En Quilmes y en Comodoro Py: cómo es la operatoria de supuesto desvío de fondos que investiga la justicia federal

Los frentes judiciales que avanzan contra la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y exfuncionarios y actuales de su municipio por el manejo de los fondos de cooperativas de trabajo en esa localidad hoy son dos expedientes separados: uno está en los tribunales federales de Comodoro Py y el otro en los tribunales federales de Quilmes.

Ambas investigaciones se enfocan en las contrataciones millonarias que hizo el Municipio de Quilmes a un conjunto de cooperativas supuestamente relacionadas con funcionarios municipales del entorno de Mendoza, quienes habrían desviado parte de los fondos recibidos por esas cooperativas a sociedades off shore.

Estas cooperativas recibieron contratos de obras, de mantenimiento y de diversos servicios por parte del municipio por más de 500 millones de pesos. “Recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas” son los motivos formales de las contrataciones del Municipio. La acusación sostiene que parte de los fondos recibidos por estas cooperativas fueron desviados a cuentas en el exterior pertenecientes a un conjunto de exfuncionarios cercanos a la intendenta.

Además de Mendoza están imputados Sebastián Raspa -exsubsecretario de Hábitat del municipio-, Martín Bordalejo -exfuncionario y abogado- y José Alejandro Scozzari -contador de varias empresas en las que y contratista del municipio-. Son los nombres que tienen en común algunas de las cooperativas y las firmas contratistas con las supuestas maniobras de desvío de fondos.

Pero también está imputada Romina Cangelosi -empleada por la Municipalidad-, Alejandro Gandulfo -jefe de gabinete del municipio- y Cecilia Soler -secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio-. En las últimas horas quedó implicado, en el expediente que hay en Comodoro Py, el exmarido de Mendoza, Sebastián Daer, por ser apoderado de una firma constructora también relacionada con Raspa y Scozzari.

Una parte de la información relacionada con las contrataciones ya fue secuestrada por orden de la justicia federal de Quilmes en una serie de allanamientos. La intendenta refutó la acusación por el desvío de fondos. Dijo que la información es falsa, maliciosa, y negó haber desviado fondos a la ciudad de Miami -un elemento señalado en la denuncia e investigado por la Justicia-. Según dijo Mendoza en un video difundido el viernes pasado, las cooperativas contratadas por el Municipio emplean a unas 300 personas.

“En ninguna de las cooperativas figuran funcionarios de esta gestión ni familiares”, dijo la intendenta. Sin embargo, según uno de los requerimientos judiciales, el de la fiscal Silvia Cavallo, de Quilmes, se constató la relación entre un conjunto de los imputados y algunas de las cooperativas que recibieron contratos. Uno de ellos es Raspa, que renunció a su cargo como subsecretario de Hábitat del municipio apenas el sitio El Disenso reveló la información que dio lugar a las denuncias.

“Surge inequívocamente la existencia real de las personas físicas y jurídicas denunciadas, la existencia de vínculos entre Sebastián Raspa y la “Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada”; de Martín Bordalejo con la “Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada”; de José Alejandro Scozzari con las firmas “The Wolf Building SA” “Materyale SA”, “Mangia SA” y “Encrotar SA” y de Sebastián Raspa, Martín Bordalejo y José Alejandro Scozzari con la firma J D Vitruvio SA”, escribió la fiscal Cavallo en el dictamen al que accedió LA NACION.

¿Qué más sabe la justicia, hasta ahora, acerca de las cooperativas denunciadas? Poco. Según supo este medio, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) todavía no entregó la documentación requerida por los funcionarios judiciales. Esa dependencia es conducida por Alexandre Roig, un sociólogo francés que es dirigente del Movimiento Evita, organización que suele tener disputas territoriales con La Cámpora. Una vez que la justicia se haga de los contratos sociales de las cooperativas y acceda a la nómina de quiénes son sus trabajadores -que podrían ser tenidos como damnificados en caso de corroborarse que los fondos fueron desviados-, algunos de ellos podrían ser citados como testigos.

Otro elemento que podría ser observado por la justicia en las próximas semanas es la certificación de las obras municipales adjudicadas a las cooperativas y las constructoras y sus avances concretos, dijo una fuente judicial a este medio.

Por orden del juez de Quilmes Luis Armella ya fueron allanadas al menos cuatro oficinas de las cooperativas. En las oficinas de The Wolf Building, una de las firmas constructoras apuntadas en la denuncia por sus contrataciones millonarias y de la que Scozzari forma parte, fueron secuestrados teléfonos celulares que pronto serán peritados. En las otras oficinas allanadas fue secuestrada documentación contable e información relacionada con las contrataciones del municipio. The Wolf Building tuvo designado como director suplente a Alejandro Scozzari, uno de los imputados que es socio de Raspa y Bordalejo en otra empresa. La denuncia señala que las cooperativas relacionadas con Raspa y estas empresas comparten domicilios.

Cuando imputó a Mendoza, Cavallo no solo pidió medidas de prueba orientadas a verificar si son ciertos los hechos denunciados, sino que además ordenó informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar el patrimonio de la intendenta y del resto de los imputados, según el requerimiento judicial al que accedió LA NACION. La justicia federal de Quilmes también le pidió colaboración a la Procelac.

El expediente de Comodoro Py también avanza con medidas de prueba. El fiscal Ramiro González ya firmó dos requerimientos judiciales en los que pidió múltiples y diversas medidas, y en las últimas horas extendió la imputación al exmarido de Mendoza, Sebastián Daer, y un conjunto de exfuncionarios y empleados de la municipalidad de Quilmes.

El primero de los expedientes fue iniciado por la denuncia de un abogado contra Mendoza que luego fue ampliada por la diputada opositora Mónica Frade. Esa causa está en manos del fiscal Ramiro González y el juez Ariel Lijo. La de los tribunales de Quilmes, que instruye el juez Luis Armella e investiga la fiscal Silvia Cavallo, fue iniciada por una denuncia de la propia Mendoza, quien calificó a la acusación como una información falsa. El viernes pasado, cuando se defendió las acusaciones por desvío de fondos, la intendenta justificó que si hay avances procesales es porque ella pidió a su equipo legal que la información publicada fuera investigada.