La AFIP dio un beneficio único a la nueva Ciccone

La moratoria excepcionalísima que le otorgó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la nueva Ciccone Calcográfica fue más que eso. Fue única. Tanto, que incluyó una quita multimillonaria sobre los intereses acumulados durante años de incumplimientos impositivos, lo que disparó una controversia sin precedente sobre su legalidad dentro del ente recaudador, según reconstruyó LA NACION de cuatro fuentes del organismo.

La polémica concluyó de un modo también singular. Más de un año después de otorgarle la moratoria "del artículo 32" (como se la conoce dentro de la AFIP) a la empresa que preside Alejandro Vandenbroele , estalló el escándalo público y sólo entonces se inició una actuación "rectificativa" para incluir esos intereses, cuya quita desmintió de manera tajante el jefe del organismo, Ricardo Echegaray, en su conferencia de prensa del 9 de este mes.

La decisión de condonar esos intereses acumulados, sin embargo, fue refrendada tres veces dentro de la AFIP, luego de que la nueva Ciccone lo solicitó por escrito y se inició la actuación 13288-1298-2010, que después cambió a 1-257899-2010.

La primera venia al pedido de la imprenta la rubricó la Dirección de Asesoría Legal e Impositiva, a fojas 34 a 41 del expediente. El tercer punto de ese dictamen fue tan decisivo como polémico: "Los intereses y multas", indicó, no tenían privilegios en un concurso o quiebra, "por lo cual no habría obstáculo para conceder quitas respecto de tales conceptos", argumentó. La segunda venia al pedido ocurrió de inmediato, cuando la Subdirección General de Asuntos Jurídicos dio su conformidad a fojas 42 al dictamen previo de la Asesoría Legal. Y la tercera luz verde llegó de la mano del jefe de Gabinete de Asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, según consta en la copia de su dictamen, del 18 de noviembre de 2010, que obtuvo LA NACION.

Resnick Brenner, por entonces de máxima confianza de Echegaray, se apoyó en razones de "mérito, oportunidad y conveniencia" y luego explicitó su posición. "Resulta razonable en función de las competencias de esa instancia, el otorgamiento del plan en las condiciones solicitadas por el contribuyente", sostuvo.

A partir de allí, el expediente giró por varias áreas de la AFIP para completar el proceso. En particular, la Subdirección General de Recaudación, liderada por Guillermo Cabezas Fernández, quien asumió un rol decisivo para definir los detalles. Y luego Echegaray refrendó la actuación con un lacónico "visto bueno".

LA NACION consultó ayer al vocero de Echegaray, Pedro López, quien solicitó que se enviara la consulta por escrito. Así se hizo, lo que provocó varias reuniones dentro de la AFIP, con Cabezas Fernández como epicentro de las consultas, sin que al final se emitiera una respuesta, según confiaron fuentes del organismo.

El monto bajo discusión se repartía en varios rubros. Según los cálculos de la propia AFIP, abarcó más de $ 59 millones por la determinación fiscal de la evasión, mientras que otros $ 27,7 millones correspondían al rubro "incidentes". Pero la sensibilidad fue más allá del dinero. "El problema dentro del área de Asesoría Legal era por el tercer punto del dictamen", indicó una fuente a LA NACION. "Nadie quería hacerse cargo de redactar y firmar eso", rememoró.

La resistencia respondía a una prohibición taxativa dispuesta por la ley 25.678 que reformó en 2002 el Régimen de Procedimientos Fiscales. Luego del viejo artículo 113, impuso que el Ejecutivo "no podrá establecer regímenes de regularización de deudas tributarias que impliquen la eximición total o parcial del capital, intereses, multas y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la" AFIP.

En esa línea, el propio Echegaray negó que se hubiera otorgado una quita a Ciccone en la conferencia de prensa que brindó el 9 de este mes, lo que, según dijo uno de sus allegados anoche a LA NACION, demostraría que desconocía el alcance completo de la moratoria concedida.

Ante la prensa, Echegaray fue más allá. Explicó que la AFIP no tiene facultades para disponer quitas, que ese pedido "superaba el marco del artículo 32" que habilita las moratorias excepcionales y que por eso se consultó al Ministerio de Economía. Y que eso explicaba que el actual vicepresidente Amado Boudou firmara una nota -la única de su tipo en más de 16.000 actuaciones- a favor de la imprenta de Vandenbroele.

Durante esa conferencia de prensa, no obstante, Echegaray evitó informar otros dos rasgos singulares de la moratoria otorgada a la nueva Ciccone. Se otorgaron 148 cuotas en vez de 120 o 96 -sólo indicó que se le entregaron "ciento y pico" - y los intereses a aplicar sobre el plan se cifraron en 0,5% de interés mensual en vez del 3 por ciento habitual.

Echegaray tampoco abordó lo que ocurrió dentro de la AFIP desde que estalló el escándalo público, cuando se inició un proceso "rectificatorio" de esa moratoria, para incluir los intereses de la controversia, según reconstruyó LA NACION.

Tampoco aportó detalles sobre los encuentros que dos figuras mantuvieron con funcionarios de la AFIP. Uno es el amigo y socio de Boudou, José María Núñez Carmona; el segundo, el concuñado del hermano del vicepresidente, Juan Bautista Boudou, Martín Rodolfo Usuna.

Las excepciones

• Quiebra levantada. La AFIP reclamó ante la Justicia que se dictara la quiebra de Ciccone, lo que sucedió en julio de 2010. Poco después consintió que el juez levantara la medida, cuando habían aparecido los nuevos dueños.

• Moratoria extraordinaria. Ese mismo año le otorgó a la nueva Ciccone un plan de pagos por una deuda fiscal de más de 60 millones de pesos. Antes de hacerlo pidió opinión al Ministerio de Economía, algo del todo inusual.

• Quita. La gestión incluyó una quita de los intereses acumulados durante los años que la empresa no le pagó al fisco.