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Las diferencias sobre el futuro de la Corte demoran la reforma judicial, que se presentaría el martes
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LA NACIONJaime Rosemberg
Las idas y vueltas en torno a su contenido, y la falta acuerdo sobre los integrantes del comité que deberá proponer cambios sobre la Corte Suprema, amenazaban este domingo con postergar nuevamente el envío de la reforma judicial al Congreso.
Durante las últimas horas se sucedieron contactos telefónicos entre el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores, en un nuevo repaso de los detalles del proyecto.
El Presidente había dicho la semana pasada que la iniciativa se presentaría el viernes 24 de julio. El anuncio pasó luego para este lunes, pero anoche consideraban el martes como la fecha más probable.
La reforma avanza con una fusión de fueros y ampliación del número de juzgados federales, varios de los cuales llevan adelante las causas por denuncias de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La iniciativa propone la creación de un nuevo fuero federal penal para desconcentrar el poder de los doce jueces de Comodoro Py y distribuirlo en 46 juzgados, que incluyen el fuero Penal Económico. Y contemplará además un reordenamiento de la Justicia de la Capital Federal, con fusiones de fueros y el traspaso de competencias a la Ciudad.
"El proyecto está listo, lo tiene el Presidente. Faltan detalles", afirmaron anoche a LA NACION cerca del Presidente.
El "comité de notables"
De todas formas, en la Casa Rosada reconocieron que aún queda por definirse la integración de la comisión revisora que trataría, entre otros temas, la eventual ampliación de la cantidad de jueces de la Corte Suprema y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Los cambios de la Corte Suprema aparecen entre los puntos más controvertidos del anuncio, luego de las críticas que expresó Cristina Kirchner contra el tribunal.
La falta de acuerdo sobre la composición del comité, con un elenco donde aparece incluso Carlos Beraldi,el abogado defensor de Cristina Kirchner en sus principales denuncias, eran unos de las negociaciones que se sucedieron ayer.
"Los integrantes van a ser convocados en carácter de comité de asesoramiento, no como un tribunal vinculante. Y entiendo que va a ser una convocatoria plural", afirmó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en una entrevista con LA NACION, en la que no descartó que Beraldi, forme parte de esa comisión. "Cualquiera con prestigio y trayectoria jurídica está en el marco de lo que puede elegir el Presidente", justificó Ibarra, encargada del proyecto junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien este domingo participó de un homenaje a Evita junto al Presidente.
Designaciones
La inclusión de Beraldi y el momento elegido para lanzar la reforma despiertan sospechas en la oposición.
"El proyecto llega en un momento inoportuno, en medio de la explosión de casos de coronavirus, y es imposible despegarlo de la situación de la expresidenta", afirmó a LA NACION uno de los referentes de la UCR en materia judicial, en relación con las distintas causas que involucran a la expresidenta, como Hotesur y Los Sauces o el presunto encubrimiento a través del Memorándum con Irán, una causa lista para el juicio oral, aunque aún sin fecha de inicio.
Desde el centenario partido afirman que "nadie debería oponerse" a la creación de un nuevo fuero penal, aunque consideran que "no sería el mejor momento para discutir el funcionamiento de la Corte Suprema o su número de miembros", afirmaron desde el radicalismo.
Alberto Fernández, de todos modos, está convencido de las bondades de la iniciativa, que según dijo la semana pasada al matutino Página12, busca "un reordenamiento de todo el sistema de la Justicia Federal, reordenamiento que va mucho más allá de Comodoro Py".
"Es muy ambicioso, tan ambicioso como necesario porque la Justicia federal se ha exhibido ante nosotros con un funcionamiento defectuoso", afirmó entonces el Presidente. Y agregó que la reforma implica "más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales", detalló.
Desde los despachos más cercanos al Presidente incluyen a la reforma judicial dentro de la "agenda propia" del Gobierno, más allá de la lucha contra la expansión del coronavirus, y junto a la negociación de la deuda con los bonistas privados, considerada clave para la Casa Rosada en el escenario pospandemia. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se prepara para defender la reforma judicial en la Cámara de Diputados, dónde el jueves dará su informe mensual de gestión.
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