El Presidente define su estrategia judicial y no se descarta buscar una conciliación

El presidente Alberto Fernández define su estrategia y evalúa asumir la responsabilidad judicial por el incumplimiento de la cuarentena en la quinta presidencial de Olivos durante los festejos por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, cuando regía el aislamiento estricto.

Si bien considera que “por razones técnicas y jurídicas” no cometió un delito, según adelantó su abogado Gregorio Dalbón, el Presidente “insiste no solo en haberse disculpado ante el pueblo, sino en hacerse cargo ante la Justicia”.

En este punto, la estrategia que se analiza es la de buscar una conciliación, como se resolvió el caso de Luca Singerman, que regresó a la Argentina proveniente de Uruguay por barco con Covid-19 positivo y dejó en cuarentena a 400 pasajeros. Para cerrar la causa, el joven acordó un pago de 500.000 pesos para el Hospital de Niños.

El tema aún se encuentra en debate. Es que en la Casa Rosada algunos creen que el Presidente no infringió el artículo 205 del Código Penal, que establece que será penado “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

El encargado de presentar los argumentos fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Si bien hubo una reunión, un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado. Yo creo que no fue un delito”, dijo ayer el ministro coordinador.

En ese sentido, el fiscal González desestimó una denuncia contra Facundo Moyano por realizar una reunión social en junio de 2020 cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El funcionario judicial interpretó que como no había pruebas de que alguno estuviera contagiado, no existió peligro en el caso concreto y el hecho “no afectó gravemente el interés público”.

Lo cierto es que hasta el momento Alberto Fernández no se presentó en la causa. El mandatario aguarda que el fiscal federal Ramiro González decida imputarlo o citarlo a indagatoria por el incumplimiento de la cuarentena.

Charla con el Presidente

“Estuvimos charlando con el Presidente el sábado y encontramos situaciones que tienen que ver por lo ya pensado por el fiscal de turno”, adelantó Gregorio Dalbón en el programa La Inmensa Minoría. Y agregó que la celebración del cumpleaños de la primera dama “le va a traer consecuencias” al jefe del Estado.

“Cualquier situación en donde vos cometés un acto que no debiste haber cometido y que tiene una connotación en una causa penal, tiene consecuencias”, precisó el abogado, que ya representa el Presidente en la denuncia contra Patricia Bullrich por daños y perjuicios, luego de que la titular de Pro sugirió que hubo pedidos de retornos a la farmacéutica Pfizer para la compra de vacunas.

“Me senté con él y le dije que la salida para hacer esto es afrontar las consecuencias de su actuar. Yo quiero realmente que sea un presidente diferente, quiero que Alberto Fernández se haga cargo de esta causa”, confió Dalbón, que habló de “salidas alternativas” que “a la larga o la corta”, terminarán con el sobreseimiento de Fernández.

Mientras ajusta la táctica jurídica, hoy el gobierno nacional presentó un informe sobre los ingresos a la residencia oficial. La información la presentó la Casa Militar, que depende de la Presidencia de la Nación, más precisamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, uno de los incondicionales del jefe del Estado.

No está claro, no obstante, que González y el juez Sebastián Casanello -que le delegó la causa al fiscal- vayan a quedarse con el expediente. Como ya informó LA NACION, el último viernes González le envió al fiscal de San Isidro Federico Iuspa la “certificación” de la causa. Iuspa se la había pedido para saber formalmente qué se investiga en Comodoro Py, porque en San Isidro tienen una denuncia similar. La regla es que lleve el caso el juez del lugar donde se cometió el presunto delito y a Olivos le corresponde San Isidro. Así, la causa podría caer en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la exmujer del fallecido fiscal Alberto Nisman.

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