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En un país cada vez más fragmentado y en una situación social que describió como “desesperamte”, la Iglesia denunció el “agravamiento de la pandemia de las drogas y las adicciones” en el año y medio que lleva la emergencia del coronavirus.
El dramático escenario social está graficado en el documento “Drogas y adicciones: un obstáculo para el desarrollo humano integral”, presentado por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que coordina el padre José María Di Paola -conocido como el Padre Pepe-, junto con Cáritas Argentina y la Familia Grande Hogar de Cristo, que reúne a los centros barriales que buscan dar respuestas a situaciones extremas de vulnerabilidad.
“¿Qué silencios cómplices contribuyeron a que las drogas y las adicciones sean hoy la otra pandemia silenciada?”, se preguntaron los representantes y organizaciones de la Iglesia al presentar el documento.
Al reclamar un abordaje integral del problema, el padre Pepe advirtió que “hay una necesidad de que toda la política en la Argentina y en América Latina miren este tema”.
Hubo, además, críticas, a las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. “Con las restricciones de todo orden generadas por la pandemia de Covid-19 y las medidas políticas que se implementaron para abordarla, quedaron huérfanos nuestros barrios”, advirtieron las voces de la Iglesia en la declaración presentada por Zoom.
Esta mirada de la Iglesia, basada más en un análisis cualitativo que cuantitativo, se suma al reciente informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), que evaluó el impacto de la pandemia y concluyó que solo el 29,8% de los chicos tuvo acceso el año pasado a clases remotas por plataformas virtuales. En el sector bajo marginal, esa proporción fue apenas del 11,3 por ciento.
“Por sobre todo –añade el informe del Padre Pepe-, nos desvelamos por los muchos jóvenes que se encuentran sin espacios de contención, ni referentes del mundo adulto o pares con los que interactuar en los clubes, las escuelas e incluso la mayoría de nuestras Capillas que quedaron cerradas. Con alarma comprobamos que se encuentran a la intemperie no solo física sino también existencial.”
También se advirtió en el documento que “en el estado actual, el problema ya no se resuelve con trabajo y vivienda porque no existe la red de apoyo de la comunidad organizada y se vive en el desesperado “sálvese quien pueda”.
Acompañaron al padre Pepe, el sacerdote Guillermo Torre, párroco de Cristo Obrero, del barrio Mugica; Beatriz Ballario , responsable del área de Abordaje Pastoral y Comunitario de las Adicciones de Cáritas; Romina Santomingo , acompañante del Hogar Madre de Lourdes, y María Elena Acosta, referente nacional de Hogares de Cristo. Participó del Zoom el obispo de la diócesis de Merlo-Moreno, Fernando Maletti.
También sumó su adhesión, a través de un video, el arzobispo de San Juan y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), monseñor Jorge Lozano, quien animó a “recibir la vida como viene”.
Los referentes de la Iglesia llamaron a visibilizar la creciente cantidad de personas en situación de calle, cuyos derechos son vulnerados. “La calle no es un lugar para vivir, ni morir. No hay tiempos de espera, no se pueden dilatar más las respuestas”, urgieron.
“En estos años pudimos ver una Sociedad y un Estado cada vez más fragmentados en sus respuestas. Esto permite sospechar que no se comprende la complejidad y gravedad constitutiva del problema. Advertimos además que, lo que hasta el 2019 era sostenido de un hilo, hoy explotó en nuestros pueblos ante la crisis 2020/2021 y actualmente la situación social es desesperante”, dijo el padre Pepe al presentar el documento.
Entre otros efectos causados por la pandemia y a la luz de una especial preocupación expresada con frecuencia por el papa Francisco, el documento de la Iglesia advierte sobre el impacto en la población carcelaria. Sostiene que “la crisis del Covid-19 ha degradado las condiciones de vida de las personas detenidas hasta límites infrahumanos, en penales colmados y comisarías hacinadas, en las que pasan meses detenidos soportando indecibles violaciones a los derechos humanos”.
Y revela que, si bien en la Argentina no hay estadísticas oficiales, algunos indicadores señalan que el 80% de las personas privadas de la libertad presenta problemas de salud mental y adicciones, sin recibir las atenciones correspondientes.
En ese escenario, constituye para la Iglesia una fuerte preocupación la etapa posterior a la emergencia del Covid-19. “Nos inquieta la pospandemia y el aumento del HIV, la tuberculosis y otras enfermedades asociadas al consumo de paco y otras drogas dado que no hay controles ni respuesta terapéutica y claro es que las consecuencias afectarán a nuestra sociedad en su conjunto”, se advierte en el documento.
