Avanza el proceso contra la fiscal Cecilia Goyeneche, mientras la política entrerriana toma distancia

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, pelea contrarreloj para evitar que la destituyan. Al Tribunal de Enjuiciamiento le quedan dos semanas para dictar un fallo y los jurados ya empezaron a votar. Ella está convencida de que preparan una sentencia en su contra. Apuesta a ganar tiempo. Si no la echan antes de fin de mes, ya no podrán hacerlo. Ayer, sábado, consiguió un fallo inesperado en su favor. No se sabe todavía si le alcanzará para cambiar su suerte.

Se trata de la decisión de una camarista entrerriana que interpretó que la última sentencia de la Corte reactivó un viejo fallo que le había dado la razón a Goyeneche y había sostenido que estuvo mal nombrado su acusador. Mañana por la mañana se reunirán todos los jurados para decidir qué efecto le asignan. Uno de ellos adelantó a LA NACION que como “la intervención del fiscal en este caso ya pasó”, podrían seguir adelante y dictar su veredicto. Es el último capítulo en una novela político-judicial cada vez más intrincada y de final abierto.

Este caso desafía a todos los actores del poder entrerriano. Goyeneche acusó al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de ser el artífice de la maniobra para sacarla y al gobierno de Gustavo Bordet de empujar el jury para “garantizar la impunidad” de políticos a los que ella investigó, con el condenado Sergio Urribarri a la cabeza, pero también “de los que puedan ser investigados a futuro”.

Con el argumento de que no debe intervenir en un juicio en trámite, la política local intenta tomar distancia de un caso sensible para todos. “No opinamos para no interferir en las decisiones del jury, que funciona hace muchísimos años muy bien en Entre Ríos”, dijo a LA NACION Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia de Bordet.

Según ella, es “impensado” que su gobierno esté detrás de este proceso cuando los denunciantes de la fiscal son dos radicales que “siempre denunciaron al peronismo”, incluido Urribarri. “Tampoco dijimos nada de la sentencia de Urribarri. No salió ningún comunicado de apoyo ni nada. Las sentencias se respetan. Sean a favor o en contra”, afirmó Romero. En Paraná hay quienes leen distinto ese silencio y creen que las desventuras judiciales de Urribarri tienen un costado positivo para Bordet en la interna del PJ entrerriano.

El gobierno provincial sí interviene en este proceso. El amparo de Goyeneche por el fiscal “ad hoc” es contra el estado provincial, que a través del fiscal de Estado litigó en contra del planteo de ella.

Con el caso estallado, Rogelio Frigerio, líder de la oposición desde que sacó 54% en las últimas elecciones (ganó en 16 de los 17 departamentos), hizo una defensa de Goyeneche básicamente formal. No se embanderó detrás de ella. Sí reclamó que se le garantizara un juicio justo y transparente. Frigerio cuida muy bien sus palabras cuando habla de este caso; en Juntos por el Cambio Entre Ríos hay opiniones encontradas sobre la fiscal. Lo más lejos que llegó fue un tuit en el que dijo, después de que intervino la Corte, que “ningún fiscal del país debe sufrir persecuciones por hacer su trabajo” y que veía “con preocupación esta situación por la gravedad institucional que representa”.

En diálogo con LA NACION, Frigerio sostuvo que “la política no se tiene que meter en el fondo de las causas de la Justicia”. Y afirmó: “La pelea real por la república implica que a veces nos mordamos la lengua y no nos metamos en otro poder”.

En rigor, el Jurado de Enjuiciamiento no es la Justicia; es un órgano de la constitución provincial formado por jueces, legisladores y representantes de los abogados.

Quienes sí respaldaron sin matices a Goyeneche fueron los halcones de Pro. El primer llamado de apoyo que recibió fue el de Waldo Wolff. Y Patricia Bullrich pidió más fiscales como ella, “que con coraje y valentía enfrenten sin miedo a la corrupción”.

Goyeneche está acusada de no haberse excusado en un caso en el que uno de los acusados era muy amigo de su marido y compartía con ella la propiedad de dos departamentos. Ella dice que, en realidad, la persiguen por haber investigado “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia”, que no es la de la condena del exgobernador Urribarri, es un caso todavía más escandaloso: una estafa a las arcas públicas, durante más de diez años, de más de 50 millones de dólares con contratos falsos de empleados de la Legislatura.

La fiscalía pidió la elevación a juicio de la primera parte de esta causa, con 32 imputados (la lista incluye a funcionarios de segunda línea y al cuñado de Urribarri). El caso, hasta el momento, no escaló más arriba. Y ahora lleva un año frenado por una insólita pelea de competencia entre dos jueces.

Un dato sobre la actuación de la política en este caso: cuando los investigadores le pidieron a la Legislatura documentación sobre los contratos truchos, la Cámara de Diputados, que presidía Urribarri, se opuso, incluida la oposición. Solo una diputada de Pro, Ayelén Acosta, estuvo de acuerdo con acceder al pedido; su bloque votó dividido. Y en febrero de 2018, cuando ya eran públicas las causas por corrupción contra Urribarri, la Cámara de Diputados lo reeligió presidente por unanimidad.

Para Goyeneche, el Superior Tribunal de Justicia, que tiene tres miembros en el jury, la quiere destituida. En la Corte provincial no le contestan, pero su presidenta, la jueza Susana Medina, dijo a LA NACION: “El Poder Judicial de Entre Ríos es de puertas abiertas, independiente, transparente e incorruptible; con amplias facultades para el desenvolvimiento de la tarea jurisdiccional. Debe ser la provincia que más ha investigado a los funcionarios públicos. Me siento orgullosa del Poder Judicial al que pertenezco, que está siendo injustamente atacado con afirmaciones irreales y ofensivas”. Medina no integra el jury contra Goyeneche, pero deberá votar en el amparo que la Corte le ordenó resolver al Superior Tribunal, que deberá decir si el proceso, con un fiscal ad hoc, fue legal o no.

Para el procurador general, Jorge García, jefe de Goyeneche, la acusación contra ella es “una infamia” y hoy existen “dificultades insólitas” en Entre Ríos, que antes no existían, para investigar la corrupción. Esas dificultades, según él, no vienen del gobierno de Bordet sino de sectores cercanos a Urribarri; en el Poder Judicial, él traza una diferencia entre los jueces nuevos, que llegaron por concurso, y quienes no, como los que ocupan “los cargos más altos”.

Como si le faltara algo a esta historia, el viernes llegó a la Corte entrerriana una carta del Papa. Le escribió a Medina, para felicitarla por el programa La Justicia va a los barrios. “Le auguro un fecundo tiempo”, dice la carta de Francisco, que aterrizó en medio del caos.