Kicillof va a la Corte y se pone a la cabeza de la demanda bonaerense por la deuda de la Anses

Este martes, desde las 11, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volverá a recibir a representantes del gobierno nacional y del bonaerense en la segunda audiencia convocada para tratar el pedido de una deuda de $2,2 billones que la administración del gobernador Axel Kicillof le exige a la del presidente Javier Milei. Se trata de fondos por transferencias de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a la caja previsional provincial.

El encuentro en la Corte está pautado desde el 17 de marzo, cuando se realizó la primera audiencia convocada por el máximo tribunal para forzar un diálogo entre los gobiernos nacional y provincial, que sostienen un fuerte enfrentamiento. Kicillof será parte de la audiencia, adelantó a LA NACION una fuente del gabinete provincial.

En la primera audiencia, que se realizó ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, se definió que se hará un nuevo encuentro, y que, para ese momento, ambas administraciones deberían haber avanzado con intercambios de información. En la reunión, tendrán que informar “acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo”.

El gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que el gobierno nacional afirma que no está finalizada.

Ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, en la primera audiencia, el gobierno provincial estuvo representado por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Por el gobierno nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.

Intercambio de información

En la audiencia del mes pasado, se especificó que el Instituto de Previsión Social; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia intercambiarán información con la Anses.

En marzo de 2024, con el decreto 280, el gobierno de Milei suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo ese año. Esos artículos establecían cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, que dejaron de recibir el dinero.

Este lunes, el gremio docente Suteba -que conduce Roberto Baradel, un aliado de Kicillof- marchó a sedes de la Anses en la provincia de Buenos Aires, junto a representantes de otros sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense y de otros rubros. En un comunicado, el Suteba informó que se manifestó “para exigir la inmediata devolución de los fondos retenidos por el gobierno nacional, pertenecientes al Instituto de Previsión Social y a los trabajadores bonaerenses”.

“Ante esta situación y en la antesala de la audiencia que la Provincia y Nación mantendrán el martes 21 de abril en la Corte Suprema de Justicia, denunciamos que el gobierno nacional y la Anses están violando la normativa vigente al interrumpir las transferencias. Este accionar irresponsable encubre un objetivo mayor: avanzar sobre las condiciones de acceso a la jubilación, poniendo en riesgo los derechos adquiridos de los jubilados y de los que se jubilarán”, se subrayó en el comunicado del gremio docente.

LA NACION

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