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La Justicia intimó al Enacom a que tome medidas para evitar nuevos hackeos
La jueza María Servini reclamó que el organismo oficial actúe para prevenir la sustitución pirata de tarjetas SIM que permite hacerse del contenido de un teléfono ajeno, como habría sucedido con el de Marcelo D’Alessandro
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La jueza federal María Servini requirió al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que adopte las medidas que sean necesarias para dificultar y en lo posible impedir el hackeo de los teléfonos celulares a través de la sustitución pirata de las tarjetas SIM –conocido como SIM Swap-, que llevó a los últimos episodios de espionaje ilegal.
Servini ordenó ese requerimiento en los días previos al inicio de la feria judicial, cuando ya habían ocurrido los hackeos a los teléfonos del diputado nacional Diego Santilli, del operador Daniel Angelici y de otros políticos, y la filtración del presunto contenido del teléfono móvil del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Desde el Enacom indicaron a LA NACION que ya contactaron a Movistar para requerirle información específica sobre cómo es su procedimiento para cambiar las tarjetas SIM, sus sistemas de alarmas ante posibles fraudes y sus medidas de resguardo. También anticiparon que ultiman una resolución para implementar un sistema de biometría que permita validar la identidad de los usuarios de telefonía móvil.
La magistrada ofició al Enacom tras admitir el requerimiento del fiscal federal Federico Delgado, quien durante las semanas previas había investigado cómo fue el hackeo que sufrió Santilli, también a través de un SIM Swap, con escalas en la ciudad de Buenos Aires y en Misiones.
De acuerdo a esa investigación, un atacante anónimo tomó el control del teléfono de Santilli tras ingresar a la página de Internet de Movistar, a las 14.04 del viernes 14 de octubre, y respondió cinco preguntas de resolución sencilla dado el perfil público del legislador.
Según detalló LA NACION, el atacante jamás debió acudir a una oficina de la empresa de telefonía celular ni efectuó llamado alguno de verificación ni debió corroborar su identidad. Solo debió responder “¿en cuál de las siguientes empresas trabajás o trabajaste?” (la respuesta fue un organismo público) y otros cuatro interrogantes. Estos fueron: “¿Conocés a alguna de estas personas?” (la respuesta fue alguien con su mismo apellido y el de su exmujer, Nancy Pazos), “¿En cuál de estas entidades tenés o tuviste una tarjeta de crédito?” (la respuesta fue un banco público), “¿En qué localidad vivís o viviste?” y “¿Cuál es tu categoría actual de Monotributo según tu inscripción en AFIP?”.
Ante ese cuadro de laxitud, Servini libró un oficio dirigido al titular del Enacom, Claudio Ambrosini, para informarle los hallazgos de la Fiscalía y ordenarle que “arbitre los medios necesarios para evitar que las circunstancias descriptas se repitan”. Y para más datos precisó que se refería a “cambios de SIMCARD de manera remota sin la intervención de personal de la empresa Telefónica Móviles Argentina SA [por Movistar], lo cual genera que eventualmente se cometan diversos tipos de delitos”.
El juzgado libró el oficio al Enacom el jueves 29 de diciembre –el último día hábil previo a la feria judicial de verano-, junto a una copia del dictamen de la fiscalía, que detalló cómo fue el ataque y expuso las inconsistencias y vulnerabilidades del sistema de telefonía.
“La vulnerabilidad que surge de la exposición de los hechos es fuente de comisión de diversas maniobras delictivas”, detalló Delgado. “La experiencia cotidiana muestra que a través de maniobras de este tipo se cometen estafas, se usurpan identidades, se generan fraudes de diversas características e, incluso, esta forma de activar teléfono es un medio usual en los secuestros extorsivos”.
En esa línea, la investigación de la fiscalía determinó que la distribución y venta minorista de tarjetas SIM carecía de trazabilidad, como también estableció que el ataque contra Santilli -que desde Pro extienden al “Tano” Angelici, D’Alessandro y otros- se habría producido desde la localidad misionera de Eldorado, aunque tampoco se pudo precisar la ubicación.
Desde el kirchnerismo, deslizan otras opciones. “Los indicios apuntan a un pase de factura al Pro de los agentes de la Policía de la Ciudad que pasaron a la AFI [por la Agencia Federal de Inteligencia] y que fueron abandonados a su suerte cuando salió a la luz la operatoria de espionaje ilegal”, reafirmó el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau. “No descartemos que el hackeo se haya producido con la señal provista por una antena paraguaya [de telefonía] cuyo alcance llega hasta Eldorado. De ser así, eso dificultaría aún más encontrar a los responsables”, indicó a LA NACION.
En su dictamen, en tanto, Delgado le sugirió a la jueza Servini que, de compartir su parecer, notificara al Enacom sobre sus hallazgos para que, “en su caso, se diseñen mecanismos de control que hoy están ausentes”.
Consultados por LA NACION, en el Enacom indicaron que llevan tiempo en eso. Afirmaron que trabajan junto a las empresas del sector para implementar un sistema biométrico que permita validar la identidad de los usuarios y reducir las maniobras delictivas, que incluyen desde el robo de terminales, la ingeniería social y el fraude por suscripción, entre otras modalidades en las que el SIM swap estimaron que representa el 0,05% de los casos.
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