Fallo judicial a favor del equipo de la AFIP que denunció al kirchnerismo

El kirchnerismo sufrió un nuevo traspié en los tribunales. La Justicia concluyó que no se encontraron indicios para sostener que hayan existido “grupos especiales” dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinados a perseguir a empresarios o funcionarios kirchneristas durante el gobierno de Cambiemos y, por el contrario, convalidó la actuación desarrollada entre 2015 y 2019.

La decisión la adoptó el juez federal Sebastián Casanello, quien sobreseyó a Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. El magistrado concluyó que Mecikovsky, al que el kirchnerismo tiene en la mira y apartó de sus funciones desde hace años, no lideró una supuesta asociación ilícita dentro del organismo, sino que cumplió con su labor como funcionario.

Casanello dispuso el sobreseimiento de Mecikovsky este lunes, en un expediente en el que cifraba sus esperanzas el kirchnerismo. Acumuló las denuncias que presentaron Rubén Ángel Toninelli, quien dirigió la Dirección General Impositiva (DGI) durante la gestión de Ricardo Echegaray, y otros ex funcionarios del organismo durante esa gestión como Mariana de Alva, Carlos Sánchez, Norberto Filipini y Guillermo Michel, actual titular de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El expediente se había iniciado en 2016 con una acusación contra Mecikovsky por presunto falso testimonio. Le enrostraron que habría declarado falsedades en una investigación penal abierta contra Toninelli por su presunta connivencia con Lázaro Báez. Pero a esa primera denuncia se sumaron con el correr de los meses otras acusaciones de otros exfuncionarios de Echegaray por el mismo delito, como supuesto líder de una asociación ilícita y otros delitos como violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.

La investigación quedó en manos del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien dispuso múltiples medidas de pruebas, pero las hipótesis se diluyeron o se comprobaron falsas durante la instrucción del expediente. Y ahora, casi siete años después de radicada la primera denuncia –y un largo periplo de apelaciones que llegó hasta la Casación-, Casanello sobreseyó a Mecikovsky y ordenó archivar las actuaciones contra el resto de los miembros del “grupo especial” a los que les endilgaban conformar una asociación ilícita.

De acuerdo a la denuncia de Toninelli –quien está probado que siendo titular de la DGI viajó a Río Gallegos en el avión privado de Lázaro Báez junto a Martín Báez y su hijo Federico Toninelli mientras la AFIP investigaba a los Báez-, Mecikovsky habría liderado una asociación ilícita dentro de la AFIP con otros funcionarios y técnicos. Entre ellos, Manuel Rodríguez, Pablo Legardón, Carlos Blanco, Silvina Huici, Juan José Cappannari, Pedro Robledo, Santiago Eduardo De Marco, Roberto Mario Ávila, Sansinena y Juan Carlos Santos.

Para Casanello, sin embargo, la acusación no tenía asidero para prosperar. “Dejando a un lado la orfandad probatoria”, sostuvo, “las críticas [de Toninelli y otros] son tan genéricas que no podrían constituir el cuerpo de ninguna intimación válida”, concluyó.

El magistrado también descartó las denuncias por presunto falso testimonio contra Mecikovsky, y otros técnicos de la AFIP por sus afirmaciones en expedientes incómodos para Báez, Toninelli y otros funcionarios. “La acusación de falso testimonio que se le realiza en esta causa a Huici, Blanco y Mecikovsky, al igual que su instigación, carece de contenido concreto al no haberse individualizado cuáles habrían sido las falsedades afirmadas, o las verdades negadas o calladas en sus declaraciones”, remarcó Casanello.

A lo largo de su resolución de 27 carillas, Casanello destacó incluso que lejos de verificarse los supuestos falsos testimonios, la Justicia terminó por corroborar la veracidad de sus dichos. Así ocurrió en Bahía Blanca y en la ciudad de Buenos Aires, donde se constató que Báez y otros protagonizaron un fraude tributario multimillonario con facturas truchas en perjuicio del Estado, lo que resultaría el delito precedente del lavado de activos por el que el propio Báez ya fue condenado en la llamada “ruta del dinero K”.

“En este contexto”, destacó Casanello, “lo relevante de las testimoniales de Huici, Blanco y Mecikovsky estaba dado por las características que habían tenido las fiscalizaciones llevadas adelante sobre las empresas que le proveían de facturas apócrifas a Austral Construcciones, hecho que incluso no sólo fue corroborado en la Justicia federal de Bahía Blanca en la causa 10451/2014, la cual cuenta con un procesamiento confirmado por la Cámara [Federal de esa ciudad] y ha sido elevada a juicio recientemente por esos hechos, sino que también tuvo incidencia en los procesos por delitos tributarios que actualmente tramitan ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico”.

Tanto para Mecikovsky como otros funcionarios y técnicos de la AFIP, la resolución de Casanello resulta un alivio y una reivindicación. Muchos de ellos fueron desplazados de sus cargos y sufrieron represalias desde 2019 por investigar a la familia Kirchner, Báez y Toninelli, entre otras figuras, laderos o empresarios kirchneristas.

En el caso de Mecikovsky, la primera titular de la AFIP durante la presidencia de Alberto Fernández, Mercedes Marcó del Pont lo envió al área de “almacenes” del organismo, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí. Lo trasladaron sin funciones, escritorio, ni computadora.

Mecikovsky cosechó, además, denuncias penales, operaciones mediáticas y hackeos en sus computadoras durante los últimos años. Lo hostigaron por su labor como subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP y como testigo ante la Justicia. En febrero de 2022, por ejemplo, declaró en el juicio oral por la “causa Vialidad” sobre las maniobras que se desarrollaron durante el kirchnerismo, dentro de la AFIP, para proteger a Báez y sus empresas.

Mecikovsky fue, también, quien alertó a la Justicia que la denuncia que radicó Marcó del Pont por presunto “hostigamiento fiscal” contra la familia Kirchner –y que por extensión también benefició a Báez, Echegaray y Cristóbal López- se basó en una auditoría interna de la AFIP adulterada, que quienes la desarrollaron se negaron a firmar la versión modificada y que por eso fueron desplazados de sus cargos y se les bajaron sus sueldos.

En esa línea, al menos cuarenta funcionarios y empleados de la AFIP fueron desplazados de sus cargos, reasignados a funciones menores o, incluso, humillados durante los últimos años. Los castigos fueron porque habían investigado a los Kirchner, López, Báez o Echegaray, y en ciertos casos haber testificado sobre ellos ante la Justicia, según reveló LA NACION en junio de 2021.

Las represalias abarcaron a personal de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. A algunos les asignaron tareas administrativas. Otros ni siquiera cuentan con computadora o escritorio asignado. Pero todos cumplen una función desde entonces: sirven de mensaje disuasorio para los restantes empleados del organismo.

Incluso en el expediente que tramitaron el juez Casanello y el fiscal Marijuán desde 2016, la AFIP –ya durante la presidencia de Alberto Fernández- buscó ser aceptada como querellante, pero su solicitud no prosperó. Ahora, se descuenta que Toninelli, entre otros, apelarán el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones.

Por Hugo Alconada Mon

• Alberto Fernández

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