La dura carta de Juntos por el Cambio al Alto Comisionado de la ONU para desmentir a Pietragalla

Juntos por el Cambio le envió una carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el austriaco Volker Türk, en la que rechazó las acusaciones contra la Justicia que, el lunes, realizó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en una sesión del Examen Periódico Universal celebrada en Ginebra.

“La representación argentina, a través del informe y su presentación, ha realizado manifestaciones que nos vemos obligados a desmentir categóricamente”, se señala en la nota. La alianza opositora afirmó que la presentación del funcionario tiene “como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista, que fueron corroborados por la Justicia no solo con la condena a la actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Ferrnández de Kirchner, por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno”.

“Quisiéramos expresar que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, planteó Juntos por el Cambio en su misiva. “Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la Justicia para lograr su impunidad ”, se advirtió en la carta.

Para responder a las críticas que Pietragalla planteó sobre la detención de Milagro Sala, a la que calificó de “arbitraria”, los partidos que integran la coalición opositora señalaron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 15 de diciembre, dejó firme su condena de 13 años por una probada asociación ilícita y defraudación al Estado por más de 60 millones de dólares”.

Para Juntos por el Cambio es “inédito y penoso” el informe que expuso Pietragalla: “Es inédito y penoso que, en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la Justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente de violar los derechos humanos sobre la base de un supuesto lawfare utilizado como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción”.

“Repudiamos que el gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un ‘criminal endeudamiento del gobierno anterior’”, agregaron los opositores en la carta enviada a Türk (que desde octubre del año pasado es el reemplazante de la expresidenta chilena Michelle Bachelet al frente de la Oficina del Alto Comisionado). Argumentaron que “dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”.

Sobre la mención a los “discursos de odio”, en la carta se indicó que es una categoría con la que el oficialismo “pretende silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libre expresión, para evitar que estos hechos de corrupción tomen estado público”.

En la misiva, apuntaron también contra las apelaciones a los “grupos económicos concentrados”. Según señalaron, “las medidas económicas del Gobierno hacen cada día más difícil lograr el progreso y desarrollo de las empresas argentinas”. Y remataron: “Solo basta mencionar que este año pasado hemos alcanzado cerca del 100% de inflación anual”.

“Nos dirigimos al señor Alto Comisionado con el propósito de que, por su intermedio, puedan conocerse las verdaderas razones que impulsan a las autoridades nacionales”, concluye la carta de Juntos por el Cambio.

Señor Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación al reciente informe y declaraciones oficiales efectuadas por la Delegación Argentina durante la realización de la 42da Sesión del “Examen Periódico Universal” llevada a cabo el pasado día 23 de enero del corriente año, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Como es de su conocimiento, lamentablemente la Representación Argentina a través del informe y su presentación, ha realizado manifestaciones que nos vemos obligados a desmentir categóricamente.

Ante estas insólitas críticas a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición democrática, a los medios, a la existencia de una supuesta “lawfare”, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una “detención arbitraria” de la condenada señora Milagro Sala, ponemos en su conocimiento lo siguiente:

Este informe y declaraciones efectuadas por el Secretario de Derechos Humanos de nuestro país, Horacio Pietragalla, tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia frente, no solo con la condena a la actual Vicepresidente de Argentina, Cristina Ferrnández de Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes.

En ese sentido, quisiéramos expresar que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la justicia para lograr su impunidad.

Por otra parte, repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales.

Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta “lawfare” utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administracion de gobierno.

El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción.

Asimismo, frente la supuesta condena al discurso de odio, pretende silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libre expresión para evitar que estos hechos de corrupción tomen estado público, acusando a periodistas de difundir noticias falsas que sólo reproducen la realidad.

Por otra parte, denostan con una dura retórica a los que ellos denominan “grupos económicos concentrados” cuando las medidas económicas del gobierno hacen cada día más difícil lograr el progreso y desarrollo de las empresas argentinas. Sólo basta mencionar que este año pasado hemos alcanzado cerca del 100 % de inflación anual.

Además, en la presentación del Secretario Pietragalla, se hace mención a que " el Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Al respecto, cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 15 de diciembre, dejó firme su condena de 13 años por una probada asociación ilícita y defraudación al Estado por más de 60 millones de dólares. Ello, sin perjuicio de otras causas judiciales por otros delitos que continúan en su debido proceso.

Por estas razones y a los efectos de presentar la verdad de los hechos, es que nos dirigimos a señor Alto Comisionado con el propósito de que, por su intermedio, puedan conocerse las verdaderas razones que impulsan a las autoridades nacionales, no sólo a denostar a la oposición y a otros sectores en el ámbito doméstico sino que ahora ha decidido hacerlo, sin medir los alcances del daño a nuestra imagen en el mundo, ante la comunidad internacional en su conjunto.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para reiterarle al señor Alto Comisionado, las expresiones de nuestra más distinguida consideración.

LA NACION

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