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La intendenta de San Miguel de Tucumán denunció amenazas de muerte tras un recorte de empleados
Rossana Chahla afirmó que exfuncionarios del intendente Alfaro la intimidaron por WhatsApp; desde el 1º de diciembre, dio de baja a los trabajadores que ingresaron al municipio en el cierre de la gestión anterior; la jefa comunal le ganó la elección a la esposa del exmandatario
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LA NACION
Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, denunció que recibió amenazas después de dar de baja a los empleados municipales que su antecesor en el cargo, Germán Alfaro, incorporó sobre el final de su gestión. La jefa comunal, que pertenece a Unión por la Patria, hizo una presentación judicial y culpó por las intimidaciones a exfuncionarios de Alfaro, integrante de Juntos por el Cambio. Chahla ganó la intendencia en unas elecciones de desenlace ajustado ante Beatriz Ávila, senadora nacional y esposa de Alfaro.
“En WhatsApp dicen que me van a matar y hablan de ir a mi domicilio”, afirmó Chahla, en declaraciones al diario tucumano La Gaceta. Sostuvo que hay “concejales y legisladores que han sido elegidos por el pueblo” y que “hoy quieren dar un golpe institucional”. Añadió que son “exfuncionarios que quieren alterar la paz social”.
Según el relato de la intendenta de San Miguel, las intimidaciones comenzaron a partir del 1º de diciembre, cuando por el decreto 6314, se dio de baja a todos los empleados estatales que habían ingresado a la planta transitoria o a la permanente entre el 1º de septiembre y el 27 de octubre, con Alfaro en el cierre de su mandato y la nueva mandataria ya electa.
Las elecciones en Tucumán fueron el 11 de junio y la intendencia de la capital provincial fue el botín más disputado. Durante diez días, se dirimió a quién correspondía la victoria. Finalmente, tras el escrutinio definitivo y la revisión de 204 mesas., Chahla superó por 6205 votos a Ávila.
La jefa comunal de la capital tucumana subrayó que cuenta con pruebas de las amenazas, que “ya están en manos de la fiscal”. Y abundó: “Voy aportando los datos para que se identifique a estas personas que atentan contra la paz social”.
“Llama la atención los funcionarios que actúan de esta manera”, sostuvo Chahla. Sobre el recorte en la planta de empleados, argumentó: “No estoy sacando gente para poner a los míos, sino que quiero ser justa con los que estuvieron en la calle solucionando problemas y que hoy no están reconocidos con muchos años de antigüedad”. Los despedidos serían unos 1700, según publicó La Gaceta.
