Formosa: la jueza justificó el fallo que obliga a los periodistas a pagarle dos millones de pesos al gobernador

FORMOSA.-Se conocieron fundamentos del fallo de la jueza Giselle Drovandi, quien condenó a los periodistas Gabriel Herández, Andrea Cóspito, Cesar y Alucia Orué, Carlos Julián González, Carlos Varela y María de los Angéles López a pagarla suma de dos millones de pesos, en concepto de "daños y perjuicios" por una demanda entablada por el gobernador de la provincia Gildo Insfrán.

La jueza Civil y Comercial N° 1 fundamenta su determinación por la conducta antijurídica incurrida al permitir, por acción y omisión, la difusión de manifestaciones inexactas vertidas por una oyente en un programa radial, al afirmar en forma anónima que el mandatario había tenido directa participación en la muerte de su propio hijo, Gildo Miguel. En una causa previa se había determinado que el joven se quitó la vida al efectuarse un disparo en la cabeza hace más de diez años en la casa familiar.

A través de un extenso fallo de 94 carillas, la jueza Drovandi opinó que los periodistas y directores de medios que resultaron condenados, fueron responsables de la difusión, posterior análisis y propalación en días subsiguientes de los conceptos difamatorios formulados por la oyente que llamó al programa radial conducido por Hernández, y responsabilizó en forma directa al mandatario provincial como autor de la muerte de su propio hijo.

Según su consideración, los periodistas son responsables por los dichos de terceros que hablan y opinan en un programa.

"También por omisión, su conducta merece reproche, y ello ocurre cuando el periodista, el conductor, etc., asume una actitud pasiva frente al invitado, en el caso – una oyente- y omite impedir que se continúe con las manifestaciones difamatorias, injuriosas, intrusivas; u omite expresar no compartir tales expresiones, aclarar su posición al respecto o utilizar alguna forma expresiva que no deje lugar a dudas que no está alentando o avalando lo que dice el entrevistado u oyente", opinó Drovandi.

La jueza indicó que en el caso analizado, es indudable que las manifestaciones vertidas por la oyente (tercero ajeno al medio) al proferir asertivamente que "… todo lo que mata Gildo, hasta a su propio hijo mató…", resultaron expresiones difamatorias vejantes del honor del demandante e intrusivas, mortificando arbitrariamente los sentimientos o costumbres de Insfrán y de su familia, extremos que inclusive no merecen de prueba alguna.

"A nadie puede escapar que sí a un padre se lo acusa de matar a su hijo, ello no resulte lesivo de la reputación, como además de los sentimientos de la persona, importando todo ello un grosero agravio a la dignidad humana, lisa y llanamente, lo que doy por probado con ambas pruebas mencionadas que revisten el carácter de instrumento público", enfatizó.

Para la jueza, el periodista no solo omitió en ese primer programa adoptar alguna medida tendiente a impedir la agresión verbal hacia Insfrán, sino que debió advertir que con sus preguntas generaban respuestas alentadoras de la misma y otras injurias, situación que no terminó con ese primer programa, sino que continuó en otros sucesivos.

Por este motivo, consideró que las manifestaciones puestas al aire y avaladas en definitiva por el conductor, no solo son reveladoras del daño al honor del actor sino además perturbadoras de la tranquilidad y armonía de éste como la de su propia familia, "quienes se vieron mortificados al tener que tolerar las inescrupulosas declaraciones que apuntaron como autor del fallecimiento del menor Gildo Miguel Insfrán al propio padre, debiendo adicionarse a ello que también se ha vapuleado la memoria del fallecido, en tanto se ha difundido una causa de muerte falsa, repercutiendo ello a su vez en el actor y en su propia familia, verdaderos custodios de la memoria del difunto".