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El oficialismo aún no tiene los votos para avanzar contra el procurador
Pese a la presión y a los cambios de último momento, al ministro de Justicia, Martín Soria, le falta todavía media docena de diputados para aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público
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LA NACION
La intención del Gobierno, por medio de su ministro de Justicia, Martín Soria, de incorporar modificaciones al proyecto que modifica la ley orgánica del Ministerio Público no termina de disuadir a los diputados de la oposición renuentes a apoyar la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado. En efecto, al oficialismo le falta todavía reunir media docena de votos en la Cámara de Diputados para alcanzar el número mágico de 129 que marca el quorum habilitado para sesionar.
Pese a la resistencia de buena parte de la oposición –el proyecto está congelado desde noviembre del año pasado–, el flamante ministro de Justicia confía en sumar aliados si concede cambios e incorpora algunos retoques al texto. Soria los anticipó anteayer durante su exposición ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja: al finalizar, solo se llevó el aplauso de cinco de los seis integrantes del interbloque Unidad y Equidad para el Desarrollo, una bancada que preside el mendocino José Ramón y que suele acompañar los proyectos del Poder Ejecutivo.
Los diputados de Juntos por el Cambio decidieron no asistir al plenario; tampoco lo hizo el bloque lavagnista de Consenso Federal. Este núcleo duro opositor esgrime dos argumentos básicos para resistir la avanzada kirchnerista: sostiene, en primer lugar, que en estos momentos que vive el país, agobiado por la pandemia, no es oportuno discutir una iniciativa de semejante envergadura.
Por otra parte, los opositores al proyecto advierten sobre los efectos adversos que tendrán sobre la independencia del Ministerio Público algunos de los artículos más polémicos de la iniciativa kirchnerista. El más cuestionado es aquel que flexibiliza la mayoría de dos tercios de los votos que exige la ley actual para designar, por parte del Senado, al nuevo procurador. Además, de aprobarse, la ley colocaría en la picota al resto de los fiscales, pues estarían a tiro de sanción y remoción por parte del jury de enjuiciamiento, cuya composición el oficialismo pretende modificar. Por otra parte, la media sanción del Senado otorga importantes facultades a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público –hoy dominada por el oficialismo–, entre ellas, la de designar nuevos fiscales.
“Juntos por el Cambio no está dispuesto a que mientras la sociedad está preocupada por la escasez de vacunas y el avance de los contagios, una economía en crisis, con una inflación en marzo de 4,8%, y el 42% de los argentinos en la pobreza, la Cámara de Diputados de la Nación se convierta en el lugar en donde el Frente de Todos pretenda consagrar la impunidad del pasado reformando la ley que regula la estructura del Ministerio Público, y atacando la independencia de todos los fiscales de la Nación”, enfatizó, en un comunicado, el interbloque que preside Mario Negri.
Tampoco participó del plenario la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal. Pertenece al interbloque Federal, que preside Eduardo “Bali” Bucca, que ya anticipó su reticencia a apoyar el proyecto kirchnerista. De todas maneras, el oficialismo confía en convencer a dos de sus integrantes, Bucca y Andrés Zottos, del PJ, quienes supieron acompañar otras iniciativas del Gobierno.
No tendrá la misma suerte con otros bloques: los dos diputados de Acción Federal –Felipe Álvarez y Antonio Carambia– ratificaron que no avalan la iniciativa, al igual que la tucumana Beatriz Ávila, del Partido Justicia Social. A este lote se sumaría el rionegrino Luis Di Giacomo, quien marcaría distancia de sus compañeros del interbloque Unidad y Equidad Federal: la designación de Soria –acérrimo rival de su jefe político, Alberto Weretilneck, en la provincia– sepultó hasta ahora todo diálogo.
Sin embargo, sus colegas del interbloque Unidad y Equidad Federal, los misioneros Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, que condicionaron su apoyo a que se introduzcan cambios, se muestran más proclives a acompañar la iniciativa. “Comprobamos que el ministro está abierto a incluir más cambios al texto; hay otra actitud del oficialismo”, indicó Sartori a LA NACION.
Las dos principales modificaciones planteadas por el ministro refieren a la integración del tribunal de enjuiciamiento de fiscales y las facultades de la Comisión Bicameral del Ministerio Público en el Congreso. En el primer caso, el proyecto original incluía un integrante del Poder Ejecutivo, tres legisladores de la Bicameral (dos por la mayoría y uno por la minoría), un abogado, un representante del Consejo Universitario Nacional y un fiscal.
Soria propuso una integración más “equilibrada”, compuesta por un representante del Ejecutivo, dos legisladores (uno por la mayoría y otro por la minoría), un abogado, alguien del Consejo Universitario, y dos fiscales, uno de los cuales tiene que ser mujer. También se modificó el requisito de que para que el jurado de enjuiciamiento funcione, tengan que estar presentes los siete miembros.
El otro cambio fundamental es el que refiere a la Comisión Bicameral, foco de críticas de la oposición. Con el objetivo de que no se repitiese el largo interinato de Casal, el proyecto con media sanción permitía que la designación de quien ocupase ese cargo en forma transitoria fuera decisión de la Bicameral. La modificación de Soria apunta a que la selección la realice el Poder Ejecutivo en base a una terna que elabora la Bicameral. Por último, el cargo del procurador interino no puede durar más de seis meses.
De todos modos, no se modifican los dos aspectos centrales de la reforma con media sanción: el final del interinato de Casal, la posibilidad de elegir a su sucesor con la mitad más uno de los miembros del Senado (mayoría absoluta), que ostenta el Frente de Todos, y la eliminación de su rol vitalicio para tener un mandato de 5 años, con chances a reelegir por el mismo plazo.
Para llevarlo a un juicio político se podrá iniciar un proceso con la mayoría simple de Diputados, pero para concluirlo serán necesarios los dos tercios del Senado y se garantizará el derecho a defensa.
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