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Las idas y venidas de la oficina a cargo de intervenir las llamadas
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PARA LA NACIONIván Ruiz
La decisión que tomó ayer la Corte Suprema de regular las intervenciones telefónicas es apenas un nuevo paso de un área atravesada por los vaivenes políticos y por los intereses de los servicios de inteligencia. La dependencia que se encarga de pinchar teléfonos a pedido de la Justicia ahora se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), pero siempre fue conocida como la Ojota, ese lugar con oscuras reminiscencias de operaciones realizadas por el espionaje ilegal.
El Gobierno se mostró interesado desde el principio en ordenar el tema: en diciembre de 2015, a días de asumir como presidente, Mauricio Macri le quitó por decreto el manejo de esa oficina a la entonces procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y le dio la responsabilidad de manejar la Dajudeco a la Corte con el argumento de garantizar la imparcialidad del contenido de las escuchas ordenadas por la Justicia.
Sin embargo, tres años después, las escuchas telefónicas -y sus intencionales filtraciones- continúan como un problema sin resolver.
Las escuchas de la Operación Puf, que involucran a exfuncionarios kirchneristas presos, volvieron a sacudir a la ex-Ojota por la filtración de conversaciones de manera ilegal.
La Justicia había ordenado la intervención del teléfono del penal de Ezeiza en la causa contra el denominado Rey de la Efedrina, Marcos Segovia.
Sin embargo, el contenido terminó no solo en manos del juez Federico Villena, quien tenía la causa original.
Las conversaciones también se hicieron públicas, lo que motivó críticas incluso de organismos internacionales.
El equipamiento
Desde que la Corte Suprema se hizo cargo de la Dajudeco, la oficina compró nuevos equipos para mejorar las intervenciones telefónicas y creció como nunca antes en cantidad de empleados, entre ellos decenas de familiares de jueces, como Rodolfo Canicoba Corral y Eduardo Farah, y fiscales como Eduardo Taiano y Carlos Stornelli, como reveló LA NACION el año pasado.
La Corte Suprema había pedido para este año que el Poder Ejecutivo destinara $2000 millones a la Dajudeco, cuatro veces más que en 2018. El presupuesto solicitado por la Corte Suprema para la oficina de escuchas era equivalente, aproximadamente, al 20% de los recursos totales requeridos para el funcionamiento del máximo tribunal y todas sus dependencias.
Los $2000 millones pedidos para la Dajudeco son, por caso, similares a los recursos que figuraron en el proyecto de ley de presupuesto de 2018 para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Aparecieron entonces los primeros escándalos con la filtración de distintas conversaciones que había mantenido la expresidenta Cristina Kirchner con el exfuncionario Oscar Parrilli, que motivaron tantas bromas como preocupaciones por la difusión de información confidencial.
La intervención la había ordenado el juez Ariel Lijo en el marco de la causa contra Oscar Parrilli por presunto encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.
"La filtración de las escuchas se extiende como un mensaje mafioso al sistema político", señaló el kirchnerismo mediante un comunicado, una fuerza política que también conocía cómo funcionaba la ex-Ojota bajo una fuerte intervención de la SIDE. Nunca quedó claro, de cualquier manera, cómo se filtraron los audios de la expresidenta.
Las críticas de Carrió
La diputada Elisa Carrió pidió un juicio político contra el titular de la Corte Ricardo Lorenzetti por entender que quería crear "una SIDE paralela con espías inorgánicos" con el crecimiento de la oficina de intervenciones telefónicas.
La líder de Cambiemos lo acusó, además, de estar detrás de la filtración de las conversaciones de Cristina Kirchner, pero el juicio político nunca prosperó.
En medio de la interna de la Corte Suprema, una nueva difusión de escuchas volvió a generar un problema en el máximo tribunal.
La Operación Puf reveló conversaciones de exfuncionarios kirchneristas detenidos, como Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta, días antes de la denuncia que luego se convertiría en el caso D'Alessio. Otra vez, nadie se hizo cargo de las filtraciones, que generaron un fuerte cuestionamiento de la Organización de las Naciones Unidas sobre el descontrol de los teléfonos pinchados.
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