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La investigación se deriva hacia otras causas penales y llega hasta el caso Skanska
Betnaza recordó la pelea con Kirchner por negarse a pagar contribuciones
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La investigación por los cuadernos de la corrupción empieza a registrar derivaciones inesperadas en otras causas penales, que llevan del capítulo argentino del Lava Jato a una de las pesquisas más antiguas e incómodas del kirchnerismo, el caso Skanska, con su combinación explosiva de obra pública, sobreprecios, indicios de sobornos, empresarios amigos de la Casa Rosada y más.
El nuevo capítulo asociado al caso Skanska se abrió el viernes pasado, con la declaración como acusado de uno de los máximos ejecutivos de grupo Techint, Luis Betnaza, quien reconoció pagos ilegales a funcionarios kirchneristas, pero también planteó un escenario de tensión y enfrentamiento con la Casa Rosada y con el gobierno de Hugo Chávez.
Betnaza admitió que pagaron cerca de US$1 millón a funcionarios de la presidenta Cristina Kirchner para que ayudaran a destrabar en Caracas la indemnización, por US$1900 millones, adeudada por la estatización de la siderúrgica Sidor. Pero no acotó a eso su declaración. También afirmó que Techint quedó fuera de la obra pública en la Argentina por cortocircuitos que venían de antes, porque no se prestaron "al pago de sobornos y contribuciones". Y apuntó a un año en particular: 2007.
Ese año, precisó Betnaza ante el fiscal Carlos Stornelli, Techint se enfrentó con el presidente Néstor Kirchner "por una discrepancia inaceptable en la construcción de dos centrales compresoras de TGN", en alusión a Transportadora de Gas del Norte. Es decir, por el caso Skanska.
A cargo primero del entonces juez Javier López Biscayart, un tramo de la causa Skanska terminó en manos de Norberto Oyarbide, cuando pareció extinguirse. Pero tras su apartamiento y el cambio de gobierno, el juez Sebastián Casanello procesó, en noviembre de 2017, al exministro de Planificación Julio De Vido, a su exsecretario de Obras Públicas José López, a ejecutivos locales de la multinacional y a responsables de las facturas truchas.
Casanello también avanzó sobre las plantas compresoras a las que aludió Betnaza, en las que participaron Skanska y las empresas Contreras Hermanos y BTU, de Carlos Mundín, detenido por los cuadernos de la corrupción y señalado por los exejecutivos de Odebrecht devenidos delatores como uno de los empresarios más cercanos a De Vido.
Uno de ellos, Marcio Faria, aportó otros detalles. Habló de sobornos a funcionarios argentinos por US$25 millones en el proyecto para la extensión de las redes troncales de gasoductos, en el que participaron Contreras Hermanos y BTU.Casanello, en tanto, tras consignar que la construcción de esas plantas compresoras se definió a través de un concurso privado, "de menor transparencia y rigurosidad que el proceso de licitación pública", dictó los procesamientos y abrió juego por dos caminos distintos.
Por un lado, remitió a La Pampa el tramo de la pesquisa que incluía grabaciones del entonces auditor interno de Skanska a un ejecutivo de la multinacional, que aludió al presunto pago de sobornos en esa provincia, con valijas que consolidaban dos ejecutivos de Techint, Carlos Bacher y Héctor Zabaleta, otro de los ejecutivos que se convirtieron en arrepentidos en los cuadernos. Por otro lado, Casanello remitió un segundo tramo del caso Skanska al fiscal que también se aboca a esa pesquisa, Stornelli, quien ahora podría ahondar con Betnaza en busca de eventuales datos adicionales.
En Techint reafirmaron ayer el testimonio de Betnaza y su énfasis sobre los sobreprecios detectados en la construcción de las tres plantas compresoras. "Tras evaluar las ofertas recibidas e intentar infructuosamente una reducción de los precios ofertados, TGN recomendó por escrito a las autoridades declarar desierto el concurso, en atención a los significativos desvíos respecto del presupuesto elaborado por TGN (+152%), desvíos para los cuales TGN no encontraba una explicación técnica ni económica", indicaron. "Sin embargo, invocando razones de urgencia, el Enargas ordenó adjudicar las obras de ampliación de cada una de las tres plantas mencionadas a las firmas BTU, Contreras Hermanos y Skanska", lo que derivó en la investigación penal. "TGN pudo acreditar no solo que era ajena a cualquier conducta ilícita -remarcaron en Techint-, sino también que había alertado a las autoridades de la existencia de sobreprecios injustificados".
