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El Senado convirtió en ley el ajuste fiscal
El PJ favoreció el quórum y votó en contra; la cámara de Senadores aprobó el programa de austeridad gubernamental
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Después de más de diez horas de sesión, y tras una angustiante votación, el Senado de la Nación convirtió esta madrugada en ley el ajuste fiscal que propone una serie de ampliaciones impositivas y le da entidad legal al recorte a jubilaciones y salarios públicos superiores a 575 pesos establecido por decreto.
La aprobación se produjo porque la mayoritaria bancada justicialista, aunque votó en contra con excepción de Omar Vaquir -apoyó al radicalismo en toda la sanción-, favoreció el quórum necesario para que se imponga el oficialismo, especialmente en el tratamiento en particular.
El debate fue seguido, al principio desde los balcones del recinto y después desde la presidencia de la cámara, por el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo (principal negociador de la ley), el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo (hizo gestiones telefónicas hasta último momento) y el vocero Juan Pablo Baylac, muestra de la preocupación del gobierno por lograr la aprobación de la norma.
El momento más dramático se produjo al momento de votar el artículo 10, que es el que supedita cualquier erogación del Estado a los ingresos fiscales, que resultó en un empate con 21 votos a favor, 21 en contra y una abstención.
Después de casi un minuto de interminable silencio y confusión, que por un momento pareció hacer naufragar la intención del gobierno de votar sin cambios la norma, tuvo que desempatar el presidente provisional del Senado, el radical Mario Losada, quien naturalmente lo hizo en forma positiva.
La estrategia del PJ fue clarificada antes de la votación por el jefe de la bancada, José Luis Gioja, quien antes de poner en consideración la norma sostuvo que "por las insoportables presiones" recibidas "un grupo de compañeros va a permanecer en sus bancas para votar en contra y otros no tendrán que estar".
Enfrente suyo el radicalismo había logrado por primera vez su objetivo desde que es oficialismo: consiguió sentar a 20 de los 21 miembros de su bancada (sólo no estuvo Horacio Usandizaga) y lograr la adhesión total de tres provinciales: Roberto Ulloa, del Partido Renovador de Salta, Juan Carlos Loza, de Cruzada Renovadora de San Juan y Ruggero Pretto del Movimiento Popular Fueguino.
Al momento de votar la norma en general, había en el recinto 45 de los 54 senadores que iniciaron la sesión, lo que daba muestras de que el acuerdo PJ-UCR para sancionar la ley estaba en marcha.
Para entonces ya se habían retirado la tríada menemista, Eduardo Menem, Eduardo Bauzá y Carlos Corach; Augusto Alasino (hizo un discurso en el que comparó la sanción de esta ley con la reforma laboral y después lo llamó Colombo para pedirle que baje los decibeles) y Carlos De la Rosa (por estrategia de bloque).
También hicieron lo mismo por pedido de sus respectivos gobernadores el pampeano Enrique Martínez Almudevar, el formoseño Manuel Rodríguez, el salteño Emilio Cantarero y la disidente puntana Liliana Negre de Alonso.
Con 45 senadores en el recinto la votación en general no generó sobresaltos: 20 radicales, Vaquir, Ulloa, Loza, Pretto y el autonomista José Romero Feris garantizaron el triunfo por 25 votos a 20.
Los artículos 1 y 2 (que cambian el modo de aplicar el IVA para que se perciba al cobrar y no al facturar) sumó a ese grupo en favor de la ley al justicialista Remo Constanzo, quien a partir de ese punto volvería a votar en contra.
Entonces fue el turno de que se retirara del recinto el representante del Movimiento Popular Neuquino, Felipe Sapag, quien acompañaba hasta entonces el voto negativo del PJ.
Así transcurrieron las sanciones de los artículos del 4 al 9 (ampliación del impuesto al cheque, devolución de impuestos a las ganancias, anulación de la rebaja a las naftas y aumento de aportes patronales), con las manos levantadas de todos los radicales, los provinciales leales y Vaquir (quien según sus palabras tenía "la responsabilidad" de apoyar al oficialismo porque ya fue designado embajador de este gobierno en Kuwait).
Al llegar al artículo 10 empezó la parte más dramática.
Mientras los radicales Leopoldo Moreau y Alberto Maglietti, junto a varios justicialistas encabezados por Jorge Yoma, proponían distintas alternativas para excluir a los jubilados de los recortes, empezó a crecer el nerviosismo general porque todos se daban cuenta de que tal como estaban las cosas la UCR perdería la votación.
El que protagonizó un inédito intento para torcer la votación fue el justicialista fueguino Gerardo Palacios, quien permaneció varios minutos (hasta que fue descubierta su coartada) sentado en el borde de su banca, con lo cual su presencia no era registrada por el sistema que hay debajo de cada asiento y que contabiliza el quórum.
Fuente: DyN
El Senado aprobó el programa de austeridad gubernamental
El Senado de la Argentina convirtió en ley, en la madrugada del lunes, el paquete de medidas de austeridad remitido por el presidente Fernando de la Rúa, que procura establecer el principio del "déficit cero" en las cuentas fiscales mediante severas medidas de economía.
El Gobierno espera que la aprobación del proyecto, que ya había sido votado favorablemente por la cámara de Diputados, aportará tranquilidad a los convulsionados mercados financieros, inquietos por versiones de una eventual cesación de pagos (default) por parte de la Argentina.
Después de un debate de siete horas, la cámara aprobó el proyecto por 25 votos a favor y 20 en contra. Lo respaldaron los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido de De la Rúa y senadores de partidos provinciales moderados.
Votó en contra el peronismo, que pese a tener mayoría en el Senado, brindó quorum para que el Senado sesionara en un domingo y mantuvo fuera del recinto a varios de sus miembros, lo que posibilitó el resultado favorable. De los 72 miembros de la Cámara alta, estaban presentes solamente 45 en el momento de la votación.
En nombre del Gobierno, el jefe de gabinete Chrystian Colombo había advertido el sábado y el domingo al Partido Justicialista que la no aprobación del proyecto podría desencadenar una situación incontrolable en los mercados financieros, que podría poner en riesgo la estabilidad institucional.
El proyecto se basa en el principio de que "el monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio (presupuestario) no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste", es decir, la norma del "déficit cero".
El Gobierno recurrió a esta drástica solución al comprobar que se le había cerrado virtualmente el crédito para enjugar sus déficit, a causa de las elevadas tasas de interés que exigían los bancos.
Ello aconteció mientras el denominado "riesgo país", índice que refleja la desconfianza de los inversores, subía a niveles sin antecedentes, por encima de los 1600 puntos básicos. Simultáneamente caía el valor de los bonos argentinos y se derrumbaban las acciones líderes de la Bolsa de Comercio, con una caída paralela de las reservas del Banco Central.
Las medidas de austeridad se basan en una serie de recortes presupuestarios, de los cuales el más controversial es la reducción de sueldos del personal estatal y de los jubilados, a partir de un monto que es motivo de discusión. También se establecen modificaciones en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se amplía el alcance del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias.
La ley aprobada establece que habrá un recorte mensual, en función de un índice determinado por la recaudación fiscal, a partir de aquellos sueldos y jubilaciones superiores a los 1000 dólares mensuales. Pero el Gobierno, basándose en un decreto dictado antes de aprobarse la ley, fijó ese límite en 500 dólares y anunció que este mes la reducción será del 13 %. Esta reducción no comprenderá a los poderes legislativo y judicial, que por ser autónomos, deben disponer voluntariamente si adhieren a los ajustes.
La oposición peronista y dos de los senadores radicales cuestionaron duramente estos recortes a jubilados y agentes estatales. Reclamaron, en cambio, que el gobierno establezca impuestos y gravámenes sobre sectores de mayores recursos y especialmente, sobre las privatizadas empresas de servicios públicos, que han acumulado elevadas ganancias en los últimos años.
El ministro de economía Domingo Cavallo confía en que los mercados financieros, que estaban exigiendo la aprobación de las medidas de austeridad, reflejarán el lunes un clima de mayor tranquilidad.
Pero el Gobierno enfrenta, en cambio, una ofensiva hostil de parte del movimiento sindical y de las organizaciones de desempleados. Se traducirá, a partir del martes, en cortes de rutas en 50 puntos diferentes del país, en una campaña que las autoridades calificaron de "ilegal", a la que amenazaron con aplicar medidas penales.
Fuente: AP
