Fuerzas policiales de Córdoba detuvieron en agosto de 1976 al padre Santiago Weeks y a cinco seminaristas; la presión del gobierno de Carter fue clave para salvarlos de la muerte
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La providencial visita de una exreligiosa norteamericana, que realizaba trabajos sociales en Jujuy, y las gestiones reservadas de la diplomacia de Estados Unidos fueron decisivas para que el secuestro del sacerdote Santiago Weeks y de cinco seminaristas, en Córdoba, concluyera con la liberación de los detenidos, en la Argentina violenta de los años 70.
Es el caso de los Misioneros de La Salette, citado en el informe Nunca Más de la Conadep y que en agosto de 1976 generó incomodidad en la Iglesia y en las relaciones de la dictadura militar con el gobierno de Jimmy Carter.
“Joan McCarthy –la exreligiosa- captó la situación. Optó por hacer el papel de ingenua, no paraba de tejer y exteriorizaba su alegría por la llegada de la policía. Los secuestradores –nueve policías vestidos de civil que habían llegado con armas largas a la vivienda del barrio Los Boulevares– no sabían qué hacer con ella: la encerraron en un cuarto que estaba acondicionado como capilla y le ordenaron ir a la prensa, una vez que nos llevaran a nosotros, para denunciar que los montoneros habían ido hacer ‘justicia por estos traidores’”, reveló a LA NACION Alejandro Dausá, uno de los seminaristas detenidos ilegalmente esa tarde, que en sus dos meses de encierro pasó por el centro clandestino de detención La Perla, entre otras unidades penitenciarias.
Lejos de cumplir la orden de los policías, la exmonja McCarthy no esperó el amanecer y a las 2 de la madrugada concurrió al Arzobispado de Córdoba y a la mañana siguiente se comunicó con funcionarios del consulado y la embajada de Estados Unidos. Pudo cruzar a Uruguay, donde los jesuitas la ayudaron para escapar a Washington y allí logró contactarse con congresistas del Partido Demócrata, lo que después activó reacciones y gestiones diplomáticas. Mientras el padre Weeks fue dejado en libertad el 17 de agosto y obligado a salir del país, los cinco seminaristas permanecieron detenidos e incomunicados, sometidos a interrogatorios y tormentos, hasta que dos meses después fueron liberados.
Algunos de los protagonistas del caso de los Misioneros de La Salette ya fallecieron, como el padre Weeks, de origen estadounidense (su nombre era James Martin y en la Argentina adoptó llamarse Santiago) y Daniel Alfredo Velarde, ordenado sacerdote y luego superior de los Misioneros de La Salette para la Argentina y Bolivia. Otros, como Alejandro Dausá (ordenado sacerdote) y Daniel García Carranza, abandonaron con los años la comunidad religiosa. José Luis Destéfanis no llegó a ordenarse y Hugo Pantoja Tapia permaneció más tiempo detenido y fue enviado a Chile, su país de origen. La mayoría prestó testimonio en la megacausa La Perla, en la que el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba impuso la pena de prisión perpetua a 28 imputados, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez, en octubre de 2016.
El caso fue investigado por el sacerdote jesuita Gustavo Morello, radicado en Boston, quien volcó la reconstrucción en su tesis doctoral y en su libro Dónde estaba Dios. Católicos y terrorismo de Estado en la Argentina de los setenta (Ediciones B), en 2014.
Las detenciones
“Éramos una comunidad religiosa inserta en medios populares y atendíamos a poblaciones marginales y carenciadas de Córdoba. Vivíamos en una pequeña casa y nos formábamos en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos (Cefyt), que funcionaba en un colegio de los padres claretianos”, recordó Dausá, hoy de 69 años y radicado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En el diálogo con LA NACION, atribuyó la detención al grupo de la policía de la provincia Comando Libertadores de América, un “símil de la Triple A que respondía a Menéndez”.
Dausá sostiene que la presencia inesperada de Joan McCarthy confundió a los represores. Un mes antes había ocurrido la masacre de los sacerdotes palotinos en la parroquia de San Patricio, en Buenos Aires, y en esos mismos días se producía la persecución al obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, en una jurisdicción que alcanzaba al general Menéndez.
En las seis horas en que el grupo de tareas permaneció en la casa de la comunidad de La Salette, hasta las 11 de la noche, el grupo policial cometió destrozos. “Buscaban pintura para dejar leyendas y atribuir el ataque a los Montoneros. Llegaron a escribir la palabra Kaput, con una flecha apuntando a un retrato del padre Carlos Mugica, y rompieron todo el piso del baño para buscar armas. Lo que no se robaron lo destruyeron”, relató Dausá.
Los misioneros fueron llevados esa noche a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia, conocida como D-2, a pocos metros del Cabildo de la ciudad de Córdoba. Allí estuvieron tres noches y fueron sometidos a interrogatorios. Después pasaron unas horas en la Unidad N° 1 Penitenciaria San Martín, en el pabellón de presos políticos, donde un preso les informó que habían asesinado al obispo Angelelli. Y después los llevaron al Pabellón 3 de la Cárcel de Encausados, donde fueron alojados en celdas individuales, sin acceso a baños, ni condiciones de aseo y luz eléctrica. “A través de los tragaluces escuchábamos a otros detenidos y supimos que estaban José Manuel de la Sota y otros dirigentes políticos y sindicales”, contó el exmisionero.
“Un día escuchamos que se llevaban a Weeks y él gritaba que lo obligaban a irse del país. A nosotros nos iban trasladando vendados y maniatados a La Perla para interrogarnos en sesiones que incluían tormentos. Las preguntas las hacía un suboficial de inteligencia que se hacía llamar Rubén Magaldi. Así firmaba las planillas. Criticaba nuestra forma de vivir, el acercamiento a los pobres. Después supe que el nombre real era Roberto Maniai. Conocía las cuestiones teológicas y se creía un purificador de la Iglesia”, evocó el exseminarista detenido.
Dausá y sus compañeros volvieron a la Cárcel de Encausados y comenzaron a ser liberados. Velarde recuperó la libertad el 11 de septiembre. Dausá, Destéfani y García Carranza fueron liberados el 9 de octubre y Pantoja Tapia tuvo que esperar hasta el 19 de abril de 1977, aunque debió partir a Chile. “Nos hicieron saber que no podían garantizarnos la vida, porque habíamos visto demasiado. Por eso muchos nos fuimos del país”, rememoró. El padre Weeks ya estaba en Washington y denunciaba las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Habló, incluso, ante el Congreso norteamericano.
La reinserción
“La congregación de La Salette nos envió a los seminaristas a hacer el noviciado en Estados Unidos, donde estuve hasta 1978. Valverde y yo después regresamos a la Argentina. Trabajé en Santiago del Estero y recibí amenazas. Hacían correr la voz de que yo había participado en el Cordobazo”, reveló. Cada vez que debía renovar el pasaporte, incluso en democracia, le hacían problemas por sus antecedentes policiales. “Fue así mientras el trámite de los documentos de identidad los realizaba la Policía Federal. La última vez me hicieron firmar un acta. No sé lo que firmé”, advirtió Dausá. Años después, dejó el ministerio sacerdotal por razones personales. “Comencé a tener perspectivas distintas”, explicó.
Tuvo encuentros con personas de la Iglesia que habían pasado situaciones similares y le quedó la sensación de que muchos católicos se negaban a reconocer o entender las situaciones que debió enfrentar. “Pocos sacerdotes comprendieron el fenómeno y nos defendieron. El resto lo asumió como una molestia. La mayoría cambiaba de tema”, es su conclusión.
Tras la anulación de las leyes del perdón, el exsacerdote activó como querellante la denuncia en la Justicia. “El caso nunca se había denunciado, a pesar de que aparecía en varios libros, como Iglesia y dictadura, de Emilio Mignone, y en el Nunca Más. “Tenía a los represores en la sala del juzgado. No identificaba a todos, pero fue un buen cierre”, reveló.
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