Impuesto a la riqueza: el proyecto puede quedar lejos de alcanzar a las grandes fortunas

El dueño de una de las cinco mayores fortunas del país estalló de sorpresa ante la consulta que LA NACION le hizo a través de un conocido en común. "¿Este chico no era inteligente?", preguntó cuando se le consultó dónde tenía registrado su domicilio fiscal y por qué muchos grandes empresarios eligen radicarse en el exterior. Con fastidio respondió que vivía en Buenos Aires y que sus colegas preferían tener domicilio en otro país, simplemente, por un tema de impuestos.

El proyecto para gravar las grandes riquezas que impulsa el Frente de Todos volvió a poner sobre la mesa una tensión histórica que atraviesa las relaciones entre la política y los empresarios, que deambulan de la molestia a la incertidumbre. Este último sentimiento no está justificado para el diputado Carlos Heller, autor de la iniciativa. "El proyecto es clarísimo", dice ante la consulta de LA NACION. "El aporte alcanza a las personas físicas por sus activos declarados en el país y en el extranjero al 31 de diciembre de 2019, y que superen los 200 millones de pesos", sostiene.

Heller habla mientras lee el proyecto que ya tiene estado parlamentario. "Nosotros no nos estuvimos fijando en ninguna lista", advierte. El proyecto, entonces, alcanzará a todas las personas que hayan tenido que declarar Bienes Personales ante la AFIP a fines de 2019. Es decir, los argentinos que tengan residencia fiscal en el exterior no estarán alcanzados, según el texto del oficialismo. Una diferencia que podría costar miles de millones de pesos.

Las exenciones pueden convertirse en curiosidades. El documento de Nicolás Caputo, definido por el expresidente Mauricio Macri como su hermano de la vida y entrenado inversor en compañías extranjeras, dice que vive en la Argentina. Eso, pese que en más de una conversación privada sostuvo que este país "no le saca más un peso". Para sorpresa de muchos, su enojo se conducía a los resultados económicos de la gestión anterior, de la que él mismo participó en el armado que condujo a Macri al poder.

Para sorpresa de muchos, su enojo se conducía a los resultados económicos de la gestión anterior, de la que él mismo participó en el armado que llevó a Macri al poder. Si prospera la propuesta de Heller, es probable que Caputo deba volver a pagar y no pueda cumplir con la regla que se autoimpuso.

En la vereda opuesta está Hugo Sigman, cuya historia empresaria comenzó mucho antes de que existiera el kirchnerismo, pero ganó relevancia pública por su cercanía a Cristina Kirchner y el hecho de que una de sus empresas fabricará en el país la vacuna contra el coronavirus.

Sigman vive en Madrid, donde pasa la mayor parte del tiempo, y tiene domicilio español. Se exilió en 1976, después del último golpe militar. Desde afuera creó un laboratorio multinacional que luego trajo a la Argentina. Tan cierto como que nadie puede acusarlo de irse por los impuestos es que nunca volvió a radicarse aquí. Como sea, un referente empresarial del progresismo como Sigman no debería, entonces, pagar este aporte extraordinario, según la definición de Heller.

Aunque piensan distinto en términos políticos, su condición de "extranjeros" es una similitud entre Sigman y Marcos Galperin. El creador de Mercado Libre defendió la gestión de Macri y cuestionó al Frente de Todos, pero le pidió al zar de los laboratorios que le facilitara el armado de una reunión con Alberto Fernández tras su victoria en las elecciones primarias del año pasado.

Galperin se juntó con el Presidente y Mercado Libre adquirió en la pandemia un rol aún más relevante que antes en la economía argentina. Pero su fundador lo mira desde Uruguay, un lugar ya conocido para él, que desde este año se convirtió, además, en su domicilio legal. En términos tributarios, será un caso de ateneo.

Más clara es la situación del petrolero Alejandro Bulgheroni, uno de los dueños de Pan American Energy y Axion, pionero en temas de cambios postales: se mudó a Uruguay en los años 90. En el reverso de esa migración hay una historia de negocios, pero también de amor. Bulgheroni le había prometido a su esposa, Bettina, comprarle 50 hectáreas de campo para cultivar almendras. Hizo la operación, pero los especialistas le dijeron que esa tierra ofrecía más ventajas para la siembra de olivos. Fue el primer paso de un camino que lo condujo a convertirse en el segundo inversor privado del país, solo detrás de la pastera Botnia.

Para los argentinos, Uruguay es la frontera más cercana en términos fluviales, pero también impositivos. Esa inmediatez volvió a agitarse con los cambios en la política del Río de la Plata. Mientras el Congreso argentino discute un impuesto a las grandes riquezas, el presidente Luis Lacalle Pou dice que el Estado debe hacer el esfuerzo para no meterles la mano en el bolsillo a los uruguayos.

Otros grandes empresarios, en cambio, están inscriptos ante la AFIP como residentes fiscales argentinos. Es el caso de Marcelo Mindlin, creador de Pampa Energía, y Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América. Y si bien la dirección de Paolo Rocca (Techint) no es pública, tiene CUIT y paga ganancias en el país.

Según estimaciones preliminares del tributarista César Litvin, quien tenga bienes por más de $200 millones –el piso desde el cual se tributaría– deberá pagar $4 millones de aporte, una cifra que sube de acuerdo con cada fortuna.

Pasar el mediomundo impositivo entre los grandes empresarios arrojará una pesca inferior a la esperada. Sucede que muchas de las fortunas personales alcanzan apenas a superar el mínimo imponible porque los principales activos están en sociedades anónimas. ¿Cómo se aplicaría un impuesto sobre todos estos casos? Es una pregunta que, por ahora, ninguno de los consultados parece tener clara.

Es difícil que una persona quiera pagar un producto más caro. Algo parecido pasa con los impuestos. Lo advirtió Thomas Piketty, uno de los economistas preferidos de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Piketty deslizó que el capital discurre hacia zonas propicias y, para evitar esos traslados, sugirió la aplicación de un impuesto global, una potestad que el kirchnerismo todavía no tiene.