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Traslados: inquietud y preocupación en Comodoro Py por el fallo de la Corte
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LA NACIONCandela Ini
Preocupados y expectantes, muchos jueces de los tribunales de Comodoro Py prestan atención a los próximos movimientos del Consejo de la Magistratura tras el fallo de la Corte Suprema que definió que los traslados tienen carácter transitorio y no definitivo, sembrando incertidumbre sobre la situación de decenas de magistrados.
El pronunciamiento del máximo tribunal sobre los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi abrió la puerta a que decenas de casos que hasta ahora no habían sido cuestionados puedan ser revisados.
El fallo causó alarma en varios tribunales orales y en algunos sectores de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Sembró inquietudes sobre casos de jueces trasladados que, hasta entonces, no estaban bajo la lupa ni habían sido cuestionados. En los juzgados de primera instancia, el impacto fue más leve. Allí rige, en cambio, el estado de alerta por el proyecto de reforma judicial, que apunta a "licuar" su poder.
"Es insólito, generó conflictos sobre situaciones que no estaban controvertidas", dijo a LA NACION un juez que, aunque insiste en que no se siente aludido por el fallo, quedó comprendido en ese universo de casos. Y agregó: "La Corte les fijó plazos urgentes al Consejo de la Magistratura y a la Procuración pero después se tomó más de un mes para sacar el fallo".
Muchos se preguntaban, en las últimas horas, cuáles serán los alcances del principio general que estableció la Corte. Hay tres interpretaciones: una consiste en que el fallo aplica a todos los traslados, incluso los que fueron realizados antes de la reforma constitucional de 1994 (en ese universo entraría el caso de la jueza María Servini, que fue trasladada en 1990 desde un juzgado de menores al juzgado federal 1 que hoy está a su cargo).
Otra posible interpretación señala que el fallo aplica a los traslados realizados después de la reforma constitucional (que creó el Consejo de la Magistratura), y la tercera lectura es que el fallo solo afectaría a los jueces trasladados bajo el reglamento de traslados aprobado en el año 2000. Incluso si ese fuera el caso, decenas de jueces deberían presentarse a nuevos concursos para permanecer en sus cargos.
Es por eso que ahora los jueces miran al Consejo de la Magistratura. El Consejo trabaja, a partir del fallo, en un listado que comprenderá todos los nombres de los jueces cuya situación esté alcanzada por lo establecido en el fallo. Y podría pedir una aclaratoria a la Corte. El presidente del Consejo, Alberto Lugones, ya dijo que si recibe alguna consulta de un juez sobre la validez de su traslado, dicho caso será enviado a la Corte.
Sin embargo, los jueces federales que dialogaron con este medio insisten en que se sienten "expuestos" y "desprotegidos" por el fallo de la Corte Suprema. "Más allá del debate jurídico, lo grave es que dejaron esto en manos de la política", lamentó uno de ellos.
Ese descontento culminó en un comunicado emitido el viernes por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la entidad que representa a jueces y funcionarios judiciales de todo el país, que con un tono crítico pidió prudencia al Consejo y admitió preocupación por el fallo.
Aunque hay decenas de jueces que fueron trasladados desde el 2000 en adelante, en los tribunales federales de Comodoro Py hay un caso en la Cámara de Casación y cuatro en tribunales orales. Los tres jueces que integran el Tribunal Oral Federal (TOF) 3, Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, fueron trasladados del TOF 7 al 3.
Se trata de un caso menos controvertido porque los tres concursaron para integrar un tribunal (el 7) que cuando ellos concursaron aún no estaba habilitado para funcionar. Por eso fueron trasladados al 3, que entonces tenía tres cargos vacantes. Quien sí fue trasladado de la jurisdicción nacional a la federal es el juez Ricardo Basílico, que integra el TOF 1, y que procedía de un Tribunal Oral Criminal.
La sentencia de la Corte dejó expuesto, también, al juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques. Después de integrar el gabinete de María Eugenia Vidal como ministro de Justicia bonaerense, Mahiques fue trasladado de la Cámara Nacional de Casación a la Cámara Federal de Casación Penal.
El propio Mahiques, que a diferencia de Bruglia y Bertuzzi sí recibió acuerdo del Senado, se había mostrado a favor de la iniciativa del Consejo de la Magistratura de revisar los traslados sin acuerdo de la Cámara Alta cuando, en declaraciones periodísticas a mediados de este año dijo que "los traslados de jueces y juezas en cargos para los cuales no concursaron deberían cumplir con las reglamentaciones del Consejo de la Magistratura y obtener acuerdo del Senado".
