En el futuro, la política no tendrá límites
Las candidaturas testimoniales, como estrategia electoral, tendrán consecuencias negativas para la política y para la Justicia.
Pierden los ciudadanos. Quienes están atentos a los embrollos de esta estrategia sienten decepción por el deterioro de la calidad institucional. Y el elector desatento directamente resultará engañado. Pierden el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el joven jefe de Gabinete, Sergio Massa, pues aun cuando ganen las bancas habrán dilapidado buena parte de su credibilidad. Y pierde la política, pues cuando se desenvuelve al margen de cualquier regla de convivencia, deja de ser una herramienta de construcción social para asumir ribetes caprichosos.
Pero también pierde la Justicia, que dilapida su credibilidad.
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Tradicionalmente, los jueces federales de primera instancia pusieron pocos límites a la política: su proximidad con los partidos y la prolongada permanencia en sus cargos los hacen presas fáciles de compromisos o presiones.
Por eso, era previsible que el juez Manuel Blanco hiciera una interpretación primaria de la Constitución. Pero la Cámara debería dar otra respuesta, más elaborada y que amerite los riesgos institucionales. Sin embargo, el escrito presentado por Scioli y Massa sólo ahonda las dudas que existen sobre la intención que tienen de asumir las bancas, y si el tribunal esperaba que los políticos les mintiesen y les dijesen que sí van a asumir, los políticos no lo hicieron.
Hay muchos argumentos sobre las candidaturas testimoniales. Se las puede rechazar, construyendo una teoría de la representación política. O se las puede aprobar, pero imaginando una respuesta. Por ejemplo, la constitucionalista Susana Cayuso afirma que, incluso cuando se apruebe la lista testimonial, la Justicia debería señalarle a Scioli que no tiene dos alternativas -continuar como gobernador o asumir-, sino sólo el deber de asumir, porque conoce a priori que existe incompatibilidad entre ambos cargos y, al someterse a un comicio, pone en riesgo el suyo.
El kirchnerismo y el Acuerdo Cívico y Social les cobran a los jueces un precio muy alto, pero éstos lo pagan con intereses. A partir de ahora, será difícil imaginar que la Justicia pueda ponerles límites a los excesos de la política.