Fuga en Alvear: Vidal denunció "complicidad" del Servicio Penitenciario

LA PLATA.- La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, pudieron escapar de la cárcel de General Alvear porque contaron con la "complicidad de una parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)". Por eso anunció la intervención del penal, removió a toda la cúpula del SPB y adelantó que presentará una denuncia ante la Justicia para "que pague quien tenga que pagar". Y fue aún más allá: "El narcotráfico ha penetrado la política", sentenció.

Lo afirmó directa, enfáticamente, antes de que alguien se lo preguntara, en una conferencia de prensa que ofreció a las 16.30 en el salón de usos múltiples de la gobernación. Al lado de ella estaban el vicegobernador, Daniel Salvador, y los ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Carlos Mahiques. Temprano, por la mañana, en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expresó el pleno aval del Gobierno a Vidal, aunque evitó involucrar al presidente Mauricio Macri y a la administración nacional en el escándalo bonaerense (ver aparte).

Vidal fue tajante en sus primeras palabras de análisis de la situación. "A lo largo de la campaña, me han escuchado hablar de narcotráfico y del Servicio Penitenciario. También han escuchado el compromiso de que esto va a cambiar. Lo que pasó el domingo es el resultado de las decisiones que tomamos. Nosotros le decimos no a la corrupción y sí a la lucha contra el narcotráfico. Eso tiene consecuencias, porque pelear contra las mafias tiene costos: la fuga es uno de estos costos. Sabemos que pueden suceder más situaciones difíciles, pero vamos a hacer lo que hay que hacer. No nos van a frenar. No los voy a defraudar."

Luego de esa introducción, dijo que "la fuga no hubiera sido posible sin la complicidad de una parte del Servicio Penitenciario". Sin embargo, cuando se le preguntaron nombres propios sobre tales complicidades, respondió: "No tiro nombres. Va a tener que avanzar la Justicia". Pero insistió: "Una parte del SPB fue cómplice". Y sostuvo que tal vez las causas haya que buscarlas en la serie de inspecciones que se realizaron en los penales bonaerenses y que motivaron la elaboración de la ley de emergencia penitenciaria, que tratará hoy la Legislatura.

Próximas medidas

La gobernadora pidió que se apruebe la norma, ya que de esa manera se agilizaría la puesta en marcha de una serie de medidas para "la reestructuración del SPB y el área de Asuntos Internos". Y para "dotar de tecnología al servicio penitenciario", como "cercos electrónicos y cámaras que funcionen, e inhibidores de celulares". Además, anunció, construirá nuevas cárceles y alcaidías.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Jorge Sarghini, respaldó las medidas anunciadas por Vidal. "Compartimos la preocupación por el avance del narcotráfico y la decisión de luchar contra él y otras mafias enquistadas en las estructuras de poder -dijo-. Desde el Frente Renovador apoyamos la ley de emergencia para el Servicio Penitenciario Bonaerense."

Pero hay medidas más urgentes: ayer, el ministro Mahiques puso en funciones al nuevo jefe del SPB, Fernando Díaz, que reemplazó a la desplazada Florencia Piermarini, y deberá nombrar a los nuevos cinco integrantes de la plana mayor, lo que ocurrirá hoy, según el gobierno.

En tanto, la policía de la provincia y las fuerzas federales continuaban anoche buscando a los prófugos que tienen pedido de captura internacional de Interpol. Por su parte, Ritondo dijo que, además del Fiat 128 que usaron los delincuentes para salir del penal con un guardia como rehén, después de tener que empujarlo para que arrancara, anteanoche fue secuestrada una camioneta que habría sido utilizada después y dos aparatos de GPS. En diciembre de 2013, los presos ya habían intentado escaparse del penal de Sierra Chica, junto con Marcelo Schillaci, el otro condenado, que ahora está en el penal de Olmos.

Aníbal Fernández, el principal competidor de Vidal en la carrera para la gobernación, coincidió en algo con la mandataria: en que los condenados por el triple crimen debieron contar con ayuda para poder escapar. Pero responsabilizó al nuevo gobierno de la fuga; le pidió a Vidal "que haga un mea culpa y se golpee el pecho", y reclamó la aparición con vida de los presos (ver en la página 10).

Vidal le pidió a Fernández que "justamente en este caso se llame a silencio". Durante la campaña electoral en la provincia, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner fue acusado por Martín Lanatta de ser uno de los instigadores del triple homicidio, lo que nunca fue ratificado en la causa judicial, y lo vinculó con el narcotráfico.

Luego de la conferencia de prensa que ofreció Vidal, Fernández dijo que "ni loco" se llamará a silencio como le pidió la gobernadora y aclaró: "No tengo nada que ocultar".

La mandataria también objetó al anterior ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal, que había dicho que la fuga "nada tiene que ver con la política". En respuesta a ello, Vidal dijo: "Casal estuvo a cargo del sistema que hoy está en crisis y declaramos en emergencia".

Ayer, Franco Schillaci, hermano de uno de los prófugos, dijo que "la fuga es una excusa; van a aparecer muertos".

La cúpula, descabezada

Seis funcionarios vinculados al Servicio Penitenciario fueron desplazados

Cuatro directores

Claudio Cardo

Director de Coordinación

Carlos Russo

Asistencia y tratamiento

Marcelo Rotger

Seguridad

Gabriel Demurtas

Formación y capacitación

Un subdirector

Alberto Páez

Subdirector de Recursos Humanos

Fue director de la Unidad 18, en Gorina, y desde hace tres años pasó a integrar la cúpula del Servicio Penitenciario

Florencia Piermanini

Es jefa

Es abogada. Fue la primera mujer en encabezar el Servicio Penitenciario Bonaerense. Estaba desde febrero de 2012 y fue propuesta por Ricardo Casal

Fernando Díaz

Jefe del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires

Ya había ocupado el actual cargo entre 2005 y 2009. Hasta ayer, se desempeñaba como subjefe del Servicio Penitenciario Federal. Fue criticado por la "masacre de Magdalena", en 2005, cuando murieron 33 presos en un motín