Fuertes críticas de la SIP al Gobierno

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Congreso argentino que se renovará el 10 de diciembre la revisión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, recientemente aprobada, y denunció una escalada de agresiones a periodistas y medios por parte del oficialismo.

Al concluir su 65a Asamblea General en Buenos Aires, el organismo que agrupa a 1380 periódicos del continente emitió dos resoluciones referidas específicamente a la Argentina, en el contexto de duros análisis sobre la situación de la libertad de expresión en varios países latinoamericanos.

La entidad expresó su "preocupación por la virulencia registrada en las cuantiosas acciones dirigidas desde el gobierno argentino o sectores afines contra periodistas, directivos de medios y empresas editoras, que tienen como objetivo intimidar y afectar el normal desarrollo de la tarea periodística".

Estimó que la virulencia que tiene esa escalada presenta modalidades "hasta ahora inéditas en la conflictiva relación del gobierno argentino con la prensa".

En los considerandos, la SIP señaló "la intervención de teléfonos y correos electrónicos de periodistas y editores, maltrato a profesionales en conferencias de prensa; ataques físicos a locales de diarios, agencias periodísticas y domicilios particulares de directivos de medios; la difusión de panfletos, y una costosa campaña de difamación mediante afiches y pintadas en la vía pública".

También mencionó el operativo de 200 inspectores de la AFIP en el diario Clarín y en domicilios de sus directivos, la denuncia de un plan oficial para intervenir la empresa de papel para diarios Papel Prensa, los bloqueos a la distribución de publicaciones por el sindicato de camioneros y el reciente decreto presidencial que "pretende alterar la relación de las empresas editoras de diarios y revistas con su cadena de distribución".

El documento afirmó que "persistió la distribución arbitraria de la publicidad oficial como un método indirecto de presión editorial".

Y mencionó el uso que hacen funcionarios públicos de procesos penales como herramienta de presión contra editores y periodistas, como las querellas iniciadas por un funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Stiuso, contra editores de La Nacion –el presidente del directorio, Julio Saguier, y el director, Bartolomé Mitre– y periodistas de Clarín.

Por otra parte, la asamblea de la SIP expresó su preocupación por "las consecuencias negativas" que la ley de servicios de comunicación audiovisual "tendrá para la libertad, la diversidad y la sustentabilidad de los medios vigentes en el país".

En las deliberaciones de la asamblea, y también en sus conclusiones, se vinculó la ley argentina con una tendencia a la manipulación estatal de la radiodifusión y al hostigamiento de los medios independientes, de la cual se considera el ejemplo más saliente y restrictivo el proyecto de ley de comunicación que impulsa el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y que discute ahora la asamblea nacional de ese país.

La SIP resolvió "solicitar al Parlamento argentino, cuya composición se renueva el próximo 10 de diciembre, la revisión del texto aprobado para que la ley que regule los servicios de comunicación audiovisual sea una norma basada en criterios de razonabilidad y acorde con los parámetros internacionales que rigen en materia de regulación de los servicios audiovisuales".

En los considerandos, la resolución de la SIP estima que la ley aprobada por el Congreso argentino "otorga fuertes discrecionalidades al gobierno de turno para la adjudicación y revocación de licencias, así como para la imposición de sanciones, habilitando un control editorial indirecto".

Señala también que "presenta una clara discriminación contra los medios privados, al limitar su alcance y prohibirles la constitución de redes o cadenas, mientras que los medios estatales no resultan alcanzados por dichas restricciones".

En ese sentido, considera que esa ley "apunta a una fragmentación del espacio de los medios privados, desentendiéndose de su sustentabilidad, lo que los hará más vulnerables y dependientes de recursos oficiales o de intereses ajenos al sector".

Manifiesta, asimismo, que la ley contiene disposiciones retroactivas, "que desconocen licencias vigentes y debidamente otorgadas, vulnerando los derechos adquiridos de radiodifusores y la seguridad jurídica".

Y estima que el texto compromete principios constitucionales, como la libertad de expresión, el federalismo y el derecho de propiedad, y principios supranacionales de derechos humanos. La apelación de la SIP no se limita al Congreso; apunta a otros ámbitos (como el judicial) para que velen por la libertad de expresión y las garantías constitucionales.

• Control. Otorga fuertes discrecionalidades al gobierno de turno para la adjudicación y revocación de licencias, así como para la imposición de sanciones, habilitando un control editorial indirecto.

• Retroactiva. La ley contiene disposiciones retroactivas, que desconocen licencias vigentes y debidamente otorgadas, vulnerando los derechos adquiridos de radiodifusores y la seguridad jurídica.

• Discriminación. Presenta una clara discriminación contra los medios privados, al limitar su alcance y prohibirles constituir redes o cadenas, lo que no rige para los medios estatales.

Por Jorge Rouillon

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