Incierto futuro judicial para Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita en Independiente

El futuro judicial de Pablo Moyano en la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita que se beneficiaba de los negocios de la hinchada del Club Independiente está pendiente de la definición de la Cámara de Casación bonaerense. El máximo tribunal penal de la provincia está empatado en un voto para decidir si confirma o no la elevación a juicio de su mano derecha Héctor “Yoyo” Maldonado, acusado de ser intermediario entre los barra y el líder gremial.

Uno de los jueces que debe decidir la cuestión es Víctor Violini, quien permitió la excarcelación de centenares de presos en la pandemia de coronavirus en 2020, al hacer lugar a un habeas corpus colectivo de 19 defensores oficiales en representación de los detenidos.

Esta es la causa judicial que más preocupa a Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente, club presidido por Hugo Moyano, y la que sigue con más cuidado, ya que del futuro de Maldonado, secretario general del club y secretario de prensa del gremio de Camioneros, arrastrará para bien o para mal su situación procesal. “Si se cae la acusación contra Maldonado se cae toda la causa contra Pablo”, dijo a La Nacion un allegado a Pablo Moyano.

La causa en la que se investiga la vinculación de la barrabrava del Independiente con los Moyano, tiene a Yoyo Maldonado –entre otros dirigentes y barras brava- elevado a juicio oral y público, acusado de ser organizador de una asociación ilícita que funcionaba en el seno del club, cuyo jefe –en esa hipótesis del fiscal- es Pablo Moyano.

La justicia analizó el rol de Pablo Moyano en esa organización. El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera pidió el 19 de octubre de 2020 su elevación a juicio como supuesto presunto jefe de una asociación ilícita integrada por la barrabrava de Independiente y parte de la dirigencia del club, para la reventa de entradas, hostigar a dirigentes opositores, beneficiarse con lo que cobraban los puestos de bebidas y comidas, los trapitos que cobran estacionamiento en la calle, entre otros hechos.

Las pruebas de Scalera para pedir el juicio de Moyano eran las declaraciones de otros barras “arrepentidos”, testigos de la empresa que fabricaba los tickets y carnets para la cancha, escuchas telefónicas, y peritajes informáticos sobre computadoras.

Pero la jueza de Lomas de Zamora Brenda Madrid sobreseyó a Pablo Moyano el 20 de diciembre de 2020. El fiscal apeló esa decisión, que fue revisada por la Cámara de Lomas de Zamora. Los camaristas Pablo Little y Alejandro Rojas anularon ese sobreseimiento que benefició a Moyano y ordenaron dictar un nuevo fallo. En esa sentencia criticaron la decisión de la jueza Madrid, que si bien admitió la existencia de las maniobras delictivas, dijo que Pablo Moyano era ajeno a ellas.

Pero los camaristas dijeron que “en lo que respecta a la defraudación al Club Atlético Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, protocolos de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario, sin ingresar al producido económico al patrimonio del Club, también existió pronunciamiento anterior en el que se tuvo por demostrada la existencia de una organización criminal, que cabría tener por inexistente en base a lo considerado ahora”, dice el fallo que anula lo que había decidido la jueza.

La jueza Madrid, despegó a Moyano de las acusaciones de fraude con la venta de entradas. Dijo que de acuerdo con “las pruebas recabadas en el expediente no consta que Moyano” hubiera participado de las maniobras delictivas. Los camaristas refutaron su punto de vista. Le criticaron que haya tenido por acreditada la existencia de la organización delictiva, pero haya establecido un nuevo criterio con el que ahora descarta la participación de Moyano. Los camaristas indicaron que la jueza les quitó credibilidad a dos declaraciones -una de ellas, la del barrabrava “Bebote” Álvarez- cuando antes se había valido de esos relatos para basar su acusación contra la dirigencia del club.

Tras esa sentencia de la Cámara que anuló el sobreseimiento de Pablo Moyano, la causa regresó a la jueza Brenda Madrid para que dicte un nuevo fallo de acuerdo con las consideraciones de su superior. Pero el fiscal Pablo Rossi, de Lomas de Zamora, recusó a la jueza porque dijo que ya tenía opinión formada dado que con las mismas pruebas que antes había dado por probada la vinculación de Maldonado, ahora decía que no alcanzaban para elevar a juicio a Moyano.

La jueza Madrid no hizo lugar a la recusación porque dijo que no perdió imparcialidad y resolvió el sobreseimiento de Moyano “tomando en consideración las pruebas de cargo existentes en el marco de esta causa, las que –según su criterio- resultaron elementos suficientes para adoptar la decisión”.

Con esta respuesta, la fiscalía insistió con una nueva recusación el 22 de marzo pasado ya que interpretó que la jueza reafirmó su posición original. Madrid la rechazó y ahora la recusación está en manos de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. Scalera advirtió a la Cámara sobre lo que considera una falta de parcialidad de la magistrada. Y ahora ese tribunal debe resolver.

La primera parte de este expediente ya fue elevada a juicio. Allí fueron acusados Pablo “Bebote” Alvarez, líder de la barra, sus jefes y los directivos del Club Héctor “Yoyo” Maldonado, y el ex vicepresidente Noray Nakis.

Por eso la situación de Moyano –ahora en primera instancia- puede quedar determinada por lo que debe resolver otro tribunal, la Cámara de Casación Bonaerense que tiene a estudio esa elevación a juicio de la causa principal contra Maldonado y el resto de los acusados.

Los jueces de la Casación Víctor Violini y Ricardo Borinsky, tienen que decidir si rechazan el recurso de Casación y dejan firme la elevación a juicio o si lo abren y disponen el sobreseimiento de los acusados, sin llegar al juicio oral.

En los tribunales platenses aseguran las fuentes que siguen de cerca el caso, allegadas a los defensores y a la acusación, que los jueces están empatados: Violini se pronunciaría por abrir el recursos y sobreseer y Borinsky por rechazar el recurso, por no tratarse de una sentencia definitiva. Si esto ocurre es que podrían convocar para desempatar al juez Daniel Carral, como viene ocurriendo. Violini cobró notoriedad cuando decidió, con su voto nada más, admitir un habeas corpus colectivo de 19 defensores oficiales y permitir la excarcelación de centenares de presos bonaerenses en la pandemia de coronavirus por considerarlos en situación de riesgo. El asunto escaló con tanta gravedad, que la Suprema Corte de Justicia bonaerense le puso un límite, mandando a revisar caso por caso revocando esta sentencia.

Si la Casación ahora termina por sobreseer a Maldonado y al resto de los acusados, es muy probable que esta decisión debilite la acusación contra Moyano y provea de renovados argumentos para que en primera instancia se insista con su sobreseimiento. Sobre todo pensando que la acusación de Scalera es que Maldonado era el nexo entre la barra y Moyano, interfase que permitiría que se dieran las órdenes y se ejecutaran los delitos.

Según la acusación del fiscal Scalera, la asociación ilícita se originó en los últimos tiempos de la presidencia de Javier Cantero en Independiente, cuando presuntamente Bebote Álvarez fue convocado por Pablo Moyano para consensuar un plan común para desestabilizarlo y lograr su salida anticipada y así allanar el desembarco de los Moyano.

Para Scalera la actividad incluyó aprietes cuya retribución fue el pago all inclusive al Mundial de Brasil 2014, según lo que afirmó Bebote pero también el jefe de la barra brava de All Boys, Gastón Marone, quién dio detalles de una supuesta reunión en un club de Floresta donde se materializó el acuerdo y se produjo el cobro del dinero.

Además, siempre según el dictamen fiscal, el acuerdo incluyó la cobertura política y económica de la dirigencia para que la barra lleve adelante su actividad sin problemas, con lo que habrían defraudado al club en cientos de millones de pesos. Como ejemplo puso la final de la Copa Sudamericana de local donde presuntamente habrían ingresado sin pasar por los molinetes correspondientes más de 17.000 personas con un perjuicio millonario para el club que reconoció que ese día vendió 27.000 tickets cuando se estima que en el estadio hubo más de 54.000 personas.

En testimonios de los barras y en escuchas se menciona que quién debe aprobar esas acciones es “el Salvaje”, en supuesta alusión a Pablo Moyano. Pablo Moyano siempre negó todo.

El caso está atravesado por denuncias de la defensa de Moyano de la realización de operaciones de espionaje ilegal para presionar a los jueces que debían resolver las acusaciones contra los Moyano. Incluso el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio declaró ante la Justicia y la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia controlada por el kirchnerismo, que en 2018 dos agentes de la AFI, en el gobierno de Cambiemos, lo presionaron para que firmara la detención de Hugo y Pablo Moyano, y que lo siguieron. Las acusaciones son parte de las denuncias de espionaje ilegal del kirchnerismo contra el macrismo.