La Corte tiene en sus manos las elecciones en Tucumán y San Juan, pero no rechazaría las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac
La oposición cuestiona que el sanjuanino aspire a un cuarto mandato y el tucumano, a un quinto; la Procuración dijo que es un asunto de la justicia provincial, aunque el máximo tribunal ya intervino en controversias similares
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la definición sobre las ambiciones de dos gobernadores peronistas: ante sendos planteos de la oposición, debe decidir si Juan Manzur, el exjefe de Gabinete y mandatario de Tucumán, puede ser candidato a vicegobernador luego de cuatro mandatos seguidos; y si el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, puede presentarse a la reelección en su provincia luego de tres períodos. El máximo tribunal decidir contra reloj, ya que en ambas provincias está previsto que las elecciones se realicen el 14 de mayo próximo.
La definición no se produce en el vacío. La Corte Suprema enfrenta un juicio político impulsado por el kirchnerismo y está sumergida internamente en la pelea que se visibilizó entre el juez Ricardo Lorenzetti y sus pares Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, luego de que éstos decidieran desplazar al administrador del tribunal, Daniel Marchi. No es el mejor clima para un fallo de alto impacto político que puede decidir el futuro gobierno en dos provincias.
En el máximo tribunal, el clima de la última semana sugería que a pesar de que ambos casos estaban circulando por las vocalías, los jueces podrían apegarse a la tradicional doctrina de que se trata de cuestiones de derecho local. Es decir, que la decisión corresponde a la justicia de ambas provincias.
Excepcionalmente, la Corte puede intervenir cuando el caso le llega mediante un recurso extraordinario, es decir habiéndose agotado los caminos en la justicia provincial, o cuando el máximo tribunal estime que están en juego “circunstancias extremas” que ponen en juego el sistema republicano de gobierno y la violación del artículo 5 de la Constitución Nacional, que le reconoce a las provincias el dictado de su constitución bajo el sistema republicano de gobierno.
Así las cosas, es difícil que la Corte llegue a pronunciarse antes de las elecciones del 14 de mayo sobre estos planteos que realizaron Juntos por el Cambio y partidos opositores locales. Sin embargo, hay precedentes donde la propia Corte se salteó este principio general y decidió intervenir: en marzo de 2019, cuando rechazó la postulación para la re-reelección de Alberto Weretilneck en Río Negro y la candidatura del entonces gobernador Sergio Casas, en La Rioja. En esos casos se tomó con antecedente la sentencia de la Corte de 2013 que impidió la re-reelección de Gerardo Zamora en Santiago del Estero.
La Procuración General de la Nación ya dictaminó en los casos de Tucumán y en el de San Juan. La procuradora Laura Monti dijo que no es un asunto en que deba intervenir la Corte, excepto que encuentre estas “circunstancias extremas” mencionadas.
Lo que se discute es si Manzur y Uñac pueden ser reelegidos. Manzur fue dos veces vicegobernador de Tucumán entre 2007 y 2015, y dos veces gobernador entre 2015 y la actualidad. El artículo 90 de la Constitución provincial permite que el vicegobernador sea candidato a la gobernación después de dos períodos, pero no dice lo contrario: que un gobernador con dos mandatos cumplidos pueda ser candidato a vice. Para el peronismo, ese silencio habilita a Manzur; para la oposición no.
Uñac, por su parte, fue vicegobernador entre 2011 y 2015 y ocupa la gobernación desde entonces. El artículo 175 de la Constitución sanjuanina afirma que “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. Para la oposición, esta sería la tercera reelección para Uñac.
En ambos casos, la Justicia electoral provincial habilitó a los mandatarios a postularse, convalidando que una persona sea elegida durante un número indefinido de períodos como gobernador y vicegobernador de manera sucesiva, consecutiva e ininterrumpida, con la sola exigencia de que se alterne el cargo.
Contra estas pretensiones, José Luis Aracena, apoderado de la Unión Cívica Radical (distrito San Juan); Claudia Sarmiento, apoderada del Pro (distrito San Juan) y de la Alianza Transitoria Unidos por San Juan, y Mariano Domínguez, apoderado de la misma alianza electoral, promovieron una declaración de certeza contra la provincia para que diga si es posible que Sergio Uñac sea admitido como candidato a gobernador, como lo fue por el tribunal electoral provincial. Señalaron que en tanto Uñac ha cumplido tres períodos constitucionales consecutivos como vicegobernador y gobernador, su eventual reelección redundaría en el ejercicio del Poder Ejecutivo por un cuarto período consecutivo.
Lo mismo sucede en Tucumán, donde se discute si Juan Manzur puede ser candidato y se debate en que plazo antes de la entrega del mando deben convocarse las elecciones. Hay, por un lado, un recurso extraordinario relacionado con que si Germán Alfaro, presidente del Partido por la Justicia Social, puede ser tenido como parte en el amparo presentado por Manzur para respaldar su candidatura, que ya fue admitida.
Pero, por otro lado, el propio Alfaro presentó el viernes pasado una medida cautelar ante la Corte en la que le pidió que suspenda las elecciones del 14 de mayo próximo y que como sentencia de fondo disponga la “inhabilitación constitucional” de Juan Manzur como candidato a vicegobernador. El planteo lo efectuó el abogado Jorge Toledo junto al constitucionalista Alberto Garay.
Esto es lo que debe resolver la Corte en ambas provincias y su decisión puede cambiar el curso de la votación.
En la Corte los escritos están circulando, pero con el poco tiempo disponible tal vez no se llegue a tratar los casos. En acuerdo del jueves pasado, donde se firmaron más de 300 sentencias, ni se tocó el asunto electoral. El tema que dominó la discusión entre los jueces fue el desplazamiento de Marchi, un hombre cercano a Lorenzetti, como administrador de la Corte, lo que abrió un debate público en el que se intercambiaron duras acusaciones. Tanta virulencia hecha pública y trascripta en el texto de una acordada tiene pocos precedentes.
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