La Corte Suprema y el Gobierno: desconfianza, amenazas y reproches por dinero

"La Corte le bajó el pulgar al Gobierno". La frase, de un hombre del Gobierno, es la admisión de que se incendian los últimos puentes. Es el final de una relación que está rota desde hace tiempo.

Otra vez, la mayoría de Corte Suprema dejó en claro dónde está parada: "Del lado del federalismo, como siempre", dicen en el tribunal; esto implica, de los gobernadores, jugadores en alza de la escena política, base de sustentación del peronismo y aliados de quien los pronósticos indican que será el próximo presidente, Alberto Fernández, que los va a necesitar, sobre todo, si se complica su relación con el kichnerismo más duro.

La Corte Suprema, con la mayoría formada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, rechazó ayer un pedido del Poder Ejecutivo para que aclarara sus fallos sobre IVA y Ganancias. Hace dos semanas, el tribunal, con la misma mayoría, había dictado una serie de medidas cautelares pedidas por 15 provincias que le impedían a Mauricio Macri aplicar los decretos de reducción de impuestos tal como los había dictado porque afectaban fondos coparticipables. La Corte le ordenó que fuera el gobierno central quien asumiera los "efectos fiscales de la aplicación" de sus medidas.

El Gobierno pidió entonces aclaraciones y que la Corte convocara a una audiencia a las 15 provincias para buscar una salida consensuada. El tribunal no solo le contestó que no, le dijo que se valiera del rol que el Poder Ejecutivo le había "recordado" a la Corte que tenía de "jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país", que le daba los "elementos y potestades" para cumplir los fallos. Ni Carlos Rosenkrantz ni Elena Highton firmaron este fallo.

El Gobierno tampoco había sido muy diplomático. "No podemos concluir esta presentación sin señalar la oportunidad elegida por el tribunal para expedirse", se habían quejado los ministros Hernán Lacunza y Dante Sica en su pedido de aclaratoria.

Aunque el conflicto de las provincias con el Estado Nacional es por dinero, en la práctica no está claro qué impacto real puede tener para el Gobierno, sobre todo si Macri no reelige. Alberto Fernández ya dijo que planea modificar la reducción del IVA y aplicarla solo para los "sectores más postergados". Es probable que las devoluciones a las provincias terminen siendo un tema contable que hoy no tiene para nada determinados los montos.

En paralelo, entre la Corte y el Gobierno hay otra pelea por fondos. "El Gobierno presiona económicamente a la Corte para que actúe a su conveniencia", dijo desde un pasillo del coloquio de IDEA el líder del gremio de los judiciales, Julio Piumato. La Corte y Piumato se quejan porque el tribunal dispuso un aumento para los judiciales en tres tramos (10% en septiembre, 10% en noviembre y 10% en diciembre), que requiere la reasignación de partidas de la Jefatura de Gabinete, y Marcos Peña solo autorizó hasta ahora el primer tramo. Según Piumato, eso es "una violación flagrante de la independencia del Poder Judicial".

El interlocutor entre la Corte y el Poder Ejecutivo es el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que está muy lejos de ser representante de la nueva mayoría que se consolida hoy en la Corte. En uno de los últimos acuerdos de jueces, a Rosenkrantz se le cuestionaron los resultados de esa gestión. Piumato se convirtió en el vocero público de esa interna: "El encargado de las negociaciones es Rosenkrantz y el Poder Ejecutivo, al no habilitar las partidas, lo está exponiendo. Maltrata a quien más responde a las políticas del Gobierno dentro de la Corte", dijo el gremialista.

Aunque el Gobierno puso a disposición los fondos para el aumento de septiembre y no se negó a autorizar los próximos tramos, Piumato anunció un paro para hoy y dos más para la semana que viene. "La Corte pidió todo el cambio de partidas, no solo una parte", dijo hoy a La Nacion. Esta mañana empezó el paro. En el oficialismo, en cambio, se quejan de la administración de fondos del Poder Judicial que hace la Corte. Como cada vez que se tensa la relación, el Gobierno le reprocha al máximo tribunal los miles de millones que tiene congelados en su "fondo anticíclico".

En cuanto al caso de las provincias contra el Estado Nacional, el tema no terminó. No solo porque lo dispuesto hasta ahora son medidas cautelares y faltan las sentencias de fondo (aunque en este caso las cautelares se parecen mucho a sentencias definitivas), sino además porque están entrando en la Corte, en estos días, pedidos de los gobernadores para que el tribunal haga que el Gobierno empiece a cumplir de inmediato los fallos.

Fuentes de la Corte relataron que los planteos que ingresaron de las provincias tienen distintos tonos. Algunos reclaman el acatamiento urgente de las cautelares y otros además denuncian una "maniobra dilatoria" del Gobierno y piden la devolución inmediata de los fondos afectados. "Están a estudio", advierten en el Palacio de los Tribunales. La Corte no anuncia qué más prevé para el corto plazo. En su reunión de ayer, los ministros decidieron que no van a hacer pública su agenda de fallos para lo que queda del año.