La Justicia exhortó a las provincias a combatir la financiación del narcotráfico de las campañas

La Cámara Nacional Electoral exhortó a los gobernadores de todo el país a coordinar esfuerzos para detectar, prevenir y sancionar el financiamiento de las campañas electorales con fondos provenientes del narcotráfico y pidieron a los jueces de todo el país que les informen sobre las causas en trámite por estos delitos donde se encuentren involucradas autoridades de un partido político, sus apoderados, candidatos o funcionarios públicos electos.

Destacaron la conveniencia de que el Congreso evalúe la posibilidad de establecer un “régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo”. Esto es así porque el control federal se aplica a las campañas nacionales, pero en las provinciales el control de financiamiento partidario es resorte de cada jurisdicción.

Los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas firmaron hoy la acordada extraordinaria N°45, en la que señalaron que la experiencia internacional señala “los intentos del narcotráfico para influir -con el financiamiento de campañas- en los comicios para cubrir cargos públicos electivos”.

Advirtieron que esta situación “suele presentar más riesgos cuando se trata de cargos locales -con algún control territorial- y que, por otra parte, aunque muchos regímenes provinciales cuentan con alguna previsión legal para la presentación de rendiciones de cuentas partidarias, suelen tratarse de exigencias de carácter formal, sin mecanismos adecuados para su efectiva auditoría y fiscalización”.

Como en no todas las provincias hay una ley especifica de control de financiamiento de los partidos políticos, la Cámara “invitó” a los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires a “coordinar esfuerzos para la prevención, detección y sanción de maniobras dirigidas a la aplicación de fondos provenientes del narcotráfico en el financiamiento de las actividades de los partidos políticos y sus campañas electorales”.

La intención de la justicia electoral es controlar -según las reglas de la ley 26.215- el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas, ya sea a nivel nacional, donde tienen jurisdicción, como prestar colaboración a nivel local.

Los jueces destacaron que hay que promover y diseñar políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico y en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas.

La Cámara solicitó información a todos los tribunales a cargo de investigaciones penales por delitos relacionados con el narcotráfico en los que se encuentren involucradas figuras de las organizaciones políticas.

Los avances que la Argentina “ha hecho en materia de transparencia y control del financiamiento político partidario deben profundizarse con lazos de cooperación entre las entidades estatales (nacionales, provinciales y municipales) con las que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito.

Los camaristas dijeron que es conveniente que el Congreso establezca una ley con un mecanismo de control de financiamiento unificado y propusieron que -hasta que ello ocurra- todos los poderes ejecutivos provinciales y el de la Ciudad hagan “acuerdos interjurisdiccionales e impulsen acciones legislativas, operativas y de cooperación, para el adecuado control del financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales”. Y que se tenga en cuenta la coordinación de “los esfuerzos de las autoridades competentes en los distintos órdenes jurisdiccionales”.

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