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“Igualdad ante la ley”. El Gobierno dice que hay que evaluar los planteos de prisión domiciliaria para detenidos por delitos de lesa humanidad
En su paso por Mendoza para la puesta en marcha del sistema acusatorio, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich indicaron la existencia de “iniciativas particulares, no colectivas”. Para la ex presidenta del PRO “hay detenidos que tienen 90 años con enfermedades terribles en prisión”.
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.- La polémica visita de legisladores nacionales a represores de la última dictadura militar en el penal de Ezeiza abrió una nueva puerta, que se analiza en el seno del Gobierno: la posibilidad de otorgarles la prisión domiciliaria. Aunque no existe un proyecto colectivo, empiezan a aparecer iniciativas particulares para beneficiar a los condenados. Así lo manifestaron Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, en su visita a Mendoza, adonde concurrieron para la puesta en marcha del sistema acusatorio en la región (incluye San Juan y San Luis).
“Es un tema que lo han sacado mucho en estos días. Tal vez hay un estudio individual, pero nada colectivo”, indicó el ministro en tierra cuyana, quien, previamente, en una entrevista con LA NACIÓN dijo que es “salvaje” que haya 300 represores de 80 años presos y enfermos. Fue la expresidenta del PRO quien se metió en la controversia, tras asegurar que “la ley debe ser igual para todos” y no rechazó la idea de dictarle prisión domiciliaria a detenidos por delitos de lesa humanidad.
“Lo que tiene que primar es la igualdad ante la ley. A los 70 años las personas que están condenadas por cualquier delito, ya sean robos, homicidios o lo que fuere, pueden salir. Hay casos de detenidos por delitos de lesa humanidad que tienen 90 años con enfermedades terribles en prisión. Una cosa es cumplir con la condena y la otra es obligar a cumplir una condena con cáncer terminal en una cárcel”, expuso la funcionaria horas antes de la conferencia de prensa con Cúneo Libarona, durante una recorrida por el Banco de Huellas Genéticas con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
En este tren, la ministra buscó explicar su posición sobre la controversial visita de los legisladores libertarios a genocidas como Alfredo Astiz, al tiempo que dejó en claro que no se trató de una reivindicación. “No es reivindicar. Los que fueron tienen otra versión. Estuvieron en un pabellón y en ese pabellón estaban estos detenidos. Más allá de esto, no hay ninguna prohibición para ir. Yo en lo personal, no iría a visitarlos, de esto se tendrán que hacer cargo los que lo hicieron. Desde la perspectiva de la libertad, si querían ir, podían hacerlo”, acotó Bullrich. También dijo que está de acuerdo si los diputados “tienen una lectura distinta del pasado y quieren dar vuelta la página”. Por eso, planteó que “no hay pensamiento único, ya que la libertad no es decir que hay 30 mil desaparecidos y si no opino igual, está mal”.
En tanto, el mandatario mendocino también dio su visión del eventual beneficio de detención, ya que los condenados por delitos de lesa humanidad no tienen un régimen especial. “La prisión domiciliaria no tiene que ser vista como un privilegio. Si contamos con buena tecnología tiene que ser vista como una contribución del sistema penitenciario. Pero si funcionara correctamente el sistema judicial y de represión del delito, habría mucha más gente privada de la libertad”, señaló Cornejo.
Por la tarde, Bullrich se sumó a la actividad con el ministro de Justicia por el tema del sistema acusatorio. De esta manera, el Gobierno avanza en la instrumentación del Código Procesal Penal Federal en todo el país “con el objetivo de acabar con los juicios eternos, darles las herramientas a los fiscales para que puedan meter presos a los delincuentes y combatir el crimen organizado”, expresó el titular de la cartera de Justicia. Asimismo, el 4 de noviembre se implementará en Neuquén y Río Negro, mientras que el 2 de diciembre se pondrá en funcionamiento en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Durante los próximos dos años se culminará su aplicación en el resto de la Argentina”, confirmaron desde el Ejecutivo.
“El Gobierno Nacional, que encabeza el presidente Javier Milei, se comprometió a ponerle fin a la impunidad y lo está cumpliendo. Todos dijeron que iban a hacerlo, pero finalmente se está haciendo realidad”, expusieron las autoridades nacionales.
Bajo este esquema, los fiscales serán los verdaderos protagonistas de la investigación, desde el comienzo hasta el cierre del proceso, sosteniendo la acusación en un juicio oral y publico. En tanto, se deja de lado el expediente papel, y se pasa al legajo electrónico y a una estructura de audiencias, por lo que las sentencias de los jueces podrán salir más rápido. El punto débil del nuevo sistema, en base a los cuestionamientos del sector, es la falta de personal y deficiencias en la infraestructura edilicia. De hecho, la Procuración General está gestionando un nuevo inmueble para mudar las oficinas fiscales, actualmente en el edificio de tribunales federales, ubicado en la calle España de la capital provincial. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza se han puesto a disposición para colaborar con instalaciones y equipamientos.
“Por estos días, se está estableciendo tecnología nueva en todas las salas. A todos los fiscales se los dotó de computadores portátiles, con alto volumen de almacenamiento. Estamos dando herramientas no sólo legales sino estructurales, tecnológicas, de capacitación y de medios de prueba”, aclaró Cúneo Libarona.
La coordinación de la Fiscalía Federal del Distrito Mendoza quedará en manos de la fiscal Gloria André. Por su parte, Dante Vega, será el fiscal revisor. De hecho, en la actualidad, ambos funcionarios judiciales son los encargados de la acusación por corrupción contra el ex magistrado federal Walter Bento. Con la nueva normativa, que establece el Régimen Procesal Acusatorio en el orden Federal, los procesos judiciales se redujeron a más de la mitad en las provincias donde ya funciona. Desde su implementación en mayo en Santa Fe, se dictó una sentencia en 30 días que antes tardaba un año. Es decir, el proceso de condenar a un narcotraficante antes llevaba un año y ahora solo 30 días. “Este proceso es una cuestión de Estado, ya está lanzado y vamos por más”, completó Cúneo Libarona.
