmó hace un año y medio la sentencia que manda a hacer concursos para ocupar las vacantes de los jueces trasladados, incluidos Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Con lo que está obligado desde el Consejo de la Magistratura a cumplir su propia sentencia.

El Gobierno ofrece que se cubra cada vacante de la Cámara Federal con un candidato propuesto por ellos y otro por la oposición siempre que sean “racionales” y “razonables”. La oposición no quiere saber nada. El oficialismo ofrece cubrir dos de los tres jugados de Comodoro Py 2002 vacantes con un candidato elegido por el oficialismo y uno por la oposición, pero Juntos por el Cambio lo rechaza. “Hay que dar vuelta la página”, dicen los oficialistas, los opositores desconfían que se cumpla el acuerdo.

Sin embargo, el diagnóstico es que la creciente guerra que se avecina “hará más difícil lo que ya era difícil” que es llegar a un acuerdo, señalan en el Consejo.

El otro asunto que divide aguas allí es la aprobación del presupuesto: Juntos por el Cambio logró sacar del presupuesto las partidas para comprar un edificio en Comandante Luis Piedra Buena, un remoto sitio patagónico donde el kirchnerismo quiere instalar una cámara federal que concentre las causas que los complican. Pero hay una ley que crea esa cámara federal.

Con lo que se avecina una pelea en el próximo plenario, previsto para septiembre por este tema, siempre impregnado de la “persecución” que denuncia el kirchnerismo sobre la vicepresidenta.

Esta pelea entre el Poder Judicial y el Ejecutivo encuentra a los empleados judiciales de huelga para reclamar un aumento. El Congreso recibió aumentos del 69 por ciento y la justica apenas un 35 %. Por eso reclaman un 15 % de incremento. Jefatura de Gabinete aun no aprobó esas partidas presupuestarias adicionales. En el gremio de los Judiciales que conduce Julio Piumato sospechan que la demora en que aparezcan los fondos es parte de la polea política entre el Gobierno y la Justicia. En la Corte creen que los tiempos son los normales, y evitan esas suspicacias.