La acusación precipitó la rescisión

El expediente judicial en que se investiga la tragedia de Once viene acumulando evidencias que revelan que la infraestructura del ferrocarril Sarmiento pudo ser una de las causales del choque de trenes hace tres meses. Así, la responsabilidad en el choque de la hasta ayer concesionaria TBA se venía configurando con tal claridad que el juez federal Claudio Bonadio citó a prestar declaración como sospechosos a los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano; a Carlo Michelle Ferrari, presidente de TBA; a Jorge de los Reyes, vicepresidente de TBA, y Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans; a Sergio Tempone, gerente de operaciones; a Roque Cirigliano, gerente de material rodante; Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento; Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar, y a Luis Ninona, superior de Ranieri.

La mayoría ya desfiló ante el juez, no contestó casi ninguna pregunta y presentó escritos en los que, a coro, culparon al maquinista Marcos Córdoba por no haber frenado a tiempo. Además, dijeron que el Estado no envió suficiente dinero para invertir. Todos negaron ser responsables de la tragedia. El 1° de junio declarará Antonio Cirigliano y el 8 será el turno de Claudio Cirigliano.

Bonadio ya recibió un peritaje técnico, que determinó que si bien el sistema de frenado neumático funcionaba, hay divergencias sobre si los compresores podían recuperar rápidamente el aire tras ser accionados. Expertos oficiales dicen que sí y otros que no. Los informes resaltaron que el parachoques hidráulico del andén no funcionaba, que un sistema de frenos de emergencia no estaba operativo y que los coches tenían miles de kilómetros recorridos sin el necesario mantenimiento.

A estos elementos se sumó un estudio que está elaborando el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia, a los que el juez les pidió, entre una decena de puntos, precisar los ingresos de TBA, incluidos los subsidios millonarios que recibió del Estado, y determinar en qué gastó esa plata.

A los empresarios el fiscal Federico Delgado les sumó la responsabilidad de los funcionarios que debían controlar a TBA, a quienes acusó de complicidad en el desvío de fondos públicos. El juez los indagará también como sospechosos en junio. Son los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el actual subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; el actual titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero.

Para Delgado, los empresarios y los funcionarios actuaron con "complicidad criminal" porque unos no hicieron y los otros dejaron hacer.

"El concesionario hizo cuanto quiso –señaló el fiscal–; no cumplió con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyectó fondos, pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar refugiándose en la sacralidad del «expediente» que se convirtió en un simple recurso para ocultar la realidad y, eventualmente, proporcionar una explicación a los organismos de control y/o a la opinión pública. Esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal."

• Frenos
  
  Peritos convocados por la Justicia determinaron que los frenos funcionaban, pero otros dijeron que no tenían suficiente potencia ni capacidad de recuperación. Destacaron que un sistema de emergencia no andaba, al igual que los parachoques.

• Subsidios
  
  Un estudio contable busca determinar cuánto dinero recibió TBA, la cifra correspondiente a subsidios y si realizaron inversiones.

Por Hernán Cappiello

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