Fuerte rechazo a la ofensiva del gobernador de La Rioja por ampliar el control sobre los medios independientes

Una profunda preocupación suscita en el ámbito del periodismo independiente la ofensiva del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para aprobar una reforma de la Constitución provincial que refuerza el control sobre los medios y atenta contra el ejercicio de la libertad de prensa. Los ejes más controvertidos que el mandatario planea plasmar en la suprema ley provincial apuntan a supervisar el contenido de los medios, bloquear las señales nacionales que llegan desde Buenos Aires –y a juicio del gobierno local no se consideran independientes- y crear un holding de medios afines en la región del NOA.

“Lo que pretende hacer Quintela es una aberración política de parte de un funcionario de la democracia”, advirtió el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá, ante una consulta de LA NACION. Afirmó, además, que el plan del gobernador riojano “es una pésima manera de celebrar los 40 años de democracia en el país”.

Morales Solá recordó que “sin libertad de prensa no hay democracia ni República. Y lo que intentan en La Rioja es establecer un periodismo tutelado por los funcionarios políticos. Significa la desaparición de la prensa libre”.

El gobernador Quintela, que ha recibido más de una vez elogios del presidente Alberto Fernández, tiene una amplia mayoría en la Convención: cuenta con 27 constituyentes, sobre un total de 36. Y en la apertura de la asamblea, conformada a la medida de sus deseos, dejó en claro su propósito. “Queremos debatir sobre la libertad de expresión y la gobernanza”, afirmó.

Advertencia de ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó, en tanto, su alerta por el riesgo de que “el proceso de reforma constitucional que se lleva adelante en La Rioja termine estableciendo algún tipo de restricción a las libertades de expresión y de prensa, consagradas en nuestra Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

“La preocupación se ve agravada por los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien al abrir las sesiones de la Convención Constituyente de la provincia -que tiene como mandato aprobar una reforma a la carta magna riojana- se refirió a la regulación de la prensa independiente como uno de los aspectos claves de la misma”, advirtió la entidad, que preside Daniel Dessein.

ADEPA advirtió que “es sumamente riesgoso que en el sistema democrático y republicano cualquier gobierno -nacional, provincial o municipal- pretenda actuar como juez o árbitro de la veracidad de la información o tener injerencia en los contenidos de los medios de comunicación”.

Añadió que “ese riesgo tiene una gravedad inusitada si esa pretensión busca ser plasmada en un texto constitucional”. Y citó el antecedente de la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde se estableció el concepto de información “oportuna, veraz e imparcial”, lo que fue objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Si se aprueba esta reforma vamos a impugnarla ante la Justicia, porque esos postulados violan la Constitución nacional”, anticipó la presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), Silvana Giudici, en diálogo con LA NACION.

“Quintela viene apuntando hace un año contra los medios nacionales”, puntualizó Giudici, al recordar que en noviembre de 2022 la plataforma estatal Internet para Todos de La Rioja bloqueó en la provincia las señales de LN+ y del grupo multimedia Fénix, la única radio opositora local y la más escuchada.

El periodista Jorge Sigal, con una reconocida actuación en la defensa de la democracia, observa el caso de La Rioja en el contexto de la aparición de “gobernadores con aspiraciones autoritarias”. Consultado por LA NACION, afirmó que “la democracia no es solo obtener votos y conseguir una mayoría. Se sustenta en los controles que la propia democracia establece y en el equilibrio de poderes”.

Identificó a Quintela con el modelo de Gildo Insfrán en Formosa, y dijo que ambos son “pequeños tiranos del interior”. Llamó, así, a “no confundir el apoyo en los comicios con los pilares de la democracia”.

Sigal sostuvo que “no se puede avanzar contra la libertad de expresión y la libertad de la gente de recibir información”.

“Feudalismo informativo”

Los antecedentes del gobernador, que en diciembre comenzará su segundo mandato y aspira a consagrar en la Constitución la cláusula de la reelección indefinida, se extienden al manejo de la Justicia, otro termómetro sensible al grado de vigencia de las garantías constitucionales. En 2021 logró el nombramiento de su sobrina Ana Karina Becerra como presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

En otra oportunidad propuso armar una red de canales de TV oficialistas: “Tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar”.

La Rioja integra el lote de provincias con más luces de alarma en materia de libertad de expresión. Los informes de la Fundación LED la ubican entre las provincias de “alto feudalismo informativo”, explicó Giudici.

“La más emblemática es Formosa, donde no hay medios alternativos. Después aparece Santa Cruz, que solo tiene un medio independiente. La Rioja presenta condiciones similares a las de Santiago del Estero. En ambos casos los periodistas son presionados cuando critican al gobierno y en la administración de Quintela existe un amplio dominio sobre la prensa audiovisual”, añadió la titular de la Fundación LED.

Hace unos meses, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) criticó expresiones del gobernador Quintela, sobre la necesidad de poner límites al periodismo, con el argumento de que “generan desaliento” en la sociedad. La entidad, que preside Paula Moreno, advirtió que sus dichos “revelan un serio desconocimiento del marco constitucional y que son peligrosos para el libre ejercicio del periodismo, porque una mayor regulación afectará directamente la pluralidad de expresiones periodísticas y editoriales”.

Fopea sostuvo que “en lugar de nuevas limitaciones y restricciones, los periodistas necesitan contar con mayores libertades para garantizar a la sociedad el derecho constitucional a la información”.

Categórico, el periodista José Ignacio López sumó argumentos para el cuestionamiento. “Es una flagrante contradicción en los términos lo que propone el gobernador riojano: convocar a los constituyentes propiciando un avasallamiento de la libertad de expresión protegida por la Constitución argentina”, expresó, ante una consulta de LA NACION.

“La celebración del período de estabilidad institucional más extenso de nuestra historia es una oportunidad para que la democracia revise sus falencias y asuma sus inaceptables deudas sociales. Y, para hacerlo, necesita de un periodismo dispuesto a aceptar y cumplir con honestidad su papel mediador en la democracia. La presunta regulación que se plantea y que esconde una segura censura, conspira contra aquél propósito irrenunciable para los periodistas”, observó López.

En las últimas horas, también Marcelo Longobardi transmitió su preocupación por el avance de la reforma impulsada. por Quintela. “Es un autócrata consumado”, dijo el periodista en su programa por Radio Rivadavia, al considerar que el objetivo de Quintela de debatir sobre la libertad de expresión y la gobernanza “es el asunto más grave de todos”.

“Es muy serio porque anida en el pensamiento de la mayoría de los dirigentes del peronismo, y presumo que también en la señora Cristina Kirchner. A los tipos no les gusta mucho la libertad de expresión”, señaló con dureza.

El periodista Miguel Wiñazki, en tanto, definió al gobernador de La Rioja como un “burdo Torquemada: no entendió que hace mucho que la información rompió todos los cepos”.

En el campo político también hubo reacciones. Para la exdiputada Margarita Stolbizer, quien llevó varios casos de corrupción a la Justicia, la iniciativa de Quintela es una “peligrosa maniobra para limitar la libertad de prensa y el derecho de acceder a la información”. Y sostuvo que “la gobernanza va de la mano d la transparencia, igual que el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas”.

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