Emergencia alimentaria: la oposición impulsará una ley para aumentar un 50% los fondos para comedores

En el arranque de la campaña electoral, los diputados peronistas que convergen en el Frente de Todos, que postula a Alberto Fernández como candidato a presidente, presentaron un proyecto de ley de emergencia alimentaria que dispone un incremento del 50 por ciento "como mínimo" de las partidas presupuestarias vigentes este año destinadas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

Al mismo tiempo, este espacio ratificó que convocará para pasado mañana a una sesión especial en la Cámara de Diputados para discutir este tema. En el oficialismo no descartan participar del debate, aunque quieren ver la letra chica de la iniciativa opositora y el impacto fiscal que generaría. Igualmente, desde la Casa Rosada insistieron que la jugada responde a motivos electorales: advierten que está vigente una ley de emergencia social y que, en virtud de ella, ya se dispusieron reasignaciones de partidas para atender las necesidades alimentarias, al tiempo que ya se aumentaron los montos y las raciones de comida.

Por esa razón, desde el Gobierno descartaron la posibilidad de emitir un decreto para declarar la emergencia alimentaria. "Esto depende del Congreso de la Nación y es en ese marco que se va a tratar. Hay distintos proyectos y va a ser ahí", señaló la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley tras una reunión con representantes de la CGT, encuentro en el que participó su par de Producción, Dante Sica.

Sin embargo, en el Frente de Todos consideran que las acciones del Gobierno en esta materia no han sido suficientes y que por ello es necesario avanzar en una ley específica para atender los problemas alimentarios. "Hay una necesidad, lo que está haciendo el Gobierno no alcanza, y hay que actuar con celeridad", planteó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

El proyecto consensuado en el Frente de Todos prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional dictada por el Decreto 108 del año 2002. También se faculta al jefe de Gabinete, a partir del primer día del año próximo, a que durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como "referencias mínimas" el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.

"Es muy difícil decirle que no a una decisión de estas características", consideró Rossi y explicó que la iniciativa busca "darle al Ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete las herramientas administrativas para que la gestión y la compra de alimentos que lleguen a los comedores, a las intendencias y a las provincias, sea lo más ágil, lo más potente y transparente posible".

En rigor, en un primer momento Rossi no era partidario de forzar la discusión sobre este tema en el Congreso; a su juicio había que mantener cierta "pax política" con el oficialismo en medio de la incertidumbre económica y financiera. "¿Por qué agitar las aguas si en esta situación Alberto Fernández se consolida como candidato y saca más diferencia?", razonaban cerca de Rossi.

Sin embargo, la presión de los sectores internos del Frente de Todos obligaron a reconsiderar la estrategia. "Vamos a apoyar el tratamiento de la emergencia alimentaria en el Congreso -aseveró el diputado Felipe Solá, quien acompañó a Fernández durante su gira por España y Portugal-. La ley de emergencia social no soluciona en sí misma la emergencia alimentaria que estamos planteando. Lo que hace falta es subir el valor de lo que se manda a los comedores".

Según pudo saber LA NACIÓN, de esas negociaciones no participaron otros bloques opositores también impulsores de la emergencia alimentaria, como Consenso Federal, la alianza que postula la candidatura presidencial de Roberto Lavagna.