La Ciudad cuestionó la carta del Gobierno a los colegios privados para que acaten el DNU

Luego de que el Gobierno sumara otro elemento de presión, para evitar que los establecimientos educativos abran sus puertas en los próximos días, con una carta conjunta a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, le bajó el tono y aseguró que “no tienen jurisdicción para ordenar ni apercibir”.

El mensaje por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia insta a los establecimientos a que acaten DNU Nº 241/2021, que en su artículo 2º dispuso el cese de las clases presenciales en el AMBA por dos semanas. La misiva, confirmaron fuentes oficiales, fue un pedido expreso del presidente Alberto Fernández, luego de que la Ciudad se negara a acatar el fallo adverso de un juez federal en lo Contencioso Administrativo para esperar una resolución de la Corte Suprema.

“Nación con esta carta hace un llamado de atención, pero no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que no sigan lo que ellos exponen”, opinó Acuña en declaraciones a Radio Con Vos, donde además contó que desde su ministerio se comunicaron con los representantes de las cámaras de escuelas privadas para que desestimen lo recibido por Nación.

La funcionaria porteña insistió en que la carta no tiene poder de acción. Y argumentó: “Seguimos sosteniendo la misma postura, que hay un fallo de Cámara local que reconoce la competencia del gobierno de la Ciudad para administrar la política educativa, y el jefe de Gobierno decidió que las clases sigan presenciales y los colegios lo acompañan y comparten”.

En la carta a las cámaras educativas, en tanto, el Gobierno subrayó la obligación de las instituciones de gestión privada de arbitrar los medios para que los alumnos reciban clases no presenciales y que los trabajadores no sean forzados a trabajar en las instituciones.

“Les queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente, por lo cual corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, señaló una de las cartas, a la que accedió LA NACION.

En Casa Rosada, según pudo saber este medio, insisten en que la decisión de Rodríguez Larreta de esperar el fallo de la Corte Suprema y sostener la presencialidad escolar “es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia”.