Las penas son de nosotros

Cuando el anterior gobierno radical propuso que el Estado asumiera una deuda de U$ 700 millones de Aerolíneas Argentinas y otorgara a cambio del valor de medio avión una participación minoritaria y la gestión de la empresa a una firma europea que había elegido, con la que pretendía hacer una contratación directa, muchos pensamos que era un despropósito.

No sabíamos que poco después se haría algo peor, cuando el gobierno siguiente vendió por casi nada la empresa, cuya flota valía unos U$ 500 millones y las rutas, más de U$ 300 millones y que, además, poseía personal calificado, simuladores de vuelo de última generación y participaciones en empresas de turismo y de catering. Tampoco sabíamos que los argentinos seríamos agraciados por los compradores con un formidable e irregular endeudamiento y con un vaciamiento de activos, que llevaron al ministro Cavallo a presagiar la quiebra de la compañía ya en 1992.

Las condiciones de la licitación no deben de haber sido razonables, cuando merecieron un solo interesado, integrado por socios que, con la excepción de Iberia, que sólo poseía el 20% de las acciones, tenían patrimonios que apenas cubrían entre el 10 y el 50% de las obligaciones que asumían. ¿Cómo se iba a pagar entonces aun el bajo precio que ofertaron? Simplemente vendiendo los aviones el primer día (y pagando luego un alquiler para poder funcionar), endeudando una empresa sin pasivo por casi US$ 800 millones, pagando parte del precio en efectivo con bonos desagiados en el 50% y con deudas abultadas contra el propio Estado.

Los compradores vaciaban la empresa y la endeudaban para pagar su precio con los créditos que tomaban, perjudicando a accionistas como el Estado argentino y los trabajadores. La compañía se endeudaba al 14% con los mismos bancos españoles con los que Iberia tenía deudas al 9%; la compañía abandonaba rutas que Iberia pasaba a ocupar. Todo eso parece haber orillado el delito y el resultado es el desastre actual, en que parece que las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, como decía el cantor.

Pero no ejercemos la función pública ni la tarea política sólo para llorar sobre la leche derramada. Hay que encontrar soluciones concretas. La única salida distinta de la quiebra parece ser negociar con el gobierno español, dueño de la mayoría de Aerolíneas, una reprivatización. Debería quedar claro que lo malo no son las privatizaciones, sino la forma en que algunas se hicieron. Es necesario, como al principio, capitalizar la compañía y darle una gestión de primer nivel. Ese debe ser el objetivo del concurso al que habría que llamar junto con los españoles. Si además ellos rescatan parte de la deuda que generaron, bienvenido sea; si no, deberían asumir los resultados de su propia gestión.

Aunque esa alternativa y la posibilidad de obtener los desembolsos comprometidos por el Estado español están trabadas porque un sindicato se niega a negociar cualquier modificación en sus condiciones laborales y sugiere que los dueños de la empresa no deben manejarla más. La decisión sobre esto no corresponde a los gremios sino, eventualmente, al poder político elegido por el pueblo para dirigir, entre otras cosas, las relaciones internacionales de la Nación.

En este sentido, el Gobierno debería tener una política de transporte clara y coherente, imprescindible para llevar adelante esta negociación empresarial y política con solvencia y decisión. En ese camino contará con el apoyo de opositores constructivos como los de las fuerzas que represento, que sólo velarán por que no se haga pagar platos rotos a los usuarios, con medidas monopólicas o tarifas abusivas, ni a los trabajadores.

Por Carlos Balter

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