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La ley de correos no avanza en Diputados
Caducidad: el dictámen del cuerpo sobre un nuevo régimen de activiad postal no será votado antes de 1997; al cumplir dos años se deberá elaborar uno nuevo; una historia de conflictos.
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La Cámara de Diputados está a punto de causarle a Carlos Menem otro disgusto: 1996 llega a su fin y el reclamo presidencial de aprobar antes del año nuevo la ley de correos camina rumbo al naufragio.
Varios diputados intentarán renovar sus mandatos el año próximo y resultará difícil, en 1997, lograr que voten una cuestión que trajo demasiadas controversias.
Si el proyecto no prospera antes del 31 de diciembre, caducará automáticamente su dictámen, al cumplir dos años de ingresado en la cámara. Se deberá elaborar otro y Diputados resultaría cámara de origen. "Eso sería lo de menos", relativizó el jefe del bloque del PJ, Jorge Matzkin, ocupado en proyectos más urgentes para el justicialismo.
El nuevo marco regulatorio para la actividad postal trae conflictos desde que Domingo Cavallo, en agosto de 1995, denunció "mafias enquistadas en el poder" y acusó al empresario postal Alfredo Yabrán. Fue el comienzo de su pelea con el presidente Carlos Menem.
Entonces, el Senado había dado media sanción a la privatización de Encotesa (correo estatal). Según Cavallo, ella beneficiaba a Yabrán.
Tras el marasmo, los radicales le quitaron el apoyo al proyecto que habían votado en la Cámara alta. La Comisión de Comunicaciones de Diputados, además, modificó totalmente el dictamen; se suprimió la privatización de Encotesa.
La UCR se opone ahora -presentó un despacho de minoría, de Silvia Bonomi- y en el del PJ existen unos 25 diputados que lo rechazan.
Regulaciones y requisitos
Los detractores del dictamen objetan la regulación del mercado y la alta cantidad alta de requisitos para que operen pocas empresas privadas y grandes. También desconfían de que no se fije la necesidad de un correo estatal. Encotesa sería privatizada, pero por un decreto.
El dictámen radical propone más libertades y la desregulación lisa del mercado. Además, aconseja dejar un correo estatal y público.
A sugerencia del porteño Miguel Angel Toma (PJ), se eliminaron todos los requisitos del dictámen actual (capital, flota de vehículos y al número de empleados) y se permite a las fuerzas de seguridad capturar las sacas que transporten estupefacientes para ponerlas a disposición del juez. De ese modo, sólo la Justicia las podrá abrir y examinar.
Cavallo había denunciado que la ley favorecía al narcotráfico porque prohibía revisar vehículos a las fuerzas de seguridad, sin orden previa de un juez competente.
"El proyecto, ahora, no merece mi objeción", dijo el diputado. Trascendió que Toma acordó estos cambios con el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Estado norteamericano, Robert Gelbard, quien también lo asesoró en su proyecto de ley de "antidoping" a los funcionarios.
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