La fiscalía acusó a exdirectivos de Vicentin de haberse llevado de la empresa casi 1000 millones de pesos
Les imputan haber usado dinero de la agroexportadora para gastos personales, como el pago de honorarios de abogados y viajes en avión; piden que queden en prisión preventiva por 120 días
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
“Entre diciembre de 2019 y fines de 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044″, señaló fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, en alusión a exdirectivos de Vicentin.
Narvaja apuntó contra cuatro acusados que están detenidos -los exdirectivos Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua- y pidió que todos ellos queden en prisión preventiva por 120 días.
La extensa acusación del fiscal sostuvo que los exejecutivos de Vicentin continuaron con el manejo de la empresa, que cayó en default en diciembre de 2019, y usaron fondos de la compañía en medio de un complejo concurso de acreedores para costear gastos personales, como el pago de los honorarios de los abogados. Ese dinero, según detalló el funcionario, salió de las cajas de empresas satélites de Vicentin, como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton, entre otras.
También, según los acusadores, los exejecutivos de la agroexportadora usaron fondos de las empresas del grupo para pagar el seguro de caución (fianza) que tuvieron que contratar con Sancor Seguros para evitar quedar detenidos cuando fueron imputados en la primera parte de esta causa por estafa que se inició en 2020. En concreto, de acuerdo con los documentos, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal.
Tras dos días de audiencias, este viernes los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Nicolás Fopiani y Valeria Pedrana recibieron un pedido de 120 días de prisión preventiva para los máximos responsables de Vicentin. Si lo aceptan, Buyatti, Macua, Gazze y Scarel seguirán presos. Los otros 15 imputados cumplirán prisión preventiva, pero a todos se les pidieron fianzas elevadas, que suman 150.000.000 de dólares.
Lo que señalaron en audiencia los fiscales es que este agrupamiento criminal -como definió a los 15 acusados- persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019, cuando se declaró el default de Vicentin, y fines de 2024, con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos. Las sociedades afectadas en su patrimonio con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa -según los fiscales- fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
La audiencia imputativa arrancó el jueves, de manera bastante caótica, cerca de las 15 y siguió hasta el viernes a la tarde. Los fiscales Narvaja y Miguel Moreno expusieron un cuadro de situación del pasado reciente y el presente de Vicentin. Describieron además la injerencia que tuvieron en el derrumbe los exdirectivos de la firma.
Vicentin atraviesa una situación crítica. No sólo no tiene el dinero para pagar los sueldos de más de 2000 empleados que tiene en las plantas de Ricardone y San Lorenzo, sino que carga con una deuda postconcursal de 5000 millones de pesos y desde el viernes pasado sumó otro problema, con los cuatro exdirectivos de la empresa que están detenidos. Por eso, la importancia de la audiencia de este jueves.
Las detenciones se hicieron a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos, donde desde 2020 hay una investigación abierta contra la mesa ejecutiva que gerenció la empresa que nació en Avellaneda, en el norte de Santa Fe. La causa es por estafa y asociación ilícita. A fines del año pasado, el fiscal Miguel Moreno pidió penas de hasta 17 años de prisión para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. El mayo de 2023, cuando la fiscalía imputó a estos ejecutivos, planteó que conformaron una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran “defraudación”, “estafas” y “administración infiel”.
Este nuevo capítulo surgió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes.
La Justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos de directivos de la agroexportadora para gastos personales. Además del pago de honorarios a abogados, se detectó que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía. Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información. “Los datos estaban en el expediente. Lo que hicimos nosotros fue detectar una serie de irregularidades en desmedro de la empresa”, afirmó a LA NACION una fuente ligada a una de las familias fundadoras.
Las detenciones coincidieron con un momento en el que el foco de atención estaba en Omar Scarel, expresidente de Vicentin, a quien el extitular de ARCA Carlos Vaudagna nombró en su declaración como arrepentido. Narvaja le ganó de mano a los fiscales federales -entre ellos, Roberto Salum, de Reconquista- que investigan la relación tóxica que tenía Vaudagna con Scarel y los favores que le había hecho a la agroexportadora con la liquidación de impuestos.
En su declaración ante la justicia federal, Vaudagna admitió que benefició a la empresa cerealera que entró en default en 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
El exjefe de la AFIP también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de ARCA que estaban a cargo en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentin. La maniobra de Vaudagna, según él mismo admitió, fue para evitar que fueran impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la ex-AFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la empresa.
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