Larreta evaluó con su mesa chica la nueva filtración de chats de Marcelo D’Alessandro y por ahora sostiene a su ministro de Seguridad
El jefe de gobierno porteño se reunió vía Zoom con Felipe Miguel y Fernando Straface para analizar el material; “No se planteó la salida de Marcelo”, afirman desde la Ciudad
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![Crece la preocupación en el gobierno porteño por los chats filtrados y la denuncia por el viaje a Lago Escondido](https://www.lanacion.com.ar/resizer/v2/crece-la-preocupacion-en-el-gobierno-porteno-por-VA3GYWWZUFA37JGIEW5D4O4J5I.jpg?auth=f2bd46927d5877e3c4c136a1e5447c50a35092255bb1dc5d578224f021651f43&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó esta mañana una reunión de urgencia vía Zoom para evaluar la nueva filtración de chats privados -obtenidos ilegalmente- de su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro. Tras el encuentro con su mesa chica, el alcalde definió que sostendrá por ahora al funcionario en su cargo, quien en las próximas horas saldrá a rechazar en público el contenido de las supuestas conversaciones con Silvio Robles, uno de los principales asesores de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el empresario Marcelo Violante, de las compañías Dakota y BRD que tenía la concesión del servicio de acarreo.
Larreta coordinó con sus principales colaboradores la estrategia de defensa de D’Alessandro. La denuncia contra su ministro de Seguridad y Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, por el polémico viaje de funcionarios judiciales y directivos de Clarín a la estancia Lago Escondido, preocupa a su círculo de confianza.
En la cúpula del gobierno porteño insisten en que los presuntos chats del ministro de Seguridad son falsos o están “adulterados”, como sostiene D’Alessandro, y que el funcionario es víctima de una “operación del kirchnerismo”. “Es una infamia. Es el mismo modus operandi que usaron con Francisco De Narváez y Enrique Olivera”, apuntaron cerca del jefe porteño, quien se encuentra en Villa La Angostura, donde se tomará unos días de descanso. Vinculan la presión del Frente de Todos para desplazar al ministro de Seguridad con el fallo de la Corte Suprema que restituyó los fondos de coparticipación a la Ciudad.
Participaron de la cumbre de la mesa chica del larretismo el diputado nacional Diego Santilli, Felipe Miguel, Fernando Straface, Silvia Lospennato y Federico Di Benedetto, entre otros.
“En la reunión de esta mañana no se evaluó la salida de D’Alessandro”, afirman colaboradores del jefe porteño. Sin embargo, fuentes muy cercanas a Rodríguez Larreta aseguran que el alcalde está esperando un gesto de D’Alessandro: que dé un paso al costado para no forzar un pedido de renuncia.
Hoy, D’Alessandro negó que haya chateado con Robles, asistente de Rosatti, y acusó al kirchnerismo de utilizar los servicios de inteligencia para extorsionarlo y generar una crisis institucional. Dijo que el Frente de Todos pretende “tapar a la jefa”, en referencia a la vicepresidenta, quien fue condenada en la causa vialidad. “Quieren inventar basados en una operación de inteligencia. Esto la Argentina no lo quiere más. A las instituciones hay que respetarlas”, aseguró en diálogo con el canal Todo Noticias. En esa entrevista, el funcionario dijo que no contempla abandonar su cargo.
Además, D’alessandro denunció que “perfilaron” a sus familiares en las redes sociales.
Como consignó ayer LA NACION, la situación del ministro de Seguridad, quien junto a Juan Bautista Mahiques participó del controvertido viaje al sur del país, donde se alojaron en la estancia del británico Joe Lewis, incomoda a los armadores del proyecto presidencial de Larreta. Cuando parecía que Larreta comenzaba a capitalizar el viento en popa que le dio el fallo del máximo tribunal por la disputa de los fondos coparticipables, el kirchnerismo logró ubicar el foco nuevamente sobre la tormenta institucional que complica a D’Alessandro, quien fuera acaso uno de sus funcionarios más valorados.
![Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/marcelo-dalessandro-ministro-de-justicia-y-O7HRO532C5ABXBG7NKMSQURCVI.jpg?auth=12b6bb3e3c48159c216ba40fd92048b8a463be51f3fa7cd14d3b09f81eb0297a&width=420&height=242&quality=70&smart=true)
Según fuentes porteñas, Larreta y sus asesores analizaron la documentación que presentará D’Alessandro ante la opinión pública para defenderse. El Ministerio de Seguridad difundió un informe de la Subsecretaria de Gestión Administrativa, a cargo de Diego Perez Lorgueilleux, en el que indica que “no existen contrataciones vigentes adjudicadas a las empresas Dakota y BRD, vinculadas a Violante, que tuvo la concesión del acarreo.
Además, el ministro de Larreta exhibió la denuncia judicial que presentó el mes pasado luego de que su teléfono celular fuera hackeado. En la presentación que hizo ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que está a cargo de Daniela Dupu, D’alessandro pidió investigar si había sido víctima de un delito informático y sugirió que la Justicia no descarte que “la maniobra haya tenido por objeto el espionaje ilegal”.
Según el funcionario porteño, su celular fue hackeado el 19 de octubre, cuando participaba de la cumbre global de alcaldes C40. Ese día se quedó sin señal y luego verificó que su línea había sido sustraída, que se extendió durante casi 20 horas.
Además, D’Alessandro presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), una de las espadas judiciales de Cristina Kirchner, quien difundió imágenes de los supuestos intercambios de D’Alessandro. Según el ministro de Larreta, Tailhade había anticipado en una entrevista radial que nuevos chats saldrían a la luz.
Anoche, después de que se conocieran las presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles, mano derecha de Rosatti, el bloque de senadores del Frente de Todos emitió un comunicado para cuestionar al titular de la Corte. “El caos institucional tiene nombre y apellido: Horacio Rosatti”, indicaron. Y anticiparon que impulsarán denuncias penales “ante la posible comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de funcionario público, mal desempeño y tráfico de influencias, entre otros, a los funcionarios involucrados”.
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