Espionaje ilegal: quién es y por qué detuvieron al policía Ariel Zanchetta

Una investigación judicial por espionaje ilegal llevó a la detención de Ariel Zanchetta en junio pasado, y un peritaje sobre sus dispositivos tecnológicos reveló 1196 informes de inteligencia ilegal sobre distintas figuras públicas y civiles que habría realizado este hombre, suboficial retirado de la policía federal y exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La causa está siendo investigada por el fiscal Gerardo Pollicita.

La orden judicial que llegó a los dispositivos de Zanchetta comenzó a partir de la investigación por el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que reveló los encuentros secretos de este funcionario porteño con jueces federales y directivos del Grupo Clarín en la estancia de Lago Escondido.

Por este hecho fue apresado el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, que también fue señalado por ingresar a las líneas de jueces y camaristas. Al tirar del hilo de esta pista, el representante del Ministerio Público Fiscal acabó llegando a Ariel Zanchetta.

Ariel Zanchetta es un policía retirado de 57 años, nacido en Junín, que se presenta como periodista. Los investigadores llegaron a él buscando cómo se hacía Nuñes Pinheiro de los datos personales de los jueces que necesitaba para tomarles sus teléfonos. Pollicita detectó que los datos eran buscados en una base llamada Sudamericadata Group (que tenía información obtenida presuntamente de forma ilícita). Ante la consulta del fiscal, los responsables de esa base de datos respondieron que quien figuraba como responsable de la búsqueda de la información de los jueces era Zanchetta. El 26 de junio de este año, Zanchetta fue detenido y desde entonces está preso. En su currículum, que Pollicita incorpora en el dictamen, Zanchetta dice haber hecho cursos de periodismo (y de contrainteligencia) y consigna haber trabajado como asesor de la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso hasta diciembre de 2017 y ser “corresponsal y colaborador para el diario del Grupo Clarín de Buenos Aires CABA”. En el sitio web de Clarín no aparecen notas firmadas por él.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, uno de los principales impulsores del juicio político contra los jueces de la Corte y denunciante frecuente de diferentes magistrados, y Fabián “Conu” Rodríguez, alto dirigente de La Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner, figuran entre los contactos de Zanchetta.

En el informe de la Dajudeco incorporado a la causa aparecen diálogos entre el policía retirado y ellos dos. Pollicita transcribe un intercambio de chats entre Zanchetta y Rodríguez, en el que el funcionario camporista le pide información sobre Victoria Tolosa Paz, cuando se hizo público que iba a ser ministra de Alberto Fernández. Rodríguez le envía un link del sitio web del “country donde vive la nueva ministra de Desarrollo Social”. Zanchetta le pregunta: “Necesitas un parte. O armo algo para portal. De esta tengo todo”. Rodríguez le responde: “Todo suma” y sobre el parte: “Esto me vendría bien también. Para tener”. Zanchetta contesta: “Dale, te mando toda la tira como le decimos nosotros. Mañana lo tenés. Y armo nota tema country por dios esta mina no toca a un pobre no con una caña y si lo toca con una caña se lava las manos con alcohol”. Zanchetta le dice a Rodríguez que el mes siguiente iba a viajar “a Capital” y quedan en verse.

Según Pollicita, está probado que Rodríguez le pagaba a Zanchetta “a través del otorgamiento de pauta oficial” al sitio “Enclave.ar” de parte del Ministerio de Comunicación Pública del gobierno bonaerense. El fiscal recordó que Rodríguez fue Subsecretario de Coordinación de Medios en la provincia desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, antes de asumir su cargo actual en la AFIP. Lo que se comprobó que Zanchetta cobró en un año fueron $1.980.000 (recibía pagos mensuales hasta que lo detuvieron; los últimos meses, de $200.000). También las municipalidades de San Isidro ($98.000 por mes, de mayo a octubre de 2023) y de Leandro N. Alem ($20.000 por mes, de marzo a mayo) figuran con pagos de publicidad oficial a Enclave.ar en el dictamen de Pollicita. En el caso de Rodríguez, Pollicita destaca que además de haberle encargado la tarea de inteligencia sobre Tolosa, el funcionario le gestionó el cobro de la pauta, según surge de los chats.

En cuanto a Tailhade, no aparece en el dictamen del fiscal, pero el informe sobre el teléfono de Zanchetta que hizo la Dajudeco da cuenta de intercambios con el diputado. Entre los diálogos incorporados a la causa hay uno en el que Tailhade le pide: “Cuando quieras contame lo de Juez” y, ante la confirmación de Zanchetta de que se lo va a pasar, el diputado le dice: “Te paso un correo seguro”. Además, Tailhade le agradece un informe sobre las causas de Elisa Carrió y Zanchetta le ofrece los chats de los jueces y funcionarios que viajaron a Lago Escondido y hablaban sobre cómo ocultarlo. Tailhade, que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue director de Contrainteligencia de la SIDE, se presentó en la Justicia y se puso a disposición. Este martes dijo a LA NACION que es víctima de una “operación berreta de Rosatti y [Silvio] Robles”, mano derecha del presidente de la Corte, para “atacar el pedido de juicio político” a los jueces del máximo tribunal.

Zanchetta “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas obtuvo y reunió información personal de miles de personas ―entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros― la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia”, escribió Pollicita.

Según supo LA NACION, había informes básicos, con datos tales como trabajo, ingresos, nombres de sus familiares, y otros que incluían seguimientos, datos de informantes y cámaras ocultas.

La lista de los políticos que fueron objeto de las investigaciones incluye a Alberto Fernández, Massa, Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky, Milagro Sala y Juan Grabois, entre otros. También a Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión y Nicolás Kreplak. De los jueces, se siguió a los ministros de la Corte Suprema Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; de la Casación Federal, a Hornos y Borinsky; de la Cámara Federal porteña, a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También a otros jueces federales, como Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak, y al procurador general interino, Eduardo Casal; al consejero de la Magistratura Miguel Piedecasas y al funcionario Silvio Robles. Entre los periodistas, a Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro Etchecopar, Pablo Duggan. Entre los empresarios, a Ángel Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc. También se hicieron seguimientos a artistas, como Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián y Dipy Martínez. A dirigentes deportivos, como Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D’Onofrio y Claudio Tapia, y a dirigentes sindicales, como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli, Francisco Omar Plaini.

Según el dictamen de Pollicita, Zanchetta fue 25 años agente de la Policía Federal Argentina (desde 1988 hasta 2013) y, de acuerdo con lo que él mismo consignó en su currículum, se formó en la Escuela del Cuerpo Federal de Inteligencia de la PFA y, en esa fuerza, prestó funciones “en materia de inteligencia y contrainteligencia criminal”. Después —dice el fiscal— fue incorporado como agente “inorgánico” de la SIDE, “cuanto menos hasta fines de 2015″ y en ese rol “habría realizado actividades de inteligencia para funcionarios de dicho organismo”. Según Pollicita, Zanchetta nunca abandonó sus tareas de espía al servicio de terceros: “Cuanto menos, desde comienzos del año 2016 y hasta su detención el 26 de junio de 2023, se habría dedicado en forma constante y permanente a la realización de actividades de inteligencia ilegal”.

Los investigadores se llevaron de lo de Zanchetta computadoras y teléfonos, y en la causa se encargó un gran “allanamiento informático” a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema. Según el dictamen de Pollicita, la Dajudeco encontró 1196 informes sobre diferentes “objetivos”, desde el presidente Alberto Fernández y los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, hasta jueces, periodistas, sindicalistas y religiosos; también, algunos casos de personas sin exposición pública. Hasta ahora, lo analizado fueron dos computadoras y un teléfono, dijeron fuentes judiciales. En esos dispositivos se encontraron, por ejemplo, 19 videos grabados con cámaras ocultas. Resta revisar el contenido de 17 aparatos más. Pollicita advierte que todavía no se puede precisar la cantidad de personas que fueron objeto de este espionaje ilegal.

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