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La Corte analiza qué hacer con la oficina de las escuchas judiciales
Se convirtió en tema de discusión por la filtración de los diálogos de Cristina; Rosatti dijo que podría salir del Poder Judicial, pero no hay acuerdo
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
La Corte Suprema analiza el futuro de la oficina que tiene el monopolio de las escuchas telefónicas legales, organismo que por decisión de Mauricio Macri depende hoy del Poder Judicial y que se convirtió en uno de los temas políticos del momento después dela filtración de las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli .
Originalmente dependía de la SIDE. Era la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida como "Ojota"), pero en enero de 2015 Cristina Kirchner, enfrentada con Antonio Stiuso, la traspasó al Ministerio Público Fiscal, que dirigía la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó.
Hoy no hay acuerdo en la Corte sobre qué deberían hacer con este organismo. Uno de los cinco jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, entrevistado por Carlos Pagni, dijo que podría volver al Ministerio Público Fiscal o convertirse en una oficina autónoma, que no esté dentro de ninguno de los tres poderes del Estado.
No es un proyecto que tenga en mente el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti . Un vocero del alto tribunal dijo anoche que lo que planteó Rosatti es una idea personal, que "no está en los planes institucionales" de la Corte.
De hecho Lorenzetti, que fue el encargado de redactar las propuestas de temas a discutir por los jueces en las jornadas para la reforma judicial, incluyó como idea a tratar la posibilidad de "ampliar" el organismo "de modo que se llegue a una oficina de investigación criminal sofisticada que acelere la averiguación de delitos complejos".
Rosatti se refirió el tema a partir de las filtraciones de las escuchas. Dijo que lo que está pasando es "fuertemente condenable" y afirmó: "Yo creo que el Poder Judicial, llegado el momento, si no está en condiciones de mantener esto con las debidas garantías, seguramente esto lo planteará y [la oficina de escuchas] deberá ir probablemente al Ministerio Público Fiscal o, bajo otras condiciones, a una agencia externa a los tres poderes del Estado con autonomía funcional y control siempre del Congreso".
Rosatti agregó: "Lo importante es el control del Congreso. Esté en el Poder Judicial, como está ahora, o esté en el Ministerio Público, como estaba antes".
En cuanto al control externo, sí hay posición común en la Corte. El mes pasado, los cinco jueces firmaron una acordada en la que le solicitaron a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso una auditoría sobre la oficina de escuchas, para deslindar responsabilidades por la filtración de los audios de Cristina Kirchner y Parrilli.
Además, le pidieron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral (que instruye una causa que investiga la difusión de los audios) que le informara en qué estado estaban las investigaciones y si se detectó cualquier circunstancia que permitiera atribuir algún tipo de responsabilidad a los agentes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) -tal es el nombre técnico del organismo-.
Cinco días después, la Corte, también con la firma de sus cinco miembros, apuntó contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El máximo tribunal relató que el juez que había ordenado las escuchas, Ariel Lijo, había informado que se le había pedido colaboración a la AFI en su causa y que sus agentes estaban autorizados a retirar los CD con las grabaciones.
Por escrito, la Corte le preguntó entonces a la AFI qué había hecho para investigar si las filtraciones habían sido responsabilidad de su gente.
Preocupación por el traslado de un fiscal
Desde la Coalición Cívica ARI expresaron su preocupación por el traslado de un fiscal federal clave en impulsar causas vinculadas a hechos de corrupción en la gestión kirchnerista. El pasado 14 de marzo, el procurador general interino Eduardo Casal dio la orden de trasladar al fiscal federal subrogante de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, a la fiscalía federal de Santa Rosa, La Pampa. Al respecto, la abogada y asesora de la diputada nacional Elisa Carrió, Mónica Frade, manifestó que si bien la medida es "legal", llamó su "atención" que el traslado sea dispuesto para Gómez Barbella y no para otros fiscales subrogantes.
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