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La jueza Servini anuló la intervención del PJ de Salta que había ordenado Cristina Kirchner
La magistrada consideró que no es un “fundamento suficiente” que diputados del peronismo salteño hayan votado leyes de Milei, como se argumentó para desplazar a las autoridades; los encargados de la intervención eran Sergio Berni y María Luz Alonso
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
La jueza federal con competencia electoral nacional María Servini anuló este martes la intervención del Partido Justicialista de Salta, definida en febrero por el PJ nacional, que conduce Cristina Kirchner. La estructura fue intervenida por el apoyo de diputados justicialistas de la provincia a iniciativas del presidente Javier Milei en el Congreso, pero la jueza consideró que esas posturas no son “fundamento suficiente” para remover a las autoridades.
Al frente de la intervención estaban dos personas de estrecha confianza de Cristina: el exsecretario de Seguridad nacional Sergio Berni y la exsecretaria administrativa del Senado María Luz Alonso. La decisión trascendió horas antes del inicio del congreso del PJ, que se realizó este martes por la tarde, vía Zoom, con Gildo Insfrán al frente. En el orden del día de esa reunión estaba incluida la intervención del peronismo salteño. El congreso partidario ratificó la intervención y los apoderados del PJ nacional apelarán la decisión de la magistrada.
En su fallo, al que accedió LA NACION, Servini indicó que “los argumentos esgrimidos por la autoridad nacional no constituyen una fundamentación razonable de la decisión de intervenir el distrito, al carecer de elementos concretos que justifiquen una medida de esa naturaleza y revelan únicamente la diferencia de criterios entre la entidad distrital y la nacional, en relación a la acción política del partido”.
La jueza repasó que la decisión de intervenir el PJ salteño la tomó el consejo partidario y no el congreso justicialista, que es el “órgano natural al que corresponde adoptar esa medida”, y mencionó uno de los fundamentos del consejo para separar a las autoridades del PJ salteño y designar los interventores. “Algunos legisladores nacionales del Partido Justicialista del distrito Salta, siendo ellos autoridad partidaria de ese distrito, votaron favorablemente en la Cámara de Diputados de la Nación, leyes que van en contra del ideario del Partido Justicialista”, se indicó en el fallo, al citar un pasaje de la decisión de la intervención.
“La sola referencia hecha en el Acta del Consejo Nacional Federal [en la que se dispuso la intervención], a que algunos de los diputados nacionales de la provincia de Salta habrían votado en sentido diferente al que algunos de sus colegas del mismo partido, tampoco resulta fundamento suficiente para disponer la intervención de un distrito”, concluyó Servini.
El voto favorable a Milei se enmarca, según el fallo de la magistrada, en una situación que “podría suscitarse en cualquier entidad política y ante cualquier proyecto de ley, sin que dicha diferencia de criterios constituya una anormalidad en el funcionamiento de los partidos”. Por lo tanto, dictaminó: “La sola invocación de dicha causal, sumada a la inexistencia de elementos o situaciones concretas que justifiquen la intervención, tornan arbitraria dicha medida, y obligan a declarar su invalidez, al carecer de legitimidad, por no haber sido decidida conforme el requisito jurisprudencial de existencia de causa justa, lícita y necesaria”.
Los diputados salteños apuntados integran el bloque Innovación Federal y votaron a favor proyectos del Gobierno como el de creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Son Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.
El PJ salteño apoya al gobernador Gustavo Sáenz, que tiene un frente provincial propio. Pero debido a la intervención, en las elecciones del 11 de mayo el justicialismo local se presentó por fuera de la alianza de Sáenz y no obtuvo ninguna banca en la Legislatura.
Servini interpretó que en el PJ salteño no había “situaciones de conflicto que no cuenten con posibilidad de solución”, ni “anormalidades institucionales que pongan en peligro la existencia del partido, o un marco de desgobierno que genere anarquía en el desarrollo de su vida interna, ni situaciones de acefalía, o de incumplimiento de obligaciones legales”.
Antonio Hucena, secretario general del partido en Salta, dijo a LA NACION que habían pedido la nulidad de la “medida arbitraria de Cristina Fernández”, porque eran “caprichosas y arbitrarias las razones”. Añadió que esperarán “que notifiquen al presidente, a los efectos que nos devuelvan el partido”.
En paralelo al recurso que interpuso el PJ de Salta, que presentó el presidente del partido antes de la intervención, Esteban Amat Lacroix, en el juzgado de Servini hay otro similar, presentado por las autoridades del PJ de Misiones, donde el partido también fue intervenido por la gestión nacional partidaria de Cristina Kirchner. Los interventores allí son el exintendente de Cañuelas Gustavo Arrieta y el concejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez. El año pasado, el PJ de Salta y el PJ de Misiones apoyaron al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en su intento fallido por enfrentar a Cristina en una interna por la presidencia del PJ nacional.
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