Elevan a juicio oral una causa contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó

El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa en la que se investiga a la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbo por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración.

La sospecha de la Justicia es que la licitación que terminó con la adquisición del edificio de la calle Perón 667 -donde funciona una de las cuatro sedes de la Procuración- estuvo digitada para beneficiar a los que iban a cobrar la comisión. Por el edificio se pagaron 44 millones de pesos.

Gils Carbó había sido procesada en 2017 por Ercolini por el delito de administración fraudulenta contra el Estado. Después de ese fallo, ella presentó su renuncia al cargo. Un año más tarde, la Cámara Federal confirmó el procesamiento, pero sostuvo que el delito reprochable a la exprocuradora era más leve: “negociaciones incompatibles” con su cargo (una figura que tiene una pena prevista de uno a seis años de prisión).

Ese fallo lo firmaron los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, que consideraron acreditado que la licitación había sido direccionada. La comisión de alrededor de 6 millones de pesos que habían cobrado el hermano de Guillermo Bellingi (exsubdirector de Administración de la Procuración) y la inmobiliaria por la operación superaba el porcentaje habitual del 6 por ciento (equivalía al 14 por ciento).

Sobre esa comisión, los camaristas habían dicho: “Está muy lejos de los 6 o 7 que, como mucho, se suele pactar en los convenios inmobiliarios habituales”. Sin embargo, Llorens y Bruglia entendieron que no se había producido un perjuicio al Estado a través de la operación de compra. “Aunque Bellingi procuró que así fuese, lo cierto es que esa comisión no fue abonada por las arcas públicas sino por el mismo particular”, dijeron los camaristas.

El caso fue elevado a juicio ahora, después de varios planteos recusatorios contra el juez Ercolini que fueron desestimados por la Cámara Federal. El último fue rechazado ayer por el camarista Pablo Bertuzzi. Gils Carbó sostuvo en su presentación que Ercolini fue presionado por el entonces gobierno de Mauricio Macri para avanzar en ese expediente judicial. La Cámara Federal rechazó ese argumento.

También fueron enviados a juicio oral Guillermo Bellingi, exsubdirector de Administración de la Procuración, su hermano Juan Carlos Thill, la dueña de la inmobiliaria a cargo de la operación, Bárbara Jaureguiberry, y Adrián González Fischer, dueño de la firma Arfinsa, que vendió el edificio.

En paralelo, la exprocuradora declaró hoy como testigo en una causa contra exfuncionarios macristas. Se presentó frente al fiscal Franco Picardi y la jueza María Eugenia Capuchetti, en el marco de la causa conocida como “mesa judicial M”, que investiga presuntas presiones de parte de exfuncionarios a jueces y funcionarios judiciales.

La declaración duró una hora y media. Según informó una fuente que participó de la audiencia, Gils Carbó dijo que había sido perseguida por el gobierno de Macri, que la presionó para que renunciara. Sostuvo que la persecución estuvo “coordinada” y citó declaraciones de distintos funcionarios y dirigentes que públicamente le reclamaron que dejara la Procuración, incluido el propio Macri.

También dijo haber sido víctima de violencia de género y destacó como maniobras de la supuesta persecución dos expedientes judiciales: la causa que instruyó contra sus hijas el juez Claudio Bonadio (que finalmente el propio juez cerró) y el caso en el que el juez Pablo Cayssials resolvió que era inconstitucional la exigencia de un juicio político para sacarla de la Procuración.

Este viernes está previsto que Gils Carbó vuelva a declarar como testigo, también contra el macrismo, en la causa impulsada por Fabián De Sousa y Cristóbal López por amenazas y extorsiones contra sus socios en el negocio del juego, el caso en el que está prófugo Fabián Rodríguez Simón.

LA NACION

• Alejandra Gils Carbó

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