La Academia Nacional de Derecho rechazó el juicio político a la Corte y advirtió que violenta la independencia judicial
La institución se pronunció contra el proceso que promueve el kirchnerismo; cuestionó los fundamentos del dictamen acusatorio y el momento en que se aprueba
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La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresó su rechazo al juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y consideró que se trata de una acción que “violenta la independencia del Poder Judicial”.
El proceso fue impulsado por el kirchnerismo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde el martes pasado se aprobó un dictamen acusatorio con el apoyo de 16 legisladores. Horas antes se dispuso una polémica maniobra que consistió en reemplazar a seis miembros del oficialismo que no estaban convencidos de firmar el texto.
“Creemos necesario manifestar nuestra desaprobación, no solamente a las causas que originan el Juicio Político en sí, sino también al desenlace final que ha conducido a la emisión de los aludidos dictámenes”, sostiene la Academia en una declaración firmada por su presidente, Juan Carlos Cassagne, y el secretario Eduardo Sambrizzi.
En esa línea, amplía la declaración que “si el Congreso de la Nación se erige en acusador y juez de los ministros de la Corte Suprema en razón del contenido o de la decisión de los fallos que el Tribunal emite, se violenta la independencia del Poder Judicial y con ella la separación de poderes”.
Añade que si ese desacuerdo político se canaliza de la manera que intentó el gobierno saliente se incurre en “una amenaza a la estabilidad funcional de los magistrados judiciales, cuyo velo el artículo 53 de la Constitución solo permite que sea descorrido en casos de mal desempeño, de delitos cometidos en ejercicio de la función o de crímenes comunes”.
Los académicos cuestionan también la decisión de cambiar a último momento la composición de la Comisión de Juicio Político. Los nuevos integrantes difícilmente hayan podido leer en el escaso tiempo que transcurrió entre su designación y la votación el voluminoso expediente acumulado a lo largo de más de un año de deliberaciones. “Nadie, por muy capaz y dedicado que sea, puede llevar razonablemente a cabo semejante tarea”, señala la declaración.
Además, señala la anomalía de que resoluciones de esta magnitud se aprueben a escasas dos semanas del recambio legislativo, sin que puedan opinar los nuevos diputados surgidos del proceso electoral de este año.
La Academia deja sentada su posición en favor de que la Cámara rechace la acusación contra los jueces de la Corte Suprema, en función de “la salud institucional del país y su prestigio internacional”.
El comunicado completo de la Academia Nacional de Derecho
“Desde que se promoviera el Juicio Político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace más de once meses, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, ha seguido con atención este proceso.
“Por razones de prudencia institucional, esta Corporación ha preferido no emitir, hasta ahora, una opinión sobre su desarrollo, ni sobre las causas que lo han impulsado, aguardando que concluyera la investigación promovida contra los más altos magistrados de nuestro país.
“Ahora bien, habiéndose emitido ya los dictámenes de la Comisión de Juicio Político de la H. Cámara de Diputados, creemos necesario dar por concluido ese silencio y manifestar nuestra desaprobación, no solamente a las causas que originan el Juicio Político en sí, sino también al desenlace final que ha conducido a la emisión de los aludidos dictámenes.
“Mucho se ha escrito ya sobre lo primero por la más sana y acreditada doctrina de nuestros autores, de modo que parecería innecesario tener que repetirlo. Sin embargo, la ocasión, una vez más, lo exige.
“Si el Congreso de la Nación se erige en acusador y juez de los ministros de la Corte Suprema en razón del contenido o de la decisión de los fallos que el Tribunal emite, se violenta la independencia del Poder Judicial y con ella la separación de poderes.
“Es de toda evidencia que el desacuerdo político que el Congreso o el Poder Ejecutivo puedan tener con los fallos de la Corte Suprema, no habilita el Juicio Político, pues, de lo contrario, éste se convierte en una instancia de apelación de aquella, que la Constitución no contempla, ni permite. El Juicio Político, digámoslo sin ambages, no es una jurisdicción creada para revisar las sentencias de la Corte Suprema.
“Ese desacuerdo político, al que hemos aludido, por legítimo que eventualmente pueda resultar, no puede ni debe canalizarse por este medio, pues ello implica una amenaza a la estabilidad funcional de los magistrados judiciales, cuyo velo el artículo 53 de la Constitución solo permite que sea descorrido en casos de mal desempeño, de delitos cometidos en ejercicio de la función o de crímenes comunes.
“Hemos abrigado, hasta ahora, la esperanza de que estas nociones básicas de nuestro sistema constitucional, fueran respetadas por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, pero los dictámenes recientemente producidos por ésta, lamentablemente, confirman lo contrario y obligan a esta Corporación a reiterarlas con el debido énfasis.
“No menos sorprendentes son la composición “in extremis” de la citada Comisión, y la oportunidad en que ésta ha emitido sus dictámenes.
“Ya sobre el final, se produjo el reemplazo de algunos miembros de la Comisión con el evidente propósito de obtener el resultado deseado. Cabe preguntarse, entonces, si los nuevos integrantes, designados apenas uno, o dos días antes de producidos estos dictámenes, tuvieron tiempo suficiente para procesar debidamente el voluminoso “dossier” de la investigación, acumulado a lo largo de casi un año. Nadie, por muy capaz y dedicado que sea, puede llevar razonablemente a cabo semejante tarea.
“Tampoco puede esta Academia dejar de señalar la oportunidad en que estos dictámenes han sido emitidos. Faltan menos de dos semanas para que se produzca el recambio de los legisladores como consecuencia de los resultados del proceso electoral llevado a cabo este año. Hubiera sido preferible, entonces, que los nuevos legisladores tuvieran la oportunidad de analizar la causa, sin la urgencia en que han incurrido los actuales.
“Queda por delante la instancia del pleno de la Cámara, a menos que estos dictámenes pierdan estado parlamentario dentro de un año. Por todo ello, esta Academia considera conveniente para la salud institucional del país y su prestigio internacional, que los señores diputados rechacen la acusación promovida contra los jueces de la Corte Suprema, guiándose para ello por los claros mandatos de la Constitución sobre el Juicio Político”.
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