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El recuerdo de la "Ley Banelco"
Las acusaciones cruzadas en el Congreso traen a la memoria el escándalo provocado tras la polémica reforma laboral hace diez años
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Todas las acusaciones por prebendas a cambio de votos tienen el mismo destino: la comparación con la Ley Banelco, la investigación por compra de voluntades en el Senado más resonante de la última década.
La reforma laboral fue aprobada en 2000 en la Cámara de Diputados con apoyo de la Alianza y el rechazo del PJ. En abril de ese año el Senado la convirtió en ley con la colaboración de algunos senadores peronistas.
Tras la sanción de la norma, Hugo Moyano, entonces jefe de la CGT disidente, denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para los senadores del PJ tenía "la Banelco". Fue el primer indicio de las coimas.
Luego, el senador justicialista Emilio Cantarero admitió ante LA NACION que existió compra de votos para la aprobación de la ley de flexibilización laboral.
Apenas se conocieron esas sospechas, Carlos "Chacho" Alvarez, titular del Senado, encabezó una investigación. El vicepresidente finalmente renunció ante la falta de apoyo del gobierno que integraba. Su salida marcó el inicio de la debacle de la administración de Fernando de la Rúa.
Años después, Mario Pontaquarto, secretario parlamentario de la Cámara alta, confesó cómo se había repartido el dinero entre los senadores peronistas. En su declaración ante Daniel Rafecas -el juez federal que investigó el caso, dictó los procesamientos y elevó el caso a juicio oral-, "el arrepentido" relató que la misma noche que se sancionó la ley de reforma laboral, fue al departamento de Cantarero y le entregó $4.300.000 que se repartirían entre los senadores.
El dinero ,informó, lo había retirado de la SIDE el 18 de abril de 2000. Los investigadores consideraron corroborada su versión cuando detectaron una llamada hecha a Pontaquarto esa misma tarde desde el teléfono de Gladys Mota, la secretaria del titular de la SIDE, Fernando de Santibañes.
Los más de once años que demoró la investigación hicieron que dos de los acusados quedaran en el camino: el peronista Cantarero, que fue declarado inimputable por su deteriorado estado de salud, y el ex presidente provisional del Senado José Genoud, que se suicidó en septiembre de 2008.
Ese mismo año, el ex presidente De la Rua fue procesado en la causa por "cohecho agravado". Por el mismo delito están procesados Alberto Tell, Augusto Alasino, Ricardo Branda, Remo Costanzo, Flamarique, De Santibañes y Pontaquarto.
