El oficialismo apura la ley cerrojo de venta de acciones estatales

Con un plenario de dos comisiones y con la posibilidad latente de un nuevo trámite exprés, el Senado comenzará a discutir hoy el proyecto del Poder Ejecutivo que pondrá un cerrojo a la eventual venta de las acciones que el Estado tiene en empresas privadas, en su mayoría producto de la estatización de las AFJP . El Gobierno, en su iniciativa, propone imponer una mayoría de dos tercios del Congreso a cualquier operación que implique desprenderse de esos activos.

El proyecto, anunciado por Cristina Kirchner el jueves en cadena nacional, recién ingresó ayer a la Cámara alta. Esto no fue impedimento para que el kirchnerismo ya tuviera convocado, desde el viernes pasado, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión para hoy, a las 17.

Para explicar el proyecto podría asistir el director de la Anses, Diego Bossio , pero hasta ayer en el oficialismo no tenían confirmada su presencia. En la misma nebulosa dejaban la posibilidad de emitir dictamen al término del plenario o, a más tardar, mañana.

"No tenemos directivas", fue la respuesta de fuentes oficialistas ante la consulta acerca del ritmo que se iba a imprimir al debate de la iniciativa.

Tal como anunció la Presidenta, el texto establece un cerrojo sobre la tenencia de acciones del Estado en empresas privadas, al imponer que su enajenación sólo podrá conseguirse con "el voto de las dos terceras partes de los miembros del Honorable Congreso de la Nación".

Se trata de una mayoría sólo requerida para la sanción de una ley de necesidad de reforma de la Constitución y para la venta de la parte que el Estado tiene en YPF, según lo establece la norma por la que se expropió el 51% de la petrolera a la española Repsol.

Como si esto fuera poco, la Presidenta también pretende asegurarse el control de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee). Se trata del organismo, cuya creación está prevista en la iniciativa, a cargo de la administración de esas acciones y de la designación de los representantes que el Estado debe nombrar en los directorios de las empresas en las que tiene participación.

Esto es así porque el nuevo organismo estará integrado por cinco miembros, siendo uno de ellos el director de la Anses , que fungirá a su vez como presidente del organismo. Sin embargo, los otros cuatro directores serán nombrados por el Poder Ejecutivo y el Congreso, en partes iguales, con un mandato de cuatro años, y sólo podrán ser removidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de una comisión bicameral permanente que el proyecto crea a efectos de monitorear el cumplimiento de las disposiciones de la futura ley.

En otras palabras, los directores, que según el proyecto deberán ser designados dentro de los 30 días después de sancionada la ley, serán nombrados por las actuales mayorías parlamentarias, que responden al kirchnerismo. Para funcionar, el directorio de la Anpee requerirá la presencia de tres miembros, y las decisiones se tomarán por mayoría simple. En otras palabras, con apenas dos directores podrá tomarse cualquier tipo de medidas.

Más allá de la polémica que despierta la mayoría de dos tercios que exige un proyecto que el oficialismo pretende sancionar con mayoría simple, la oposición cuestionó el contenido de la iniciativa.

"La Presidenta busca con esto condicionar el movimiento de fondos públicos del próximo gobierno", afirmó Mario Cimadevilla (UCR-Chubut). "Lo interesante sería saber qué piensa Daniel Scioli de esto", agregó.

Cimadevilla también cuestionó que el proyecto no contemple la representación de los jubilados en la Anpee, ya que se trata de administrar las acciones incorporadas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses y está integrado, en su mayoría, de los fondos de las ex AFJP.

"A mí, que los peronistas, que son los mismos que descuartizaron el Estado en los 90, se pongan a cuidar los fondos de los jubilados me da la misma tranquilidad que Drácula cuidando un banco de sangre", sentenció Cimadevilla.

Entre otras disposiciones, el proyecto establece que los directores que lo representen cobrarán del Estado, mientras que sus sueldos como miembros del directorio de las empresas pasarán a integrar el presupuesto de la agencia federal.

Lo mismo ocurrirá con los bonos a directores y los dividendos que reparta la empresa a lo largo de cada ejercicio.

• Las acciones del Estado en empresas privadas sólo podrán ser vendidas con la autorización de los dos tercios de los miembros del Congreso
• El proyecto crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), integrada por cinco miembros, cuyo presidente es el director de la Anses
• El resto de los directores serán nombrados por el Ejecutivo y el Congreso con un mandato de cuatro años. Sólo podrán ser removidos por los dos tercios de una comisión bicameral
• La Anpee deberá nombrar a los directores del Estado en las diferentes empresas en las que aquél tenga participación accionaria

Por Gustavo Ybarra

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