La “ley pandemia” obtuvo dictamen, pero el oficialismo no podrá sancionarla hoy

A horas de que quede sin efecto el DNU firmado por Alberto Fernández, el Frente de Todos impuso su mayoría y avanzó con el proyecto de ley que le faculta al Poder Ejecutivo a imponer restricciones en todo el país y a suspender las clases presenciales, que hoy obtuvo dictamen en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud.

Sin respaldos suficientes para tratarla hoy en el recinto, el oficialismo terminó excluyendo a la iniciativa del temario de la sesión que se acordó durante la reunión de Labor Parlamentaria. Para aprobarla hoy, el Frente de Todos necesitaba los votos de tres cuartos del recinto. El proyecto deberá esperar a la próxima sesión, lo que obligará al Gobierno a emitir un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para establecer nuevas restricciones.

La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado, busca establecer una especie de “semáforo epidemiológico” para determinar las medidas y restricciones que se deben tomar en cada jurisdicción según la cantidad de contagios de Covid-19 y algunos indicadores, como la tasa de incidencia acumulada.

Con fuertes críticas al proyecto que habilita al Poder Ejecutivo a suspender las clases presenciales en aquellos distritos en situación de alarma epidemiológica, uno de los principales nudos del conflicto con Horacio Rodríguez Larreta, Juntos por el Cambio impulsó un dictamen en rechazo a la iniciativa. La diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) impulsó un dictamen propio.

Los expositores del oficialismo, entre ellos el diputado Pablo Yedlin, calificaron al proyecto de ley como “virtuoso y urgente”, y sostuvieron que este proyecto “no delega superpoderes a nadie”.

En cambio, la mayoría de las críticas provenientes de Juntos por el Cambio estuvieron basadas en la facultad que le otorga al Poder Ejecutivo este proyecto para suspender las clases presenciales. El diputado Gustavo Menna (UCR) calificó a la iniciativa como “un proyecto huérfano de bases, absolutamente contrario a la Constitución” y como una “mega delegación de atribuciones”.

Cuestionó, entre otras cosas, que no hayan sido convocados por las comisiones los integrantes de la ONG Padres Organizados. También aludió al fallo de la Corte Suprema que sostuvo que el decreto que suspendió las clases presenciales violó la autonomía de la Ciudad.

“Acá se podrá, por una cuestión de mayorías, negar la voz de los padres y los colectivos de la sociedad civil, pero no van a evitar que impugnen judicialmente en los distintos órganos judiciales en todo el país porque hay una cuestión concreta, una vulneración de derechos de las personas a la educación y una norma dictada por un órgano absolutamente incompetente”, agregó Menna.

La oposición calificó al proyecto como una “megadelegación de atribuciones: [la ley] solamente puede ser fuente de excesos, de autoritarismos y violencia institucional”, planteó la diputada de PRO Silvia Lospennato.

Con su característica vehemencia, Camaño dijo que el proyecto tiene “falencias constitucionales” y que no está dispuesta a votarlo. Y, en alusión y con reproches a la grieta política, dijo: “¿Cómo no vamos a poder buscar los acuerdos mínimos para que una sociedad dolorida y doliente deje de ver el triste espectáculo de la política, para ver, como se dice en la vulgaridad, quién es el que la tiene más larga? Yo les pido por favor que tengamos la capacidad de rever lo que se está haciendo mal por parte del Poder Ejecutivo y por parte de la oposición”.

El dictamen mayoritario del Frente de Todos obtuvo 36 firmas, entre las cuales está la de Eduardo Bali Bucca, en disidencia parcial. En minoría, el dictamen de Juntos por el Cambio consiguió 32 firmas, y el dictamen Graciela Camaño lleva solo su firma.

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