1
En su cargo anterior, Silvina Batakis no avanzó con el control de gasto de las provincias ni las valuaciones fiscales
La ley de Responsabilidad Fiscal que frenaba la incorporación de agentes públicos y el control del gasto se mantuvo suspendida y tampoco se actualizó el valor de las propiedades
5 minutos de lectura'
PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Antes de asumir en el Ministerio de Economía, Silvina Batakis ocupó la secretaría que articula con las provincias desde el Ministerio del Interior. Desde ese puesto negoció con los gobernadores algunos de las medidas de restricción del gasto que anunció ayer. Pero las medidas no solo no se concretaron, sino que sucedió lo contrario: la administración de Alberto Fernández aceptó continuar con la suspensión del Pacto Fiscal aprobado en la gestión de Mauricio Macri y la ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada a fines de 2017 por el Congreso y que solo se aplicó en 2018. Allí se establecen las reglas para contener el empleo público, la deuda y el gasto de las provincias.
Durante la gestión macrista también se creó el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi), que tampoco avanzó en el objetivo –ahora ratificado por Batakis– de actualizar los valores sobre los que las provincias cobran el impuesto patrimonial a inmuebles y la Nación calcula el impuesto a los Bienes Personales. Hay distritos en las que las valuaciones equivalen al 10% del valor real de los inmuebles, y en promedio rondan el 25%.
Ya el año pasado no rigieron las reglas para la medición del crecimiento del gasto en las provincias que fija la ley de Responsabilidad Fiscal; también quedó sin efecto la obligación de no aumentar los cargos ocupados y el indicador de endeudamiento (los servicios de la deuda debían ser inferiores al 15% de los recursos corrientes). Aunque las provincias son autónomas para fijar sus presupuestos, si gastan más de lo que tienen la presión cae sobre la Nación, que tiene que salir a socorrerlas.
Marcelo Capello, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, señaló que entre diciembre de 2019 y abril de 2022 la cantidad de asalariados públicos creció en 151.000 personas, “más que en los cuatro años de la administración de Macri, cuando fueron 121.000″. Agregó que en el segundo gobierno de Cristina Kirchner el plantel estatal había crecido en 541.000 personas.
“Claramente se necesita reducir, o como mínimo estabilizar, la cantidad nominal de agentes públicos, dado el número desproporcionado que existe –comparativamente con otros países– y el rápido cambio tecnológico que ahorra necesidad de trabajo en casi todos los sectores, entre ellos el público. Ha sido un desafortunado error no haber limitado antes el crecimiento de esta variable”, añadió Capello.
Un trabajo del Ieral de fines del 2021 muestra que en 13 de las 23 provincias hay más empleados públicos que privados. La Rioja y Santa Cruz encabezan ese ranking, mientras que en el otro extremos se ubican Córdoba y Mendoza.
Ariel Barraud, director del Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, describió que después de firmado el Pacto Fiscal se fueron reduciendo los giros discrecionales de la Nación a las provincias, en conjunto con un aumento de la coparticipación, a la vez que se esperaba que redujeran la presión impositiva local por la baja de Ingresos Brutos. Con la suspensión del Pacto Fiscal en 2019, las administraciones pudieron volver a aumentar esas alícuotas o suspender las bajas.
Barraud agregó el acuerdo con el FMI contempla que parte del ajuste de la Nación se va a trasladar a las provincias con una reducción de los giros discrecionales –”sobre lo que ya se está avanzando”–, con la expectativa de que la “compensación” venga por el lado de Ingresos Brutos.
“Aparece, de nuevo, la idea de actualizar las valuaciones fiscales. No se logró implementar del todo y ahora hay una redefinición del Ministerio que lo tendrá a cargo”, afirmó. En esa línea, señaló que los gobernadores podrían, por esa vía, subir ingresos propios. “Tienden a no incrementar el impuesto inmobiliario porque es una carga muy visible, mucho más que Ingresos Brutos. Tendrían la excusa justa si la revaluación es impulsada por la Nación”, completó.
Para Nadín Argañaraz, titular del Iaraf, la instrumentación de una metodología “uniforme” de cálculo de los valores de inmuebles en todo el país es “un paso importante hacia el sinceramiento de valores en línea con las valuaciones reales o de mercado”.
Admite que, para muchos contribuyentes, seguramente implicará un aumento de los impuestos inmobiliario y de Bienes Personales: “Es un avance en línea con una mayor equidad tributaria. El impuesto a la propiedad brinda mayor progresividad. Pero también hay que hacerlo para evitar la iniquidad que hoy se da entre quien tiene un activo con valuación muy próxima a la de mercado (efectivo) y quien teniendo el mismo monto de dinero pero puesto en un inmueble cuya valuación está muy alejada de la de mercado”.
Más leídas de Política
