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La causa por el gasoducto: el juez Daniel Rafecas acelera la investigación, pero el principal testigo es también acusado
Matías Kulfas está citado para este viernes; en paralelo, se abrió otra causa para determinar si cometió el delito de “omisión de denuncia”; el futuro de los dos expedientes
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El juez federal Daniel Rafecas quiere resolver cuanto antes la causa por las supuestas irregularidades en las licitaciones para construir el gasoducto Néstor Kirchner. Para avanzar o para cerrarla. Sabe que mientras siga abierta será un ancla para el desarrollo de la obra, de por sí complicado, y no quiere ser el responsable.
El juez, que explicitó este mensaje dentro de su juzgado, ordenó para este viernes la declaración como testigo del exministro Matías Kulfas; para el lunes, la de Antonio Pronsato, que dirigió de la Unidad Ejecutora de Enarsa que tiene a su cargo la construcción del gasoducto, y para el martes próximo convocó a una audiencia a las empresas que extraen gas en Vaca Muerta para que le expliquen cuáles son los “requerimientos técnicos” del gasoducto que se necesita.
El lunes pasado -el día que recibió la denuncia- Rafecas se llevó de distintos organismos públicos los documentos relacionados con la obra prevista para construir el gasoducto. Después advirtió que, más que eso, necesitaba los documentos de la licitación en marcha para la compra de los caños de tubería, adjudicada en abril a Techint. Ayer debió ordenar nuevos operativos.
La expectativa central está puesta en lo que dirá Kulfas el viernes. Hasta ahora, el exministro no denunció en concreto ningún hecho de corrupción. Sugirió que Ieasa (ahora rebautizada Energía Argentina), la empresa que licita las obras, debió haber hecho un pliego diferente para que pudieran competir otras empresas y destacó que quienes conducen ese organismo son gente cercana a la vicepresidenta (la preside el santacruceño Agustín Gerez).
La situación de Kulfas es muy inusual: citado como testigo, fue el único imputado en esta causa. Según informaron fuentes judiciales, lo señaló el fiscal Carlos Stornelli en su requerimiento de instrucción como posible responsable del delito de omisión de denuncia. Todo funcionario público está obligado a denunciar los delitos de los que tiene conocimiento.
Rafecas separó esa parte del caso y la mandó a sorteo. Le tocó al juez Ariel Lijo. Pero todo indica que Lijo se la va a devolver.
El futuro de las dos causas
El caso contra Kulfas por omisión de denuncia difícilmente prospere, a juzgar por los antecedentes de Comodoro Py investigando hechos similares. Un dato clave es que el artículo de la ley que prevé este delito no dice que el funcionario tenga un plazo para hacer su denuncia. Con ese argumento se cerraron otros expedientes contra exfuncionarios, pese a que habían pasado muchos meses desde el supuesto conocimiento del delito. En este caso, todo es muy reciente; los pliegos son de fines de febrero.
En cuanto a la causa del gasoducto, de corroborarse la hipótesis de los denunciantes, podría haberse cometido un abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, estiman en los tribunales. Si se corroborara que existió un acto administrativo de direccionamiento, podría tratarse también de un caso de negociaciones incompatibles con la función pública. Este delito no requiere que se haya concretado el daño, pero sí debe demostrarse que el funcionario actuó como lo hizo para beneficiar a alguien.
Paolo Rocca, CEO de Techint, dijo ayer en el encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que no hubo “corrupción ni direccionamiento” en favor de su compañía. Y afirmó: “Salieron a buscar quién podía hacerlo y solo Tenaris [del grupo Techint] tenía la capacidad. Enarsa podría haber cancelado la licitación o asignarlo a nosotros”.
Los investigadores, que ayer se hicieron de todos los antecedentes de la licitación para la compra de los caños, analizarán ahora cómo fue el trámite de expediente. Revisarán, por ejemplo, si estaban los avales de la línea técnica.
Rafecas fue el elegido por Alberto Fernández para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación, vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, pero el Presidente no logró que el Senado diera su acuerdo para el nombramiento.
Por las manos de este juez pasó otro expediente relacionado con Techint. A pedido de su colega de Curitiba Luiz Antonio Bonat, que investiga un caso de presuntos sobornos y lavado de dinero, Rafecas ordenó que se notificara a Héctor Zabaleta, exgerente de la compañía, de la acusación en Brasil en su contra por lavado. Pero intervino la Cámara Federal; pasó más de un año del exhorto internacional y la medida no se concretó.
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